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La Fiscalía General de Colombia abrió una investigación por presuntas escuchas ilegales a dos trabajadoras domésticas –entre ellas, una niñera– de la jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, quien, horas más tarde, echó del gobierno a la funcionaria y al embajador en Venezuela, Armando Benedetti, dos figuras clave de su gestión.
Si bien Petro dijo en un acto este viernes que “a nadie se le ha ordenado una sola interceptación telefónica”, pero que de todas maneras, “mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada y el embajador de Venezuela se retiran del Gobierno”.
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“Acusar al gobierno del cambio de interceptaciones ilegales es de tamaña irresponsabilidad. Ningún miembro del gobierno ha dado ninguna orden de interceptaciones telefónicas”, había escrito anoche Petro en su cuenta de Twitter.
Antes, consultado sobre el tema, Petro había dicho “que investiguen todo lo que quieran” y defendió la utilización de las pruebas de polígrafo, como la que usaron sobre la niñera: “Se hacen desde hace años por la seguridad de la presidencia”.
Este viernes por la mañana, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, confirmó que la funcionaria presentó su carta de renuncia apenas se desató el escándalo. “Presentar una carta de renuncia no significa reconocer ningún tipo de responsabilidad, sino asumir una actitud políticamente responsable para que el Presidente no se sienta atado si tiene que tomar una decisión”, dijo.
El caso
El jefe de la Fiscalía aseguró el jueves en rueda de prensa que el teléfono de la exniñera de los funcionarios fue interceptado “con la utilización de un informe falso” en el que la vinculaban con narcos, luego del robo de un maletín con miles de dólares en la casa de Laura Sarabia, la jefa de gabinete.
Otra empleada de la funcionaria también quedó bajo escucha, ambas señaladas de trabajar con el comandante narco conocido como Siopas en el departamento del Chocó (oeste), a más de 550 km de sus residencias en la capital.
A la niñera Marelbys Meza la sometieron además a un interrogatorio con polígrafo el 30 de enero en un edifico anexo a la sede presidencial que está siendo investigado por autoridades.
“Este caso es no solamente aberrante desde el punto de vista judicial, es un caso que nos pone de nuevo en el peor escenario histórico de Colombia que es la violación de derechos humanos”, aseveró el fiscal general, Francisco Barbosa.
De acuerdo con la Fiscalía, la policía creó dos perfiles falsos de las mujeres, vinculándolas con el grupo narco Clan del Golfo, como pretexto para que un juez local autorizara las interceptaciones a sus llamadas telefónicas, después de que desapareciera una valija con dinero de la casa de Laura Sarabia, la jefa de gabinete. Todo a espaldas de la Fiscalía, según el Ministerio Público.
“Las convierten en miembros del Clan del Golfo, las escuchan y posteriormente en la tarde como si estuviéramos con la Gestapo en Colombia, la trasladan en un carro, le hacen un polígrafo que no tiene nada que ver con seguridad nacional”, relató Barbosa.
El Clan del Golfo es la mayor banda narcotraficante de Colombia, formada a partir de los remanentes de los paramilitares de ultraderecha que operaban con ayuda de algunos miembros de la fuerza pública.
“Hoy es un día muy lamentable para el Estado de Derecho en Colombia. Hoy podemos decir con claridad que las chuzadas, las interceptaciones ilegales, han retornado a Colombia”, dijo el fiscal.
Informó, además, que en los próximos días se llamará a imputación de cargos a varios implicados en estas actuaciones ilegales, sin precisar quiénes podrían ser. Detalló que se han abierto tres líneas de investigación: una por el robo de la valija , otra por la práctica irregular de las pruebas de polígrafo y otra por las escuchas ilegales.
El caso se ha convertido en una polémica en Colombia y para el gobierno de Petro, que abanderaba el “cambio” y que prometió acabar con prácticas de escuchas ilegales que sucedieron en el gobierno de Álvaro Uribe.
Días atrás el fiscal Barbosa ya había advertido que la entidad que él dirige es la única que tiene la potestad de investigar actuaciones criminales. La legislación colombiana establece, además, que los organismos de inteligencia sólo pueden interceptar teléfonos con la autorización de un juez.
