Cristina Kirchner, la ex presidenta, actual senadora y vicepresidenta electa de Argentina, tiene un robusto frente judicial con 12 procesos y seis pedidos de prisión preventiva en su contra, estos últimos sin poder ser activados debido a que cuenta con inmunidad. Tras el resultado de las elecciones del domingo, donde su compañero de fórmula Alberto Fernández venció a Mauricio Macri, el blindaje a la peronista ha quedado reforzado.
Según explica el diario argentino “La Nación”, si como senadora ya era muy difícil que se ejecuten los pedidos de prisión preventiva en contra de Cristina, ahora como vicepresidenta electa su libertad está prácticamente asegurada debido a que el peronismo sigue siendo la fuerza mayoritaria en el Congreso.
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“La Nación” explica que un vicepresidente de Argentina no puede ser detenido sin antes ser sometido a un juicio político en el Congreso, y este proceso debe terminar con su destitución.
“La ley de Fueros, aprobada en el 2000 después del escándalo por los sobornos en el Senado, establece que en el caso del presidente o vicepresidente no alcanza solo con el desafuero (como ocurre con los legisladores), sino que estos funcionarios tienen que ser removidos de sus cargos mediante un juicio político antes de ser detenidos”, remarca “La Nación”.
En Argentina, los vicepresidentes pueden ser sometidos a juicio político por delitos cometidos durante el ejercicio de sus cargos, o por un delito fuera del cargo que ejerce.
“La Nación” detalla las etapas del juicio político, que van desde la aprobación del tema en comisión, luego la votación en el recinto, hasta el juicio político en sí mismo. Durante ese proceso, la Cámara de Diputados se transforma en el ente encargado de la acusación. Desde la llegada de la democracia a Argentina, nunca han prosperado los pedidos de juicios políticos contra presidentes y vicepresidentes.
Las cuentas pendientes
Cristina Kirchner tiene seis pedidos de prisión preventiva y 12 procesamientos en los tribunales. Solo uno ya está en la fase de juicio oral, se trata del caso conocido como Vialidad, que se reanudará el 4 de noviembre. La expresidenta está acusada de liderar una asociación ilícita que entregó obras de manera irregular al empresario Lázaro Báez, persona de confianza de su esposo Néstor Kirchner y de ella cuando gobernó Argentina.
El juez Claudio Bonadio también dictó otros dos procesamientos con prisión preventiva relacionadas con supuestas irregularidades en el otorgamiento de subsidios al transporte público.
Además, Cristina Kirchner ha sido procesada con prisión preventiva por defraudación contra la administración pública por el supuesto pago de sobreprecios en la importación de Gas Natural Licuado.
Bonadio procesó a la senadora por el supuesto “ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos históricos”, a raíz del hallazgo en su casa de documentos históricos.
Otro procesó con prisión preventiva tiene que ver con la acusación de liderar una asociación ilícita destinada a cobrar coimas a empresarios relacionados con la obra pública, por medio de un esquema vinculado al ex Ministerio de Planificación Federal.
Bonadio fue el juez que citó por primera vez a Cristina en abril del 2016 por el caso de las supuestas irregularidades en las operaciones con dólar futuro, y poco tiempo después le dispuso su primer procesamiento.
A fines del 2017, el mismo juez procesó a Cristina por el delito de traición a la patria bajo la acusación de haber promovido la impunidad de los iraníes acusados por el atentado contra la mutual judía AMIA de 1994 a través de la firma del memorando de entendimiento entre Argentina e Irán.
Los casos conocidos como Hotesur y Los Sauces están camino al juicio oral. En ambos se investigan los negocios hoteleros de la familia Kirchner con Lázaro Báez y el empresario Cristóbal López.
Los cuadernos de las coimas, uno de los casos más resonantes, también tiene designado un tribunal oral, pero todavía no hay fecha de inicio del juicio.