Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una de las organizaciones radicales de defensa mapuche, posando para una fotografía en Temuco, Chile, el 11 de julio de 2017. (Foto de Martin BERNETTI / AFP)
Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una de las organizaciones radicales de defensa mapuche, posando para una fotografía en Temuco, Chile, el 11 de julio de 2017. (Foto de Martin BERNETTI / AFP)
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Agencia AFP

La condenó el martes a 23 años de prisión a , el principal líder radical , por varios ataques a la policía y empresas forestales en medio de su lucha por la recuperación de “tierras ancestrales” que reivindica para los indígenas.

La sentencia fue leída en presencia de la jueza Rocío Pinilla, del tribunal penal de la ciudad de Temuco, en el sur de Chile, durante una audiencia virtual.

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Llaitul deberá cumplir 15 años de presidio como “autor de los delitos de infracción (...) de la Ley de Seguridad del Estado”, señala la sentencia.

Además, deberá pagar cinco años de cárcel por hurto y tres por atentado contra la autoridad.

Es una sentencia muy importante. Marca un precedente relevante en la persecución de las organizaciones criminales que operan en la macrozona sur”, aseguró el fiscal regional Roberto Garrido.

Recluido desde hace casi dos años en una cárcel de Concepción (sur), Llaitul, de 56 años, fue declarado culpable el 22 de abril por incitación a la violencia, usurpaciones violentas, hurto simple y atentado contra la autoridad.

Llaitul es el fundador y máximo dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

Según la ministra del Interior, Carolina Tohá, la CAM “cumplió un papel muy emblemático” como la primera agrupación, tras el regreso a la democracia en 1990, “que fue tomando el camino de la violencia como vía para hacer la reivindicación” mapuche.

Esperamos que esta sentencia ayude a dejar atrás esa etapa, y queremos decirle (…) a quienes se sienten identificados con la necesidad de un acuerdo distinto entre el Estado y el pueblo originario mapuche de Chile, que hay otras vías para conversar esas demandas, no la de la violencia, sí la del diálogo”, aseguró a los periodistas en el Congreso, en Valparaíso.

La CAM comenzó a finales de los años 1990 una campaña contra empresas forestales mediante sabotajes y quema de maquinaria y viviendas. Además, sus miembros han ocupado por la fuerza varios predios en manos de privados y se han enfrentado con la policía.

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Las acciones se han concentrado en las zonas originarias de los mapuches: Biobío, La Araucanía y Los Ríos, entre 500 y 900 km al sur de Santiago.

El 27 de abril, poco después de que Llaitul fuera declarado culpable, se produjo el crimen de tres policías cuyos cuerpos fueron incinerados en la región de Biobío.

Las autoridades no han identificado aún a los responsables del peor ataque en contra de Carabineros (policía militarizada) en los últimos años, como tampoco ninguna organización se ha atribuido su autoría.

Pedido de nulidad

Previo a que se conociera la sentencia, las autoridades redoblaron la vigilancia en la región de La Araucanía, militarizada desde hace dos años.

La defensa anunció que buscará que se declare nulo el juicio por considerar que la investigación contra el líder mapuche estuvo “direccionada” y se empleó un “testigo sin rostro”.

Héctor Llaitul ya ha pasado cerca de una década tras las rejas por porte ilegal de armas y ataques contra autoridades, entre otros delitos.

En 2017 reivindicó su lucha por “recuperar” la tierra ancestral “usurpada” a los mapuches y obtener autonomía para la mayor etnia indígena de Chile, que representa el 6,2% de los 20 millones de habitantes del país.

Disidentes de la CAM han formado otros grupos que operan en la llamada zona mapuche, como la Weichán Anka Mapu (WAM) y Resistencia Mapuche Lafkenche (RML).

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Algunos de estos grupos han sido responsabilizados de quemas de escuelas, iglesias, cortes de rutas, ataques a la policía y asesinatos.

En medio del conflicto con estos grupos, han aumentado crímenes como el robo de madera y el narcotráfico.

Alrededor de una veintena de personas han muerto en los últimos 25 años en el marco de las disputas con los mapuches, entre indígenas, propietarios de haciendas y uniformados, según cifras oficiales.

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