El presidente de Chile, Gabriel Boric, habla después de una reunión con otros líderes sudamericanos en el palacio de Itamaraty en Brasilia el 30 de mayo de 2023. (Foto por EVARISTO SA / AFP).
El presidente de Chile, Gabriel Boric, habla después de una reunión con otros líderes sudamericanos en el palacio de Itamaraty en Brasilia el 30 de mayo de 2023. (Foto por EVARISTO SA / AFP).
/ EVARISTO SA
Agencia EFE

El presidente chileno, , dijo este miércoles que (1973-1990) fue “un , esencialmente antidemócrata” y que “su gobierno mató, torturó, exilió e hizo desaparecer a quienes pensaban distinto”.

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Tras las polémicas declaraciones del consejero constitucional ultraderechista Luis Silva, que defendió la gestión de Pinochet, lo calificó de “gran estadista” y pidió que “se haga una lectura ponderada de su gobierno”, Boric se refirió al exdictador a través de sus redes sociales: “Fue también corrupto y ladrón. Cobarde hasta el final hizo todo lo que estuvo a su alcance por evadir la justicia. Estadista jamás”, añadió.

El dictador chileno Augusto Pinochet. (Foto de CRIS BOURONCLE / AFP).
El dictador chileno Augusto Pinochet. (Foto de CRIS BOURONCLE / AFP).
/ CRIS BOURONCLE

Durante la mañana, la portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, también expresó la “gran preocupación” por este tipo de discursos e insistió en hacer un ejercicio de memoria, reconocer lo que sucedió en nuestra historia, no negarlo, reparar, señalar la verdad y hacer justicia”.

Silva, militante del Partido Republicano de extrema derecha y primera mayoría nacional en las elecciones constituyentes del 7 de mayo, opinó en una entrevista que “no se deben simplificar o reducir, con toda la gravedad que tiene, los 17 años [de dictadura] a las violaciones de los derechos humanos porque nos privamos de una comprensión equilibrada de nuestra historia”.

Las declaraciones de Silva abrieron una nueva polémica sobre el pasado reciente de Chile, un debate que no está cerrado en el país, y coincidieron con el anuncio de un grupo de diputados oficialistas de presentar un proyecto de ley que tipifica y sanciona el negacionismo de violaciones a los derechos humanos, incluso con penas de prisión de hasta 61 días.

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