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SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO/GDA
Washington
Aunque se suponía que el debate ya estaba cerrado, Ecuador, secundado por sus aliados del ALBA, han logrado revivir una posible reforma a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, según entendidos, podría ser el golpe de gracia contra este órgano y su Relatoría para la Libertad de Expresión.
-Se suponía que el capítulo sobre las reformas a la CIDH y a su Relatoría para la Libertad de Expresión se había cerrado el año pasado. Pero entendemos que al parecer ha revivido y será el centro de la reunión de Cancilleres de la OEA que se celebra en Asunción ¿Qué ésta pasando?
Se está rompiendo el acuerdo que se alcanzó en marzo del 2013 en el marco de una Asamblea Extraordinaria de Cancilleres que se citó exclusivamente para cerrar la discusión de llamado proceso del fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que durante años mantuvo en vilo el mandato de la CIDH. Desde ese día, en el que fueron rechazadas las propuestas de Ecuador, todos los Estados del ALBA y otros como Argentina, vienen trabajando para que se renegocie todo lo decidido que no fue del agrado de Ecuador. Su único propósito es el de debilitar a la CIDH y liquidar a su Relatoría para la Libertad de Expresión.
El Presidente Correa no está dispuesto a tolerar que haya quedado en pie la Relatoría y no acepta el consenso al que se llegó el año pasado. Se han reunido a puerta cerrada ya en cuatro ocasiones, al margen de la OEA, para avanzar con sus planes y a ello han contribuido lamentablemente de manera activa Estados como Uruguay y Brasil.
-¿En qué se han traducido esos esfuerzos?
Han llegado al extremo de aprobar una resolución en Haití que busca generar mecanismos muy poderosos de intervención de los Estados en la CIDH y su Relatoría. Esa resolución atenta de manera directa contra la autonomía y la independencia con la que debe contar cualquier órgano de control para poder operar. El objetivo es convertirlos en entes irrelevantes, alejarlos de la OEA y volverlos inasequible para las víctimas.
En Asunción se está discutiendo una resolución, propuesta por Ecuador, que es casi idéntica a la que se aprobó en Haití, con algunas modificaciones que en realidad son de maquillaje. Por ejemplo, en un punto la resolución dice que no se afectara el presupuesto de las relatorías pero en otro prohíbe que reciban fondos directos de la cooperación internacional, con lo cual habría literalmente que cerrarlas. Esto responde a la obsesión de Ecuador contra la Relatoría de Libertad de Expresión, a la complicidad de sus aliados y a la incapacidad de otros Estados de comprender la verdadera dimensión de lo que están acordando.
La CIDH y su Relatoría para la Libertad de Expresión, al igual que la Corte Interamericana de DD:HH: son lo más rescatable de la OEA y justamente porque han sido efectivos algunos estados buscan anularlos.
-¿Qué específicamente pretenden Correa y sus aliados del ALBA?
El gran objetivo es debilitar a las únicas instituciones que no están sometidas a la voluntad de los gobiernos y no rendirle cuentas a nadie. Ya eso lo lograron en el plano interno, donde su poder es casi ilimitado. Y ahora pretenden eliminar los únicos límites al ejercicio del poder que subsisten en el campo internacional, que son los que le pone la CIDH y la Relatoría. En el caso de Correa por ejemplo, el único obstáculo frente a la censura contra los medios de comunicación es la Relatoría y eso no está dispuesto a tolerarlo. En lo específico pretenden varias cosas. Volver irrelevante la CIDH llevándosela lejos de todos los órganos políticos de la OEA que sesionan en Washington (se ha propuesto Haití). El cambio de sede le restará voz a la Comisión y hará que el acceso sea más difícil para las víctimas.
Quieren imponer un código de conducta para la Relatoría con el propósito de monitorear al que debe monitorearlos; fiscalizar al que se supone es el fiscalizador. Vuelven a pedir que el sistema se financie solo con aportes de los Estados y que mientras esto se logra no pueda haber cooperación internacional para financiar proyectos específicos como los de la Relatoría. Eso es una jugada maestra, pues la CIDH y la Relatoría dependen de fondos externos que necesariamente son direccionados a proyectos específicos, ya que los Estados de la OEA aportan muy poco. En síntesis lo que se busca es quitarle a la CIDH y a la Relatoría su capacidad para financiarse e imponerles reglas que hagan imposible su rol fiscalizador.
-¿Por qué sería grave para el Sistema Interamericano y para la Relatoría si estas reformas avanzan?
Si esto se concreta sería la mayor y más grave injerencia de los Estados en la autonomía e independencia de la CIDH y a la Relatoría le quedarían, en el mejor de los casos, unos meses de vida. La obsesión de Ecuador es transformarla en un instrumento decorativo. Quieren desmontar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
-En ocasiones anteriores, cuando se han presentado iniciativas similares, ha surgido una coalición de países que las han bloqueado. ¿Ve ahora el mismo consenso?
Hay algunos Estados que se han mantenido muy firmes pero veo que hay otros que estaban firmes y ahora están flaqueando. Eso es lo grave. Primero, no estaríamos en este punto sin el consentimiento de Brasil. Son los que le han dado luz verde a esto y no han jugado un papel importante a la hora de ponerle coto a los caprichos autoritarios de algunos gobiernos, así sus propios ciudadanos se vean afectados en sus garantías. Si ellos no quisieran que esto avanzara la discusión ni siquiera se estaría dando. Y Perú, Chile y Colombia que en peleas pasadas, finalmente, han impedido los avances de Ecuador, ahora han acompañado declaraciones como la de Haití y no han alzado su voz al menos para que se respete lo que la propia Asamblea ya acordó en 2013. Están dejando pasar frente a sus narices una situación que ya está ganando fuerza propia, lo que hace más difícil frenarla.
Hoy otros como México, Costa Rica y Panamá y algunos del Caribe como Jamaica que se han mantenido en la defensa de valores universales, pero es necesario que los otros Estados entiendan lo que está en juego y dejen de actuar como si pudieran alegremente disponer de un patrimonio que es de todos los habitantes de las Américas. El impacto negativo que todo esto tendrá a nivel regional es grande.
