“No puede haber una prevalencia del Ejecutivo frente a las demás ramas del poder público”

De visita en el Perú, el también presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, se reunió con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, con quien habló de cooperación en la lucha contra los delitos transnacionales e intercambió experiencias en el combate al crimen organizado y la corrupción, entre otros.

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Si bien enfatizó que en Colombia la potestad de investigar al presidente no recae en la Fiscalía General, Barbosa instó a respetar la labor que el Ministerio Público peruano hace en las investigaciones contra el mandatario Pedro Castillo.

—La Fiscalía General de Colombia acaba de cumplir 30 años de existencia y usted ha recalcado en varias ocasiones que antes de eso no todos podían ser realmente investigados. ¿Qué tanto margen de acción tiene hoy en el país?

El trabajo de la Fiscalía General de Colombia ha permitido dignificar la justicia en tanto que antes había un Ejecutivo fortalecido, pero no una justicia fortalecida. Hoy existe un equilibrio de poderes en Colombia que nos permite sostener el Estado de Derecho y, por supuesto, trabajar indistintamente con cualquier tipo de gobierno porque la justicia tiene el mismo nivel de respetabilidad que el Ejecutivo. Hoy el balance es positivo. Hemos crecido enormemente como institución, hemos tenido estrategias muy exitosas contra el narcotráfico, la minería ilegal, los delitos del medioambiente, la corrupción, contra aquello que amenaza la seguridad ciudadana. Hacemos investigaciones rápidas, tenemos mecanismos técnicos para poder lograr efectividad en la Justica. En esencia, tenemos una fiscalía fortalecida y equilibrada.

—Sin embargo, esta es una labor que implica estar bajo riesgo en la región, donde hemos visto crímenes contra funcionarios de este sector en varios países. ¿Cómo evalúa el rol de los ministerios públicos en este contexto complicado, al que muchas veces se le suma un ambiente de polarización?

Hacer cumplir la justicia siempre implica riesgos en América Latina. Los ministerios públicos y las fiscalías y procuradurías cumplen el rol inicial de investigar hechos constitutivos de delitos en la región. Eso pone en riesgo a los funcionarios en la medida en que los poderes que normalmente participan en la estructuración de crímenes, sean poderes fácticos o poderes que están incrustados dentro del Estado, consideran incómoda la labor de un juez y de un fiscal. Tenemos que entender esos desafíos, pero saber que con esos retos se presentan también grandes oportunidades de mejora, de fortalecimiento y de unión entre los diferentes ministerios públicos, que es lo que hemos venido haciendo en América Latina. Estamos comprendiendo la realidad del otro, acompañando la labor de los diferentes fiscales y, por supuesto, construyendo protocolos de protección de nuestros fiscales en diferentes lugares de la región. Yo creo que ese es el desafío y ese reto va a generar grandes articulaciones, es parte de nuestra región.

—Usted afirma que existe un déficit democrático en Latinoamérica que perjudica la labor de los ministerios públicos en nuestros países. ¿A qué se refiere?

Yo creo que en algunos países ha habido la concepción errada de que la labor del Ejecutivo es una labor más importante que la de la rama judicial o legislativa. El equilibrio de poderes, la moderación y el diálogo democrático son fundamentales entre las diferentes ramas de un poder público. No puede existir una prevalencia del Ejecutivo frente a las demás ramas del poder público. Cuando se presenta esa circunstancia se presenta un déficit democrático que es necesario corregir.

—¿Cómo se corrige eso?

La corrección está justamente en entender que la democracia no es solamente un fenómeno electoral, sino también un fenómeno de inclusión ciudadana y de respeto a las otras ramas del poder público. Esa es la democracia material que debe ser combinada también con la democracia formal porque la democracia no puede limitarse simplemente a un cálculo aritmético el día de las elecciones.

—Usted tuvo discrepancias con el presidente Gustavo Petro durante la campaña electoral en Colombia, sobre todo por la propuesta de liberar a los jóvenes detenidos durante las protestas del año pasado. Sin embargo, limaron asperezas tras una reunión realizada hace menos de un mes. ¿Cómo se superó el impase y cuál es su evaluación de la relación entre la fiscalía y el gobierno en este momento?

