El sistema judicial de Bolivia, un arma para perseguir a opositores del gobierno

En diciembre del 2019, la fiscalía de Bolivia emitió una orden de captura contra el expresidente Evo Morales acusándolo de haber llamado telefónicamente a una persona para que movilice a cientos de manifestantes con el fin de bloquear las carreteras de acceso a las principales ciudades e impedir el ingreso de alimentos.

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Un informe de la organización Human Rights Watch (HRW), publicado el pasado viernes, señala que existe una “injerencia política en el sistema de justicia” de Bolivia para emitir denuncias “infundadas o desproporcionadas”

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La investigación señaló que durante los casi 14 años del gobierno del ex presidente Evo Morales “la fiscalía presentó cargo contra varios de sus rivales políticos” que parecían estar motivados por “razones políticas”.

Del mismo modo, tras la salida de Morales, el gobernó interino de Jeanine Áñez “ha presionado de forma pública a fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus intereses”.

El resultado, más de 150 investigaciones penales por terrorismo contra Evo Morales y sus partidarios.

Magali Copa, abogada boliviana especialista en derecho constitucional, afirma que su país está atravesando una fuerte crisis judicial que se acentuó en el gobierno de Morales, pero que no cambió tras la salida del mismo.

La especialista señala que, si bien muchos de los casos pueden ser reales, el “tinte político” detrás de esto desestima su legalidad.

“Existe una instrumentalización de la justicia que ejercen los políticos que toman el poder. Durante el gobierno de Morales se persiguió a la oposición y ahora lo mismo. No existe una independencia judicial, ya que muchas de las decisiones están mediadas por la presión política hacia los jueces que impide una credibilidad de los procesos”, manifestó Copa a El Comercio.

Nuevas elecciones

Durante 12 días, la Central Obrera Boliviana (COB) llamó a un paro que incluía el bloqueo de carreteras en el país como respuesta a las constantes postergaciones del gobierno para fijar una fecha de los comicios presidenciales.

Finalmente, se determinó que el próximo 18 de octubre se realizarán comicios, en las que participará la actual presidenta interina, Jeanine Áñez.

María Teresa Zegada, analista político boliviana, señala que esta fragilidad institucional y en medio de una crisis social que ha polarizado el país.

“Por un lado tenemos un gobierno con varias inconsistencias a nivel judicial, por otro una fuerte disputa entre órganos del estado por un permanente bloqueo del legislativo al ejecutivo y, finalmente, una sociedad con heridas no resueltas y que se acrecentaron con acciones del gobierno actual”, señala Zegada.

El periodista boliviano Pedro Portugal señala que el gobierno actual tuvo expresiones que agudizaron el racismo latente contra el sector popular del país.

“Hicieron ver a las personas indígenas como incapaces de seguir las reglas de contención ante el coronavirus. Se les puso de ejemplo de lo que no se debe de hacer y se satirizó el uso de medicinas tradicionales”, precisó el periodista a este Diario.

Portugal manifiesta que estas declaraciones no tomaron en cuenta la precaria situación socioeconómica que existe en los sectores populares del país. “El gobierno fue un antagonista de la población indígena y ocasionó un renacimiento del movimiento socialista”, afirmó.

En ese mismo sentido, Copa asegura que cualquier movimiento popular que se sale a protestar es acusado de “terrorista”.

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