“Lo que estamos viendo en Colombia es el inicio de lo que puede ser una oleada de protestas muy fuerte”

El suceso, que fue filmado por uno de los amigos de Ordóñez, sacó a las calles a enojados manifestantes que rechazaron en Bogotá y otras ciudades del país la brutalidad policial e impunidad de la que, aseguran, gozan los agentes.

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Tras los hechos violentos, que ocurrieron principalmente en Bogotá, la alcaldesa de la ciudad y opositora del gobierno, Claudia López, pidió una reforma estructural de la Policía y destacó en lo que va del año se han presentado 137 denuncias por uso excesivo de la fuerza de la policía en la capital colombiana, el ministerio del Interior.

El Comercio conversó sobre el panorama en Colombia con el analista internacional español Román Ortiz, experto en seguridad que considera que el descontento ciudadano con la policía es consecuencia de problemas originados tiempo atrás y que se han agravado con la pandemia.

Asimismo, el también vicepresidente para América Latina de la consultora Cordillera Applications Group plantea que el caso colombiano puede ser el primero de una oleada de movimientos similares que pueden tener lugar en un futuro cercano en la región.

— ¿Cómo definiría lo que está pasando en Colombia? ¿Es una crisis reciente la que ha estallado tras la muerte de Javier Ordóñez o se gesta desde antes?

Hay que distinguir claramente el incidente que condujo a la crisis de los factores que están debajo de ella y que son los que al final han provocado algo mucho más extendido y mucho más grande. Yo creo que lo que estamos viendo son una serie de problemas que venían de antes, pero que se han estresado aún más con la pandemia. En Colombia ya había un estado creciente de descontento en la población que obedecía a factores muy diversos, incluido el frenazo económico que afectaba particularmente a los sectores jóvenes y la inefectividad del gobierno para conseguir un crecimiento económico más fuerte. Además, existe una frustración colectiva relativa a la implementación del proceso de paz, que de alguna manera se había hecho creer a la población que iba a resolver otros problemas antiguos de Colombia, que van desde la violencia hasta un desarrollo económico muy desigual, pero al final, como era previsible, no ha tenido este efecto mágico.

Entonces estos factores que estaban ahí se han visto agravados por la pandemia, que ha puesto a prueba la capacidad del Estado para responder a las necesidades de los ciudadanos. Por otra parte, no cabe duda de que con las medidas tomadas por la pandemia y los efectos de la pandemia en sí misma se ha agravado aún más la situación económica y eso ha generado un campo de cultivo más grande de descontento. Finalmente, las medidas para controlar la epidemia han generado mucha más fricción entre los ciudadanos y las fuerzas de seguridad, que se han tenido que encargar de imponer los toque de queda, los confinamientos, etc. Eso ha generado más tensiones con los ciudadanos, por un lado, y, por otro lado, ha generado mayor desgaste de la fuerza pública, de la policía en particular, que con los mismos efectivos y los mismos recursos han tenido que responder a una nueva y mucho más extensa misión.

—La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha señalado que lo ocurrido con Javier Ordóñez es el último de una serie de casos de abuso policial y ha dicho que es necesaria una reforma estructural de la Policía…

Yo creo que hay que distinguir entre las cosas que se dicen de manera populista, que es la forma habitual de hacer política de la alcaldesa de Bogotá, y lo que son las causas reales de las cosas. Hay varias razones para llegar a la situación actual. Entre las que vienen de antes están, por ejemplo, que ha habido una reducción cada vez mayor de los recursos disponibles para la policía, lo cual se proyecta en menos recursos para entrenamiento, en menos beneficios sociales a los miembros de la institución. La policía colombiana había ido avanzando en un proceso de profesionalización muy fuerte y de repente las restricciones presupuestales juegan un papel clave para que haya menos recursos para continuar ese proceso.

Por otra parte, tenemos una expansión de las misiones policiales, primero con el proceso de paz, porque en la medida en que se ha tratado de dar menos relevancia a las fuerzas militares la policía ha crecido en el tipo de actividades que tiene que desarrollar; y luego con el tema de la epidemia. Finalmente, la situación de la policía cambia porque a medida que crece la conflictividad social, primero por motivos económicos y ahora con la pandemia, pues evidentemente la tensión entre la policía y sociedad se vuelve más fuerte. Esos son los factores que están detrás de eso.

— ¿Cuál es la reforma que le hace falta a la Policía?

La reforma que hace falta es la que no les gusta a los políticos: mas entrenamiento, mejores controles internos, etc. Las reformas que anuncian son grandes cambios de estructura que no cambian el comportamiento cotidiano de la policía. Para eso hacen falta medidas que no se ven, toman tiempo y no se pueden rentabilizar politicamente.

— Ocho personas murieron ayer en las protestas contra la violencia policial. ¿Qué secuela puede dejar esto, qué puede pasar? ¿Se encenderá más el descontento y por ende la respuesta policial?

Sin duda. Estamos viendo también que más allá de que los incidentes responden a este contexto social y político, también hay una serie de grupos que se han aprovechado de la coyuntura para desarrollar protestas violentas. