Un campamento improvisado de migrantes venezolanos arde después de ser incendiado por manifestantes durante una marcha de protesta contra la migración ilegal en Iquique, Chile, el 25 de septiembre de 2021. (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP)
Un campamento improvisado de migrantes venezolanos arde después de ser incendiado por manifestantes durante una marcha de protesta contra la migración ilegal en Iquique, Chile, el 25 de septiembre de 2021. (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP)
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Agencia EFE

El jefe de Derechos Humanos en América del Sur, , advirtió este jueves que “las causas estructurales del malestar social siguen vigentes” cinco años después del estallido en y que existe una “profunda desigualdad en el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.

Jarab también pidió al Estado chileno en un comunicado “cumplir con su obligación de hacer justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas por sus agentes” y “seguir avanzando también en materia de verdad, reparación, memoria y garantías de no repetición”.

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Chile vivió en octubre de 2019 la mayor ola de protestas desde el fin de la dictadura militar, que comenzó como un reclamo contra el alza en el precio del boleto de metro y se convirtió en un clamor transversal por un modelo económico más justo y mayores derechos sociales.

El estallido, que derivó en dos procesos constituyentes fallidos, combinó marchas pacíficas y multitudinarias con episodios de violencia desmedida, saqueos y destrucción de mobiliario público, que dejó una treintena de muertos y miles de heridos.

La ONU y distintas organizaciones de derechos humanos acusaron a las fuerzas de seguridad de violaciones a los derechos humanos y los altos mandos policiales de entonces están siendo juzgados.

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El vandalismo y otras formas de violencia son inaceptables. Pero lo que más debe interpelarnos son las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado”, añadió Jarab en el mismo comunicado.

Chile afronta el quinto aniversario del estallido, que se conmemora el viernes, inmerso en un intenso debate entre quienes consideran que las demandas que sacaron a miles de personas a las calles siguen vigentes y quienes criminalizan las protestas y las tildan de “estallido delictual”.

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