El presidente izquierdista Gabriel Boric llegó al mando en Chile hace 10 meses apoyado en una histórica victoria electoral, con la promesa de hacer transformaciones profundas a un país que había sido sacudido por protestas sociales y la pandemia del coronavirus.
Pero su respaldo ha caído abruptamente y el rechazo se disparó en medio de errores políticos, falta de experiencia para lidiar con la administración del Estado, sorpresas electorales, el alza de la inflación y débiles resultados en preocupaciones de los ciudadanos, como el avance de la criminalidad.
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Carmen Villegas, una ama de casa de 56 años en Santiago, votó en primera y segunda vuelta por Boric en las elecciones de 2021 porque creía que era importante “darle la oportunidad a una persona joven, sin los problemas de los políticos antiguos”.
“Pero hay mucho desorden, sobre todo por la inseguridad. No sé si están haciendo algo sobre eso y si lo están haciendo, no se nota”, señaló. “Y además está todo tan caro”, lamenta.
En cambio otros partidarios le critican “inconsistencia” a Boric por tener que moderar algunas de sus posturas iniciales, como el diseñador Gastón Gómez, de 46 años. “A veces parece que está gobernando para que no se enoje la derecha”, comenta.
Según la encuesta telefónica de la firma Cadem, el apoyo a Boric cayó desde un 50% cuando asumió a un 27% esta semana, en línea con lo que mostró hace poco un sondeo mayor elaborado por el Centro de Estudios Públicos (CEP).
El rechazo llegó a 67% -la semana pasada fue de 70%- desde un 20% cuando llegó al mando, según Cadem.
Las razones que han explicado el rechazo al gobierno en los sondeos son la preocupación por la delincuencia, el manejo del orden público, la falta de experiencia para gobernar y el rumbo de la economía.
Chile, el mayor productor mundial de cobre, cerró 2022 con la mayor inflación anual en tres décadas y su economía es la única que caería este año en Sudamérica, según recientes proyecciones del Banco Mundial.
En la opinión pública también tomó fuerza el rechazo a una docena de indultos que otorgó Boric a fines del año pasado a personas condenadas por delitos cometidos durante las protestas sociales de 2019, una promesa de campaña del joven presidente de 36 años.
La controversia cerró un año marcado por el resultado del plebiscito de septiembre, cuando una contundente mayoría rechazó una propuesta constitucional redactada por una asamblea dominada por independientes y militantes de izquierda, que el gobierno consideraba clave para empujar sus reformas.
El resultado electoral obligó al presidente a reformular su gabinete. Y ahí convocó por ejemplo a Carolina Tohá, una experimentada figura de la antigua coalición de centroizquierda que gobernó durante años el país tras la caída de la dictadura, para asumir el Ministerio del Interior, encargado de la seguridad y articulación política.
Alerta para otros líderes de izquierda
Chile se prepara para iniciar en las próximas semanas un nuevo proceso constitucional, mientras el gobierno impulsa grandes reformas en el Congreso sobre pensiones e impuestos.
“El presidente va a estar bajo una tensión constante”, dijo el analista político Kenneth Bunker, quien sostiene que el presidente parece no haber recibido el mensaje “de que para las personas hay una crisis de seguridad que es prioritaria”.
“Entonces, por una parte, se ve una desconexión del presidente con eso y, por otra, se ve que hay un mal diagnóstico, una estrategia política que no existe o que es negligente, y una coalición política muy desorganizada”, añadió.
La oficina de prensa de la Presidencia no respondió a consultas de Reuters, pero el gobierno varias veces ha reconocido que ha cometido errores.
El perdón a presos del llamado estallido social no solo provocó la renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, sino también la salida del jefe de gabinete del presidente, Matías Meza-Lopehandía, su colaborador más estrecho. Además, llevó a legisladores de la oposición derechista a abandonar los avanzados diálogos con el gobierno sobre seguridad y combate al crimen.
La Cámara de Diputados incluso aprobó la creación de una comisión investigadora sobre los indultos y la propia Presidencia dijo que el mandatario no contó con toda la información a la mano cuando tomó la decisión.
Aunque en comparación a otros países latinoamericanos Chile exhibe bajas tasas de criminalidad, en el último año han aumentado los delitos violentos, secuestros y homicidios con armas de fuego, según recientes balances de las policías.
El gobierno envió a fines del año pasado al Congreso iniciativas de ley para enfrentar el crimen organizado y si bien reconoce que ha aumentado la violencia de los delitos, sostiene que está actuando y que el país “no está tomado por el crimen”, como ha dicho la ministra Tohá.
Pero la percepción de inseguridad y la violencia, sumado a las dificultades económicas y persistente incertidumbre política, han pasado la cuenta.
Según analistas, la fuerte caída en la popularidad del joven mandatario podría servir también como advertencia a otros líderes de izquierda en la región que han llegado al poder en una nueva “marea rosa”.
“La gran lección para otros izquierdistas es que gobernar es más difícil que estar en la oposición”, dijo Nicholas Watson, de la consultora Teneo en Londres.
“Y para gobernar con éxito, es necesario que haya voluntad de compromiso y una hábil gestión política del Congreso”, añadió.
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