Uno de los 29 detenidos por la Policía de Ecuador y España en un operativo contra miembros de la mafia albanesa, por presunto narcotráfico, el 6 de febrero de 2024. (Captura de Twitter/X @PoliciaEcuador)
Uno de los 29 detenidos por la Policía de Ecuador y España en un operativo contra miembros de la mafia albanesa, por presunto narcotráfico, el 6 de febrero de 2024. (Captura de Twitter/X @PoliciaEcuador)
Agencia EFE

Al menos 29 personas fueron detenidas este martes en un operativo simultáneo realizado en y en contra la mafia albanesa por presunto y lavado de dinero de al menos 30 millones de dólares, según un parte de la Policía Nacional ecuatoriana.

Entre los detenidos en la denominada operación ‘Pampa’ hay 18 personas en Ecuador y 11 en España de nacionalidades ecuatoriana, española, argentina, colombiana y china, por su presunta vinculación con operaciones de envío de cocaína producida en Colombia a Europa a través de su embarque en puertos de Ecuador.

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El operativo, producto de una investigación de dos años y medio, implicó el registro de 42 inmuebles, de ellos 33 en territorio ecuatoriano y nueve español, donde se incautaron un total de 22 vehículos, 8 armas, 27 teléfonos celulares y 10 dispositivos electrónicos, así como una cantidad de dinero en efecto aún por determinar.

Como parte de la investigación se lograron decomisar previamente en Ecuador y en varios países de Europa un total de 2,3 toneladas de cocaína.

De acuerdo a la Policía ecuatoriana, el líder de esta organización es el albanés Dritan Gjika, vinculado al empresario ecuatoriano Rubén Chérres, que el año pasado fue asesinado después de que se revelara una investigación policial donde se apuntaba al entramado empresarial que mantenía presuntamente con esta red de narcotráfico y lavado de dinero.

Chérres también estaba implicado en la presunta trama de corrupción en empresas públicas que tenía como aparente cabecilla a su amigo Danilo Carrera, cuñado del entonces presidente Guillermo Lasso (2021-2023) en el momento que saltó a la luz este entramado, un caso que catapultó un juicio político al mandatario en la Asamblea (Parlamento).

Según las investigaciones policiales, el albanés realizaba los pedidos de droga a los laboratorios productores de cocaína en Colombia y coordinaba en Europa la venta de la mercancía, con el apoyo de varias personas que le ayudaban al transporte de la droga hasta la frontera con Ecuador.

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Luego la droga era trasladada por carretera a varios centros de acopio en las provincias ecuatorianas de Cotopaxi, Los Ríos y Guayas donde se almacenaba en grandes cantidades antes de ser introducida en manera subrepticia en cargamentos de banano que se exportaban en buques rumbo a Bélgica, Países Bajos, Turquía y Albania.

La Policía de Ecuador sostiene que esta organización “contaba con información privilegiada sobre documentos marítimos de comercio exterior, lo cual les facilitaba la contaminación de varios contenedores semanales”.

Gracias a su perfil de empresarios exitosos, lograban ingresar a territorio ecuatoriano a través de sus empresas el dinero procedente de la venta del alcaloide en Europa”, apuntó la Policía.

Asimismo, señaló que durante el tiempo de la investigación se logró rastrear el movimiento del dinero en el sistema financiero de Ecuador, mediante varias personas naturales y jurídicas que adquirieron varios bienes muebles e inmuebles con el fin de blanquear un total de 30 millones de dólares.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un punto clave de las mafias del narcotráfico que usan sus puertos para intentar trasladar la droga especialmente a Europa y Norteamérica, los mayores consumidores.

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Para ello, las bandas del crimen organizado que operan en Ecuador han tejido nexos con los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, así como con la mafia albanesa para los envíos a Europa, según las autoridades ecuatorianas.

Desde inicios de año el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha decretado la existencia en Ecuador de un “conflicto armado interno” contra el crimen organizado, a cuyas bandas, dedicadas principalmente al narcotráfico, ha declarado como grupos terroristas tras una oleada de atentados y violencia que incluyó una serie de motines en cárceles con unos 200 rehenes que lograron ser liberados y la toma de un canal de televisión por parte de un grupo armado.

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