Tixtla. Padres y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa iniciaron hoy el boicot contra los comicios locales y federales con la quema de material electoral en el municipio de Tixtla, en el sur de México.
Un grupo se reunió a primera hora en este municipio del estado de Guerrero para visitar cada una de las casillas (mesas de votación) y pedir a los funcionarios que les entregaran las urnas donde los ciudadanos debían depositar este domingo su voto para elegir gobernador, alcalde, diputados locales y federales. Las elecciones son el primer gran test electoral para el presidente Enrique Peña Nieto pero también un examen de su estrategia para recuperar la paz en el país. El gobierno desplegó al Ejército y la Policía Federal por tierra, mar y aire para garantizar que se pueda votar en las 148.000 casillas (centros de voto) desplegadas en el país, donde los mexicanos elegirán a los 500 diputados federales (cámara baja del Congreso federal), los gobernadores de nueve de los 32 estados y casi 900 alcaldías. A pesar del operativo, en algunos puntos de los conflictivos estados sureños de Guerrero y Oaxaca se están produciendo acciones de boicot por el movimiento de maestros y otros grupos, como el de padres y compañeros de los 43 estudiantes de magisterio de la escuela de Ayotzinapa (Guerrero) desaparecidos en septiembre. El Instituto Electoral de Guerrero confirmó en Twitter que las elecciones fueron suspendidas en el pueblo de Tixtla (40.000 habitantes) después de que los padres y estudiantes impidieran desde el amanecer la instalación de las casillas. Los manifestantes, algunos de ellos encapuchados, se llevaron la papelería de al menos tres casillas y quemaron las boletas electorales de una de ellas, sin que se observara presencia de las fuerzas de seguridad. Posteriormente se enfrentaron a pedradas con un grupo de personas que llegó armado con palos para impedirles seguir con sus acciones, sin que se reportaran heridos en la refriega. Los padres de los 43 estudiantes, que desaparecieron tras ser atacados por la policía en Iguala (Guerrero), exigen al gobierno que los encuentre con vida pese a que la fiscalía concluyó -con base en la identificación de los restos de uno de los jóvenes y otras pruebas- que todos fueron asesinados y sus cuerpos incinerados por narcotraficantes. “Mientras no nos entreguen a nuestros hijos no habrá elecciones”, aseguró Pablo Hernández, padre de Miguel Ángel, uno de los desaparecidos. Guerrero y Oaxaca, focos rojos Guerrero se ha convertido en un polvorín desde el crimen de Ayotzinapa. La tarde del sábado, al menos 10 personas murieron durante un ataque armado perpetrado en Xolapa por un grupo de policías comunitarios contra una facción rival, un hecho que las autoridades atribuyeron a una pugna territorial y no a las elecciones. Pese a este clima de violencia en Guerrero, el principal objetivo del despliegue del gobierno fue el vecino Oaxaca, donde en la última semana se produjeron contundentes protestas diarias por parte de profesores de una sección disidente del sindicato nacional. Los maestros asaltaron centros de la autoridad electoral y quemaron miles de papeletas, además de bloquear un centro de distribución de gasolina que generó una escasez de combustible en la zona. El despliegue de las fuerzas federales obligó a los maestros a desalojar la mayoría de las sedes electorales pero en la mañana del domingo manifestantes irrumpieron en una veintena de casillas del estado de Oaxaca y quemaron las boletas, las urnas y las mamparas de cartón, según la policía estatal. En la turística ciudad de Oaxaca, miles de maestros participaban en una marcha para protestar contra las políticas del gobierno. La Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE), a la que pertenecen los maestros inconformes, había amenazado con boicotear las elecciones si el gobierno no deroga la reforma educativa de Peña Nieto que, según los manifestantes, les quita derechos laborales adquiridos. Test para Peña Nieto Además de las protestas magisteriales, al menos cuatro candidatos o precandidatos a cargos electivos han sido asesinados desde marzo, tres de ellos en Guerrero y otro en el vecino Michoacán, dos estados asolados por el narcotráfico. Los comicios son una prueba de fuego para Peña Nieto (2012-2018), cuyo Partido Revolucionario Institucional (PRI) se perfila para mantener la mayoría simple en la Cámara de Diputados pese a recientes escándalos de corrupción. Fuente: EFE/AFP