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Río de Janeiro. Poco más de dos meses después del inicio de su segundo mandato, la presidenta brasileña Dilma Rousseff se ve debilitada por crisis múltiples y por una oposición cada vez más ruidosa, que ha convocado el domingo a una multitudinaria protesta popular en demanda de un juicio político en su contra.
La oposición justifica su demanda en base a las investigaciones del Ministerio Público sobre un supuesto desvío de miles de millones de dólares de la petrolera estatal Petrobras para pagar sobornos y financiar campañas de políticos aliados del gobierno.
La semana pasada, el Supremo Tribunal Federal (STF) autorizó investigar a 47 políticos -casi todos oficialistas-, aunque dejó en claro que no existen "indicios mínimos" de la participación de Rousseff en el escándalo.
Las investigaciones sobre la corrupción en Petrobras tuvieron el efecto adicional de dañar las relaciones de Rousseff con el centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que desde hace una década es el principal socio del Partido de los Trabajadores (PT) en el gobierno.
Entre los investigados por nexos con el escándalo en Petrobras están dos de los máximos líderes del PMDB, los presidentes de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros.
En las últimas semanas, ambos políticos dieron muestras claras de su insatisfacción con el gobierno y provocaron una serie de derrotas legislativas a Rousseff.
La pérdida de apoyo en el Congreso, por su parte, perjudica la implementación del plan de ajuste fiscal del gobierno para superar la crisis reflejada en desequilibrio de las cuentas públicas, el aumento de la inflación y el estancamiento económico.
Las medidas, que afectan incluso a los derechos laborales y contemplan una subida impositiva para los asalariados, enfrentan resistencias en el mismo seno del PT de Rousseff, ya que van por un camino similar al propuesto por el rival de la mandataria en los últimos comicios, el socialdemócrata Aécio Neves.
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ACUSAN A LOS CONSERVADORES
Pese a las críticas, el partido oficialista mantiene el apoyo a Rousseff, y sostiene que las protestas contra el gobierno se originan en los sectores conservadores y de la clase media alta que no están conformes por la derrota de Aécio Neves en las urnas y buscan el camino del "golpismo" para llegar al poder.
Esta tesis fue esgrimida por la propia mandataria, quien advirtió este lunes que la oposición busca forzar una "tercera vuelta electoral" al defender un juicio político en su contra.
Según Rousseff, tienen que existir "razones para un juicio político", que no sean la celebración de "una tercera vuelta de las elecciones".
"No es posible que en Brasil la gente no acepte la regla del juego democrático. La elección se acabó. Hubo la primera y la segunda ronda. La tercera ronda de las elecciones ... no puede ocurrir, salvo si uno quiere una ruptura democrática", enfatizó.
Los líderes de la principal fuerza de oposición al gobierno, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) del candidato derrotado a la Presidencia Aécio Neves, niegan que estén defendiendo la destitución de Rousseff a través de un juicio político.
"Sacar (del poder) a la presidenta es inútil. ¿Qué haremos después?", se preguntó el principal líder del partido, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, durante un seminario realizado este lunes en Sao Paulo.
Según Cardoso, la crisis brasileña refleja "una desmoralización simultánea de los sistemas económico y político", y en este panorama "no tiene cabida agudizar un proceso que no sabemos a qué llevará".
El temor ante las consecuencias de la crisis es creciente entre muchos analistas políticos, que expresan su preocupación por la escasa habilidad demostrada por Rousseff para hacer frente a los problemas actuales.
El columnista Mario Magalhaes, del portal UOL, por ejemplo, se manifestó hoy perplejo ante "la acumulación de errores tácticos" del gobierno, entre los cuales destacó el de haber adoptado como propio el programa económico de su rival en las últimas elecciones.
A su vez, el comentarista político Bernardo Mello Franco, del diario "Folha de Sao Paulo", advirtió hoy que "nada justifica el intento de dirigir las nuevas protestas hacia un proceso de juicio político".
Fuente: DPA