Parte de la democracia está en el diálogo y en este momento creo que el diálogo con el actual mandatario es positivo. Nosotros tenemos un artículo de la Constitución que plantea que debe haber un trabajo armónico entre las ramas del poder público, siempre manteniendo la autonomía y la independencia de la fiscalía. Hemos podido trabajar muy bien durante un mes con el presidente Petro, tenemos retos inmensos desde el punto de vista de la lucha contra la criminalidad, tanto de su parte como de la mía.

Las discusiones que se plantean en una campaña electoral pues obviamente se superan rápidamente porque en este momento hay que trabajar por un país que necesitamos mejorar. Se superaron tranquilamente los desencuentros que existieron y seguimos trabajando de la mano con el gobierno en los temas en los que tenemos que trabajar y seguimos en nuestra tarea de autonomía e independencia independientemente de quien sea el grupo político que esté en este momento al mando del país.

—¿Cómo evalúa las propuestas de Petro para lograr lo que ha denominado como “paz total” y que incluye perdones y negociaciones con grupos delictivos, entre ellos el ELN?

Hasta ahora son ideas que se han venido planteando en Colombia, no ha habido una concreción aún de proyectos en el Congreso. Yo soy un amigo de la paz, ayudé a construir la jurisdicción especial de paz en el proceso de paz del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Cuando se produjo la solicitud de levantamiento de órdenes de captura a integrantes del ELN procedí a hacerlo conforme a la ley que plantea al fiscal general que lo haga.

Creo que el presidente ha buscado plantear que haya un acuerdo político con el ELN y que haya un sometimiento a la justicia de organizaciones criminales. Sobre este tema yo advierto que ese proceso de sometimiento solo se puede hacer por la justicia ordinaria, no la justicia transicional. Y se tiene que hacer con penas privativas de la libertad, con reparación para las víctimas y se tiene que hacer sobre la base de determinación o diferenciación punitiva, en la medida en que la Fiscalía General de la Nación ya tiene determinados cuáles son los delitos que han cometido personas que pertenecen a esas estructuras criminales en el país. El diálogo está planteado, es necesario para el país porque fue la propuesta que ganó en las elecciones y el fiscal general no hace otra cosa que acompañar en lo que tenga que acompañar conforme a sus competencias.

—¿Ve algún riesgo para Colombia con la implementación de esta visión?

Colombia es un país que gira en torno a dos criterios: paz y guerra. Yo lo veo como fiscal, pero también como profesor e historiador. Colombia es un país que en los últimos 50 años ha girado en torno a propuestas de ese nivel, creo que es importante intentarlo. Es parte de la política del presidente Petro y mal haría yo en oponerme o ponerle un palo en la rueda a algo que implica también una posibilidad diferente para el país.

—Se ha reunido con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. ¿Qué temas o problemas tienen Perú y Colombia en común?

Tenemos todos los temas en común. Yo no encuentro diferencias cuando me reúno con mis homólogos en América Latina. Compartimos problemas de seguridad ciudadana, ustedes tienen un problema con el Tren de Aragua en Lima, nosotros tenemos el mismo problema con esa organización criminal, que es de origen venezolano, en Bogotá. Tenemos problemas relativos a narcotráfico y microtráfico, minería ilegal, medioambiente, corrupción, en fin, hay una cantidad de temas que implican esfuerzos comunes entre las fiscalías. Ahora estamos estructurando casos conjuntos de trabajo a partir de nuestros acuerdos bilaterales que nos va a permitir unir esfuerzos. Hoy más que nunca se ha consolidado una unión de la justica en América Latina en torno a todos estos problemas. Yo siempre lo he dicho: si los criminales están hablando y están articulando, la justicia y las fiscalías tienen que hacer lo propio para no dejarse ganar espacios.

—¿Qué casos son prioritarios para la fiscalía colombiana en este momento? ¿En qué estado se encuentran las investigaciones del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien fue asesinado en Cartagena?

Estamos trabajando en muchísimos casos. El caso del fiscal paraguayo Marcelo Pecci fue muy importante porque pudimos lograr sentencia condenatoria de autores materiales. Uno de los determinadores ya está en juicio para lograr una condena. Al mismo tiempo tenemos casos que son muy relevantes vinculados a diferentes atentados que se han producido en Colombia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y reincorporados. Tenemos un caso de corrupción muy importante que priorizamos relativo a la utilización de recursos públicos en las regiones, que ha involucrado a más de 50 personas, entre ellas un senador, y la Corte Suprema de Justicia va a seguir avanzando en este caso junto con la fiscalía.

El caso de Odebrecht en Colombia también ha avanzado, tenemos menos herramientas legales que ustedes porque nosotros no podemos perseguir a personas jurídicas penalmente, pero hemos logrado 18 sentencias en ese caso, más de 50 personas involucradas, hemos logrado un retorno de casi 10 millones de dólares. En fin, tenemos muchos casos, pero lo importante también es pensar en la fiscalía no solo para las capitales, sino llevar la fiscalía a todos los territorios de Colombia, que es lo que llevo haciendo en mis casi tres años al frente de la entidad. Hemos trabajado en todo el territorio nacional y eso ha cambiado la imagen de la fiscalía en Colombia.

—En el Perú, la fiscal general inició una investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo por seis casos de presunta corrupción, que incluyen el delito de organización criminal. Esto ha generado una respuesta hostil del Ejecutivo hacia el Ministerio Público. ¿Cómo calificaría la relación entre gobierno y fiscalía en nuestro país?

Uno puede tener armonización entre los poderes públicos, pero cuando existen procesos judiciales de tal envergadura obviamente la relación entre el Ejecutivo y la justicia se fractura. En Colombia se vivieron momentos similares cuando la Corte Suprema de Justicia tomó decisiones muy duras e importantes hace 12 años frente al entorno de un gobernante. Yo creo que lo que hay hacer es respaldar a la fiscalía, respaldar el trabajo de los fiscales y de quienes hacen esta labor y estar muy atentos al desarrollo que se tiene. En la medida en que la verdad, la justicia, se haga en un país, gana el país, independientemente de las condiciones coyunturales que puedan plantearse en uno u en otro sector político. Para la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y para mí, como fiscal general y presidente de esa asociación, es fundamental el respaldo que le damos a la fiscal Benavides, al trabajo que ha venido haciendo y a la labor valerosa de sus fiscales.

—El presidente Petro no está siendo investigado. ¿Alguna figura presidencial en Colombia ha enfrentado procesos del calibre de los de Castillo?

La Fiscalía General de Colombia no tiene competencia para investigar a presidentes. Esa es una diferencia fundamental con la fiscalía peruana. En Colombia la competencia para investigar a mandatarios la tiene la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es la cámara baja del Congreso. Pero sí me viene a la memoria el caso de Ernesto Samper, que fue un presidente que tuvo que enfrentar una investigación penal en el Congreso. La situación fue compleja, por supuesto, pero es parte de las dinámicas de casa país. Yo respeto las dinámicas competenciales que tenga la fiscalía y todo lo relativo al debido proceso que también debe tener cualquier persona que está sometida a la justicia.

—¿Cómo se ven desde Colombia las crisis políticas en el Perú? ¿Qué imagen tiene el país este momento?

Yo diría que es parte de las dinámicas democráticas de nuestros países. Cuando hablamos del Perú, Colombia, Paraguay, Uruguay, Chile o cualquiera de las naciones que nos rodean siempre son países en permanente ebullición. Yo no he visto en la historia latinoamericana momentos de tranquilidad o pasividad. Es como si la ebullición hiciera parte de nuestro ADN en todos los sentidos, no solo en lo político, sino en lo económico, en lo social. Siempre estamos en una permanente crisis.

En ese sentido, creo que hay que darle tiempo a esas dinámicas, espero que el Perú pueda ir saliendo tranquilamente de sus diferentes problemas institucionales y jurídicos y que eso siga alimentando a un país que es resiliente y que, al igual que Colombia, también vivió momentos de terror y de terrorismo, que ha vivido gobiernos autoritarios, que ha tenido juzgamientos o investigaciones a presidentes y expresidentes, pero que al mismo tiempo ha tenido grandes momentos de cultura, de ciudadanía y de aporte a un continente que está en ebullición permanente.