El mayor grupo disidente de la guerrilla FARC anunció este domingo que decidió levantarse de la mesa de negociaciones en Colombia alegando “incumplimientos” por parte del gobierno, menos de un mes después de su instalación. “Desde hoy declaramos suspendida la mesa de diálogos y la agenda pactada entre el gobierno” del izquierdista Gustavo Petro y el denominado Estado Mayor Central (EMC), conformado por rebeldes que se negaron a firmar el acuerdo de paz de 2016, informaron en un comunicado.
En el texto no precisan qué infracciones por parte de la fuerza pública o las autoridades reclaman. Solo aseguran que el “incumplimiento” del Estado ha sido “total” y que el gobierno “sigue privilegiando la visión militarista”, con operaciones en territorios en los que hace presencia el EMC.
MIRA: Gobierno de Colombia y una disidencia de las antiguas FARC acuerdan instalar una mesa de paz
Delegados de la guerrilla y de Petro habían instalado la mesa de negociaciones el 16 de octubre en Tibú, un municipio pegado a la frontera con Venezuela en el que los guerrilleros imponen sus normas.
Ese anuncio tardó varios meses más de lo esperado por las partes a inicios de año, pues acciones militares y atentados que dejaron uniformados y civiles muertos habían fracturado la confianza entre los negociadores.
Con la puesta en marcha de esa etapa de conversaciones también se dio inicio a un cese el fuego bilateral nacional por tres meses. Según el anuncio de este domingo, la tregua se mantendrá.
Ninguna fuente oficial ni militar se ha referido al anuncio del EMC.
La Fuerzas Militares informaron que unos 100 soldados que hacían labores de desminado fueron retenidos por civiles y luego liberados en el sector El Plateado, en el departamento del Cauca (suroeste).
“Se pudo evidenciar una posible instrumentación” de los captores por parte de la estructura Carlos Patiño del EMC, denunciaron en un comunicado. Los uniformados fueron evacuados en helicópteros.
Culpa
Néstor Gregorio Vera, más conocido con el alias de Iván Mordisco, fue uno de los guerrilleros de más alto rango de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que nunca quisieron hacer parte del acuerdo de 2016 y el desarme del año siguiente.
Los disidentes no estaban de acuerdo con algunos puntos pactados sobre la dejación de armas y reclamaban que las zonas que ocupaban iban a quedar a merced de otros grupos armados.
Pero expertos señalan que la razón era proteger negocios ilegales como el tráfico de cocaína y la minería irregular. En su operación han asesinado a policías y civiles, algunos con coches bomba, y amenazan a líderes comunitarios y políticos.
También aumentó su pie de fuerza. Hasta finales de 2022 tenían unos 3.500 miembros, según cifras oficiales. El ex número dos de las FARC, Iván Márquez, firmó el acuerdo pero en 2019 volvió a la clandestinidad y conformó una disidencia que no tiene el mismo poder que el EMC.
Petro le tendió a Iván Mordisco de nuevo una mano para acogerse a un acuerdo de paz y vivir en la legalidad, pero ese proceso ha estado lleno de reveses. Analistas culpan a la falta de voluntad de los guerrilleros y a la improvisación del gobierno.
Nuevo revés
Esta semana Petro recibió dos fuertes golpes para su política de “paz total”, con la que pretende desarticular todos los grupos armados del país mediante el diálogo.
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), también en conversaciones desde noviembre de 2022, confesó que secuestró al papá del futbolista internacional Luis Díaz en el departamento de La Guajira (norte).
Conocido como “Mane”, el entrenador aficionado aún está retenido cerca de la frontera con Venezuela, pese a que la organización guerrillera, la más antigua y grande del continente, aseguró que lo liberaría pronto.
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