Estado de emergencia en Chile: 3 claves para entender el centenario conflicto mapuche

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, decidió declarar esta semana estado de emergencia en cuatro provincias ubicadas en la llamada “macrozona sur” de Chile, por “grave alteración del orden público”.

El anuncio —dado a conocer este martes 12 de octubre— se da en medio de una escalada de violencia en la “zona roja” del conflicto mapuche, entre las regiones del Biobío y La Araucanía, ubicadas a unos 600 kilómetros al sur de Santiago.

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Atentados incendiarios contra iglesias, quema de viviendas, ataques armados contra conductores en caminos rurales y la muerte tanto de mapuches como de agricultores y policías, son algunos de los graves hechos que preocupan a las autoridades chilenas.

Bajo estado de emergencia, ahora la gestión de la seguridad en el área estará a cargo de las Fuerzas Armadas del país latinoamericano durante 15 días (prorrogables por otros 15 en caso de que el mandatario decida extenderlo).

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En la práctica, esto significa que el ejército podrá hacer tareas de vigilancia y patrullaje junto a los policías, brindar apoyo tecnológico y logístico en el territorio, y controlar las reuniones sociales en lugares públicos, el tránsito y el ingreso de las personas a estas provincias.

“Son de público conocimiento los graves hechos de violencia vinculados al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado que cometen grupos armados en las provincias del Biobío, Arauco, Cautín y Malleco”, dijo Piñera al anunciar la medida.

Según cifras del gobierno, y que recoge el diario El Mercurio, este año ha habido 1.475 hechos de violencia rural en el territorio, lo que representa un 46% más de los que se registraron en el mismo período en 2020.

Así mismo, durante el 2021 ha habido 462 detenidos, lo que corresponde al 53% de los arrestos de los últimos 4 años en la zona de conflicto, de acuerdo con la administración de Piñera.

La decisión del presidente, además, viene después de que la Contraloría General de la República de Chile rechazara un decreto enviado por el gobierno a fines de septiembre que buscaba, justamente, asegurar la presencia de las Fuerzas Armadas en la zona.

Polémica decisión

La medida generó una fuerte polémica en Chile.

Mientras políticos y parlamentarios de derecha apoyaron la decisión —señalando que el gobierno “por fin” los había escuchado—, otros sectores de izquierda y agrupaciones mapuches aseguraron que la presencia del ejército solo va a incrementar el conflicto.

Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constitucional, dijo que “lo que la ciudadanía aquí necesita son soluciones políticas, soluciones en torno a llevar adelante procesos económicos que permitan superar la pobreza que afecta a las comunidades”.

Mientras, el líder mapuche Aucan Huilcamán afirmó el estado de emergencia “nos va a llevar a un callejón sin salida, porque ni los militares ni la policía en ninguna parte del mundo han establecido la paz”.

“La Macrozona Sur y el Wallmapuche necesita paz y no más militares”, agregó.

Por otra parte, desde la multigremial de La Araucanía (una entidad que promueve el desarrollo de negocios e inversión privada en la zona), señalaron que esperan que la medida “traiga paz a la región y evite nuevas agresiones, atentados y crímenes”.

En la misma línea, el presidente del Consorcio Agrícola del Sur (CAS), José Miguel Stegmeier, indicó que es una “medida concreta y correcta”.

¿Qué está pasando?

El intenso conflicto y la violencia se vive casi a diario en la zona que los mapuches, habitantes originarios de esas tierras, definen como parte de su territorio o Wallmapu.

Es la misma región donde los conquistadores españoles se vieron obligados a parlamentar ante la resistencia mapuche y donde, a mediados del siglo XIX, el Estado chileno asentó su dominio a través de las armas.

Pero ¿cuáles son las raíces y las claves para entender la conflictiva relación entre el pueblo indígena y el Estado? ¿Y qué tanto tiene que ver realmente la demanda histórica de este pueblo con el aumento de la violencia en la zona?

1. Las tierras y los intereses económicos

Desde la formación del Estado chileno en el siglo XIX, los indígenas fueron perdiendo sus terrenos, en muchos casos, a través de prácticas poco claras o directamente engañosas.

Con el tiempo, la tierra fue pasando a manos de colonos europeos, trasladados especialmente al sur a partir de 1850, a sus descendientes y, más tarde, a empresas forestales, lácteas y agrícolas de gran peso en la economía del país.

Un avance importante en el tema indígena se produjo en 1993, cuando durante el gobierno de Ricardo Lagos se aprobó una ley que aborda el problema de la tierra, uno de los puntos clave del conflicto.

Entre otras cosas, la legislación establece subsidios para adquisición y regularización de terrenos, cómo velar por la preservación y difusión del patrimonio arqueológico, histórico y cultural indígena o la implementación de programas interculturales en salud y educación, entre otros aspectos.

