Claves de la masiva marcha universitaria en Argentina: ¿Cómo respondió el gobierno de Milei y qué viene ahora?

Argentina vive este miércoles 24 la resaca de una jornada en la que cientos de miles de argentinos salieron a las calles en la víspera para manifestarse “en defensa de la universidad pública” en respuesta al ajuste presupuestario anunciado para este año por el gobierno de Javier Milei.

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Las protestas, que no solo se vieron en Buenos Aires sino también en Córdoba, La Rioja, Tierra del Fuego y Jujuy, entre otros puntos del país, se venían gestando desde hace al menos dos meses en medio de infructuosas negociaciones entre representantes del gobierno y líderes universitarios.

En diciembre del año pasado el presidente Milei firmó un decreto que prorrogaba el presupuesto nacional del 2023 al 2024, lo cual implicaba que las instituciones recibirían el mismo monto pese a que el país enfrenta una inflación interanual de entre 260% y 290%.

En respuesta a la medida, en febrero la mayoría de las universidades públicas del país se declararon en situación de emergencia financiera, asegurando que con dicho presupuesto solo podrían operar durante el primer cuatrimestre del año.

En paralelo, representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) -que agrupa a 57 instituciones públicas de educación superior- sostuvieron diferentes reuniones con representantes del Ministerio de Capital Humano, una cartera creada durante este gobierno y que acoge a la Secretaría de Educación.

Las conversaciones, sin embargo, no se tradujeron en ningún consenso, por lo que las autoridades universitarias convocaron a un primer paro nacional de 24 horas el 14 de marzo. A la manifestación anunciada por el Frente Sindical Universitario se le sumaron otros gremios como la CONADU Histórica, CONADU, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y FATUN.

Horas antes de que iniciara el paro, el gobierno confirmó que incrementaría en un 70% las partidas presupuestarias para las universidades públicas. Sin embargo, la medida se mantuvo en pie por considerar que el aumento resultaba insuficiente.

Hasta la fecha dicha partida extraordinaria aún no ha sido abonada a las universidades, según representantes de las instituciones. Pese a ello, la semana pasada, esperando frenar la nueva marcha, desde el Ejecutivo se anunció una nueva inyección del 70% del presupuesto y una partida especial para los hospitales universitarios.

Los rectores, que ya habían convocado a la manifestación del martes 23, aseguraron que la medida no era producto de un acuerdo con el gobierno y que las movilizaciones seguían en pie.

Desde el gobierno han alertado durante todo este tiempo que las movilizaciones son impulsadas por grupos que están “adoctrinando” a los estudiantes y han insistido en la necesidad de que se audite el destino de las partidas enviadas a las universidades.

Si bien la convocatoria fue nacional y se pudo ver movilizaciones en ciudades como Rosario, Córdoba o Mar del Plata, el epicentro de las marchas estuvo en la capital argentina.

Según la Universidad de Buenos Aires (UBA), unas 800 mil personas salieron a las calles bonaerenses para manifestarse, una cifra que aumentaría hasta un millón de participantes a nivel nacional.

La policía, por su parte, estimó entre 100 mil y 150 mil el número de participantes.

Un equipo del diario “La Nación” concluyó que entre las 5:30 y las 6:30 de la tarde se congregaron unos 430 mil manifestantes en las calles y avenidas de la capital. La multitud, agrupada principalmente en las denominadas columnas universitarias, se movilizó entre las plazas Houssay, de Mayo y del Congreso.

La marcha se apoyó originalmente en el personal, estudiantes y egresados de 57 universidades públicas; sin embargo, diferentes gremios -como el de camioneros y el de trabajo- y grupos políticos se terminaron sumando a la movilización.

En las manifestaciones se pudo ver banderolas de La Cámpora, la Unión Cívica Radical, el kirchnerismo y el Frente Renovador, además de rostros de la oposición como el del gobernador peronista de Buenos Aires, Axel Kicillof; el exministro de Economía Sergio Massa; el senador radical Martín Lousteau; y los diputados de izquierda Myriam Bregman y Nicolás del Caño.