Del robo a las escuchas
Según su denuncia, se practicaron escuchas ilegales a dos colaboradoras de Sarabia después de que la jefa de gabinete denunciara el pasado 29 de enero la pérdida de un maletín con 7.000 dólares en efectivo de dentro de su casa. Lo que investiga ahora la Fiscalía es si la funcionaria, que es una persona de entera confianza del presidente con capacidad de influir en sus decisiones, abusó de su posición y utilizó el aparato de inteligencia estatal para esclarecer la desaparición del dinero.
Cuando Sarabia puso la denuncia del robo de la valija en la Fiscalía, no señaló que sus colaboradoras podrían ser sospechosas. De acuerdo con la Fiscalía, el 30 de enero, es decir un día después del robo, agentes de inteligencia de la policía habrían iniciado las escuchas ilegales a las dos mujeres.
Las revelaciones del fiscal estuvieron antecedidas por la expectativa que hay en el país por las decisiones que pueda tomar el gobierno de Gustavo Petro en las últimas horas, no sólo frente a su jefa de Gabinete, sino también en torno al embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, que tiene hoy unas marcadas diferencias con la funcionaria, a pesar de que fueron cercanos en el pasado.
Benedetti sugiere que la alta funcionaria está detrás de las escuchas ilegales pues ella misma le contó que la niñera tenía intenciones de denunciar ante los medios que se sentía perseguida. Según el embajador, Sarabia no tenía forma de saber los planes de la mujer salvo por las interceptaciones telefónicas.
El mismo Benedetti contradijo a Sarabia en cuanto al monto del dinero desaparecido, al indicar que se trata de una cantidad mucho mayor a 7.000 dólares. Serían, según su versión, 150 millones de pesos, unos 34.000 dólares. De acuerdo con la jefa de gabinete, correspondían a unos viáticos por diferentes viajes de gobierno.
El testimonio de la niñera
El pasado fin de semana, Marelbyus Meza concedió una entrevista a la revista colombiana Semana, en la que reveló detalles de unas pruebas de polígrafo que le practicaron después de la desaparición de la valija y comentó que desde entonces se sintió perseguida.
“Cuando estaba en el sótano me sentí secuestrada, aturdida, ahogada, esperando a que me hicieran el polígrafo. Me dijeron que si no colaboraba me iban a meter presa (encarcelar) y que iban a ir por mí familia”, declaró Meza.
Meza fue cuidadora de los hijos de Benedetti en junio de 2022, pero la despidieron por robo tras una prueba con polígrafo que detectó mentiras en su explicación, de acuerdo al embajador.
Benedetti fue jefe de Sarabia en el pasado y la presentó a Petro antes de que éste la contratara como jefa de gabinete, en un triángulo de poder que se está resquebrajando.
La razón por la cual Meza termina trabajando para Sarabia pese al robo en la casa de su exjefe no ha sido esclarecida.
Según versiones de prensa, Sarabia acusa a Benedetti de tenderle una trampa y chantajearla con la no publicación de la entrevista de la niñera a cambio de un ministerio.
El embajador, que trasladó a Meza en un vuelo privado a Caracas donde la niñera permaneció varios días, dice que él trataba de ayudar a Sarabia y es ella quien “está manipulando la información y esa cortina de humo que no justifica el abuso de poder, el secuestro y la intimidación”, según un mensaje en su cuenta de Twitter.
La apertura de investigaciones por parte de la Fiscalía General se da en medio de un choque institucional entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa. En una declaración reciente, el titular del Ministerio Público dijo que la política de paz del presidente Petro se había convertido en un incentivo para el crimen. También lo acusó de haber vulnerado el Estado de derecho al decir que el presidente de la República era el jefe del Fiscal.
Petro, por su parte, también ha criticado a Barbosa por supuestamente haber metido bajo el tapete investigaciones por “centenares” de asesinatos de los paramilitares en la costa caribe colombiana.
Agencias AP y AFP