El problema es que, desde entonces, los gobiernos no han establecido un plan en común para enfrentar el problema mientras continúa la lucha del pueblo mapuche por sus tierras ancestrales.

Así lo aseguró Isabel Aninat, decana de la Escuela de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, ex asesora presidencial en pueblos indígenas del primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) y coautora del libro “El pueblo mapuche en el siglo XXI”.

“Todos los gobiernos, todas las campañas y comisiones desde los años 90 hasta ahora, han establecido su propio plan y propuesta, sin una mirada de continuidad”, explicó a BBC Mundo.

“Por eso tenemos demandas incumplidas hace años... Y si las analizas, entre los gobiernos de la centro izquierda y centro derecha las propuestas han sido más o menos las mismas. Pero el conflicto se agrava por, como describía (el presidente) Justin Trudeau en Canadá, esta desconfianza que se basa en promesas que quedan incumplidas una y otra vez”, dijo.

Los aspectos económicos también son un punto esencial del prolongado conflicto que se vive en Chile.

De acuerdo con la académica mapuche de la Universidad de Chile, Verónica Figueroa, “el modelo chileno descansa en la explotación de recursos naturales, y buena parte de ellos están en la Araucanía”.

Y, según sostiene el historiador Fernando Pairican, entre las demandas de los mapuches está “un equilibrio entre la producción económica y los recursos naturales, porque son finitos, agotables, y en ese ámbito, si no se regulan, a las generaciones a futuro habrá una crisis medioambiental y alimentaria”.

Pese a la gran cantidad de recursos naturales que tiene la región, según la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), La Araucanía tiene el mayor índice de pobreza del país, alcanzando un 17,4%.

2. Falta de reconocimiento y racismo

Hay una serie de razones que explican el conflicto mapuche. Y una de ellas tiene que ver con la falta de reconocimiento hacia este pueblo desde que se creó el Estado de Chile.

“Desde el principio, el Estado de Chile se construye sobre un ‘ideal’ de homogeneidad que no considera a los pueblos indígenas, olvidando nuestra cultura, nuestra lengua, nuestro sistema de representación. Y así por 200 años”, explica Figueroa.

Con una población indígena estimada en el 12,7% (más de 2 millones de personas según cifras del censo 2017), Chile, a diferencia de Argentina, Ecuador, Panamá, Perú y otros países latinoamericanos, no reconoce explícitamente la existencia de pueblos indígenas en su Constitución.

Para el abogado mapuche y doctor en sociología, Salvador Millaleo, uno de los principales problemas tiene que ver con la “exclusión política”.

“Tienes los mayores índices de pobreza, exclusión, racismo, estigmas culturales en contra de la población, y creo que la exclusión política es lo que causó todos estos problemas”, dice a BBC Mundo.

A esto se le suma la falta de conocimiento que hay entre los chilenos sobre la cultura mapuche.

“Nunca ha habido interculturalidad en Chile. Esta nación chilena sabe de indígenas lo que aprendió en alguna asignatura en el colegio, pero no estamos presentes en nada más. No nos conocen”, dice Figueroa.

“Y a eso además le sumas los prejuicios, los estereotipos, las burlas que se hacen de nuestros apellidos, la descripción de indios, salvajes, curiches. Hay un racismo escondido”, agrega.

3. Violencia

El recrudecimiento de la violencia en el territorio mapuche termina por radicalizar las posturas y el debate político en Chile.

Y, aunque muchos atentados han terminado con la detención de mapuches, lo cierto es que no se sabe con certeza cuántos de estos ataques son realmente en nombre de la causa del pueblo indígena.

Entre otras cosas por la aparición de otros fenómenos como el robo de madera de las forestales.

“Nadie tiene una información precisa. No sabemos si todos los atentados se relacionan con la causa mapuche realmente”, dice Millaleo.

Según el actual gobierno, el narcotráfico ha tenido directa relación con algunos de estos ataques.

“El gobierno alega que el narcotráfico se ha transformado en el primer motor pero no ha mostrado evidencia sobre eso (...). Existe un limbo donde uno no sabe si realmente son atentados o montajes, entonces hay una desconfianza tremenda”, afirma Millaleo.

El abogado, no obstante, asegura que estos problemas (el narcotráfico y el crimen) “parasitan” del conflicto cultural mapuche y “dificultan aún más que se resuelva el problema mayor”.

Según diversas encuestas, más del 70% de los mapuches rechazan la violencia como la vía para resolver el conflicto.

El problema -dice Millaleo- es que la vía política está “deprimida”. “Hay un deterioro de las vías políticas y un incremento de las acciones violentas”, dice.

De todas maneras, el sociólogo afirma que el actual proceso constituyente que se lleva a cabo en Chile, y donde participan activamente los pueblos indígenas, “es una nueva esperanza”.

*Este artículo contiene declaraciones e información anteriormente publicados en nuestro sitio, en un reportaje realizado por la periodista Paula Molina en agosto de 2020.

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