El Supremo rechaza denuncia contra el fiscal general de Brasil por “omisión”

El magistrado Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema de Brasil, rechazó este lunes una denuncia contra el fiscal general, Augusto Aras, acusado de supuestas “omisiones” ante presuntos delitos cometidos por el presidente Jair Bolsonaro.

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En su decisión, De Moraes argumentó que “no fueron presentados indicios suficientes” de un supuesto delito de prevaricación, del que Aras fue acusado por dos senadores, según los cuales se habría “omitido” en relación a diversas sospechas que pesan sobre el presidente Bolsonaro.

Según las leyes brasileñas, cuanto se trate de investigaciones o acusaciones contra un jefe de Estado en ejercicio, solo la Fiscalía General tiene potestad para darles trámite, lo que Aras no ha hecho con diversas irregularidades atribuidas al mandatario.

La acción intentada por los senadores Fabiano Contarato, del partido ecologista Rede, y Alessandro Vieira, del centrista Ciudadanía, enumeraba sin embargo una serie de asuntos en los que, desde sus puntos de vista, Bolsonaro habría violado las leyes.

“El presidente acusa de fraude, sin pruebas, al sistema electoral brasileño; intimida al Congreso con tanques en las calles; estimula aglomeraciones y contraría medidas sanitarias de combate a la covid; amenaza a la Corte Suprema”, decía la demanda, que acusaba a Aras de “desidia” y de “permanecer inerte” antes esos hechos.

La decisión de negar la denuncia contra Aras se dio en vísperas de que el Senado analice su continuidad al frente de la Fiscalía General, tras haber completado un primer período de dos años en el cargo.

De Moraes es responsable de investigaciones contra Bolsonaro que tramitan en el Supremo, frente a lo que el líder de la ultraderecha ha respondido con un polémico e inédito pedido al Senado para que evalúe su destitución como magistrado del tribunal.

La iniciativa del mandatario se dio en el marco de un conflicto institucional desatado por las presiones de grupos de ultraderecha que apoyan al Gobierno, que desde hace más de un año exigen una “intervención militar” para “cerrar” tanto el Parlamento como el Supremo, pero manteniendo a Bolsonaro en el poder.

Esos grupos, alentados por el gobernante, han convocado para el próximo 7 de septiembre, en ocasión del día de la Independencia de Brasil, manifestaciones en todo el país contra la Corte Suprema y la Justicia electoral.

Esta última se sumó a los objetivos del bolsonarismo tras una fuerte campaña de descrédito que el gobernante mantuvo contra el sistema de voto electrónico que Brasil usa desde 1996, sobre el cual sostiene que propicia fraudes, pese a que admite no tener una sola prueba que pueda demostrarlo.

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