“No es una marcha partidaria sino de la sociedad civil”, aclaró a los medios locales Piera Fernández De Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina. “Hubiese estado bueno que no se mezclaran las consignas para que el mensaje fuera claro”, comentó a La Nación un estudiante de la UBA.

“Me indigna la utilización política de la oposición. Me molesta especialmente que haya ido Massa cuando él también le cortó plata a Educación y Salud. ¡Fue a la marcha a protestar, a mostrarse! Es una vergüenza que nos usen así”, comentó al mismo medio una empleada administrativa de la institución.

La primera reacción oficialista llegó la noche del mismo martes 23 a través del propio jefe de Estado en sus redes sociales. En una publicación compartida por Instagram y X, Milei escribió “Día glorioso para el principio de revelación. Quien quiera oír (ver) que oiga (vea)... Viva la libertad, carajo”.

La imagen de un león, con el que suelen representar al mandatario, tomando una taza en la que se lee “Lágrimas de zurdos” acompañó al texto.

Durante su habitual rueda de prensa diaria, el portavoz presidencial Manuel Adorni rebajó este miércoles 24 la tensión al asegurar que “no está en ninguna agenda” cerrar las universidades públicas.

“Las universidades públicas no se van a cerrar. No está en ninguna agenda nuestra cerrar una universidad pública. Somos los mayores defensores de la educación pública”, aseguró el vocero, quien acusó a líderes políticos y sociales de instalar esa idea entre los manifestantes.

Adorni, quien felicitó a organizadores y manifestantes por marchar “en paz” y por sus reclamos “genuinos”, resaltó, no obstante, estar “en contra de que se entremezcle con cuestiones de carácter político y que la vieja política lo termine usando”, en alusión a referentes opositores y de derechos humanos que participaron en las marchas.

”Dejemos de debatir el cierre de las universidades públicas porque es, te diría, hasta maligno por parte de quienes lo plantean. Es una cuestión de mucha maldad, porque juegan con el sueño de la gente y no queremos que eso pase. Nosotros vinimos a darle futuro a quien sentía que no lo tenía”, aseveró.

Según el periodista Jaime Rosemberg, de La Nación, la crisis universitaria ha impactado profundamente en el seno del gobierno libertario provocando que se generen dos posturas que podrían definir las futuras acciones del gobierno frente al problema.

“Una, que incluye a varios de los referentes más cercanos al presidente, es la de redoblar la apuesta e ir contra los ‘curros’ (estafadores) que atribuyen al sector de la Unión Cívica Radical que responde al liderazgo de Martín Lousteau en la universidad pública, a quien visibilizan como uno de los promotores de la manifestación”, escribe el periodista.

“Por otro lado, los ‘moderados’ apuntan a ‘errores de comunicación’ en relación a las negociaciones con los rectores”, agrega.

Dichos errores, según voces allegadas a las negociaciones, partirían principalmente del lado de Alejandro Álvarez, secretario de Políticas Universitarias. Las universidades estarían pidiendo que el gobierno presente a otro interlocutor pues Álvarez “rompía todo lo que se había negociado” previamente con el secretario de Educación, Carlos Torrendel.

Otro mensaje que también suena fuerte en la Casa Rosada es el de presionar para que la Auditoría General de la Nación (AGN) intervenga ante las instituciones educativas y transparente los gastos.

“Terminemos con la farsa de que a mí no me auditan porque soy autárquico. Tenemos que auditar porque es lo que el ciudadano quiere, la gente necesita saber en qué se gasta cada uno de los pesos de su bolsillo que se van en impuestos”, dijo Adorni durante su conferencia del miércoles.

La AGN, sin embargo, respondió recordándole que el Poder Ejecutivo no tiene poder para auditar la contabilidad ni la gestión de las universidades, sino que esta se produce en respuesta a una solicitud del Congreso.