La crisis económica generada por la pandemia y la avalancha de ilegalidades destapadas en los últimos meses llevan a los ecuatorianos a votar este 7 de febrero por políticas que fomenten el empleo y la lucha anticorrupción.
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Sin embargo, pese a la claridad sobre los asuntos urgentes de los que se tiene que ocupar el nuevo gobierno, el porcentaje de personas que no saben por cuál de los 16 candidatos votar oscila entre el 23 y el 37 %, según las dos principales encuestadoras.
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“El votante va a tratar de resolver en las urnas el tema del desempleo, basándose en términos de su economía, ya que es uno de los principales problemas que tiene el Ecuador”, dijo a Efe César Ulloa, politólogo de la Universidad de las Américas (UDLA).
EMPLEO, LO MAS DESEADO
Y no es para menos. Datos del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC) señalan que más de medio millón de personas perdieron su trabajo tras la llegada del virus al país, debido a los confinamientos masivos y cierre de los comercios, y subió a un millón la cifra total de desempleados.
Para Luis Silva, estudiante de la Universidad Católica de Guayaquil, sin duda la falta de empleo “va a ser un factor determinante para el siguiente gobierno”, y cree que, como él, “la mayoría de los ecuatorianos” va a acercarse a las urnas con el anhelo de que esta situación mejore.
“Lamentablemente las propuestas han sido demagógicas, hay que hilar fino para que de cada propuesta de cada candidato se pueda sacar algo realizable”, lamenta.
Con él coincide la quiteña Doménica Luna, quien asegura que la mayoría de los planes de gobierno “no están sustentados”.
“No tienen un quién, para quién, cuándo y cómo lo van a hacer. Son meras propuestas que han lanzado, propuestas populistas con las que llaman a la gente a votar por ellos, pero no tienen un respaldo, no están respaldadas las propuestas”, afirma en declaraciones a Efe.
Como por ejemplo, señala Ulloa, la “incertidumbre de sacar recursos para repartir 1.000 dólares a familias, cuando el Ecuador tiene un déficit fiscal tremendo”, propuesta por uno de los candidatos.
Ecuador acumula una deuda de más de 60.000 millones de dólares, y el Gobierno ha necesitado una línea de crédito en 2020 y 2021 de 11.000 millones de dólares para tapar el agujero financiero.
LA DESIDIA DE VOTAR
Esa falta de propuestas concretas también ha alimentado el desinterés nacional en los próximos comicios.
“La gente vota con mucho hastío, mucha desidia. Vota porque tiene que votar, porque en Ecuador el voto es obligatorio, pero yo creo que hay un sector importante de la población que considera que su vida no va a cambiar mucho independientemente de quién gane”, afirma por su parte Santiago Basabe, politólogo de la FLACSO.
Uno de esos votantes hastiados es el guayaquileño Javier Méndez, quien asegura que no tiene “mucha expectativa” en que en los próximos cuatro años se produzca el cambio que el país necesita.
“Es un proceso largo y complicado y que no cambiará de inmediato, pero sí espero que el nuevo gobierno inicie abanderando la independencia de poderes y la transparencia que tanta falta hacen”, señala.
“La transparencia política va a traer estabilidad”, añade.
LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Independencia y transparencia son precisamente dos de los ingredientes esenciales para luchar contra la corrupción que durante el 2020 se destapó con fuerza en los hospitales y gobiernos locales y que provocó la indignación de todo el país, pues los contratos con sobreprecio primaban en los centros de salud mientras los médicos clamaban por insumos de protección.
Solo de marzo a diciembre, la Contraloría General del Estado envió 45 informes con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía en los que se involucra a funcionarios de centros médicos públicos y de varias instituciones locales, provinciales y nacionales por presuntos actos irregulares.
“Yo espero que el próximo presidente destierre de manera definitiva la corrupción, que es la más grande pandemia que tenemos los ecuatorianos”, afirma Italo García, un ingeniero agrónomo de la provincia costera de Manabí, quien agrega que “si no mejora la situación, el país no va a poder avanzar hacia el progreso” que todos necesitan.
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