Recién ha cumplido 20 días en el cargo, pero el mandatario de Chile, Gabriel Boric, ya enfrenta una seguidilla de protestas estudiantiles que han causado disturbios y bloqueos en las calles de Santiago. Si bien las manifestaciones no son contra el gobierno en sí, representan un indicador de cómo el líder izquierdista, surgido él mismo del movimiento de protestas, responderá a este tipo de crisis. No en vano decenas de estudiantes coreaban “Boric, escucha, únete a la lucha” cuando pasaron frente al palacio presidencial de La Moneda.
Este miércoles 30, escolares y encapuchados protagonizaron disturbios en la capital chilena, como ya lo habían hecho en los días precedentes. Estas protestas se enmarcaron en los actos conmemorativos por el “Día del Joven Combatiente”, fecha en que se recuerda a dos hermanos asesinados en 1985 por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
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Cada año estas manifestaciones vienen acompañadas de incidentes nocturnos y algunos actos de violencia en barrios de la periferia de Santiago, con barricadas, destrucción en espacios públicos y choques con la policía.
Además, los estudiantes exigen el aumento del monto que les asigna el Estado para su alimentación. La Beca de Alimentación de la Educación Superior (BAES) se fijó hace 10 años en 31.000 pesos chilenos mensuales (40 dólares) y desde entonces no se ha modificado.
El respaldo de Boric
Estas protestas han llevado la atención a la respuesta de Boric a ellas y a los incidentes, sobre todo considerando que el propio jefe de Estado encabezó hace una década las protestas de estudiantes en reclamo de educación pública, gratuita y de calidad.
El tema tiene una arista adicional vinculada al papel de las fuerzas de seguridad. El cuerpo de Carabineros está en el punto de mira desde hace años, pero sobre todo desde las manifestaciones de fines del 2019, cuando miles de chilenos salieron a las calles para protestar contra la desigualdad y fueron acusados de violaciones a los derechos humanos.
Sobre este punto, el gobierno de Boric afirmó en los últimos días que no tolerará ataques violentos y que trabajará para que la ciudadanía pueda desarrollar sus vidas con tranquilidad a través del diálogo, pero también buscando modernizar a la policía.
Para Javier Sajuria, académico chileno, profesor de Ciencia Política en Queen Mary University of London y director de la fundación Espacio Público, ha sido sorprendente ver cómo el gobierno rápidamente ha incorporado el rol del orden público en su discurso.
Explica que el del presidente no es un sector político que se haya manifestado cercano al tema del orden público, sino que más bien fue muy crítico de la acción de la policía durante las protestas del 2019 y de lo que vino hacia adelante. “En general han tenido una relación más conflictiva con el mundo de la policía y han tenido una actitud distinta a la que tuvieron sectores más conservadores respecto al orden”, dice a El Comercio.
“A mí me ha sorprendido la rapidez con la que el gobierno hizo gestos, acompañó a un carabinero que había sido objeto de ataques la semana pasada. Hablaron de la importancia del orden público, que es un discurso que no le habíamos escuchado mucho a este sector, ni al presidente. Creo que esto tiene que ver también con que están tomando un poco más en serio la gravedad de la situación en Chile”, agrega el experto en referencia a los problemas de inseguridad y orden público que se ven en el vecino del sur a una escala que no se había registrado hace mucho tiempo.
El ansiado punto de encuentro
Boric, el presidente más joven de la historia de Chile, es cercano al estallido social de fines del 2019 y ha respaldado públicamente las demandas sociales que persisten en la población. A la par, ha prometido “refundar” la Policía.
Sajuria destaca que en Chile hay un nivel de protesta alto, como se vio hace más de dos años, cuando las protestas ocurrían, primero, todos los días, y después, todas las semanas y solo pudieron ser interrumpidas por la pandemia.
“Pero los problemas que gatillaron las protestas no han terminado. Más allá de que está en curso un proceso constituyente, las principales quejas en términos de desigualdad y de desconexión de las élites no se han terminado. Entonces hay cierta expectativa por ese lado y, por tanto, yo creo que el gobierno tiene que asumir que va a haber protestas porque la bronca que tiene la gente en la calle no ha cambiado mucho”, afirma.
En ese contexto surge el reto para Boric de encontrar un punto de encuentro entre su respaldo a los manifestantes y su rol de jefe de Estado y defensor del orden nacional.
Para Sajuria, al menos desde el punto de vista simbólico, de parte del gobierno va a haber una comprensión muy distinta a la que había en el gobierno pasado, “donde la protesta era más bien criminalizada y había poca empatía respecto a la protesta en particular cuando esta tomaba algún cariz más violento”.
“En este caso es distinto, este es un gobierno que salió desde los movimientos sociales, se construyó desde ahí, entonces quizá hay una mayor simpatía con el derecho a protestar, pero yo creo que van a tratar de balancear el apoyo a la protesta como mecanismo de acción política y la mantención del orden público. Trazar esa línea es la tarea más compleja, pero probablemente donde está el objetivo del gobierno”, apunta.
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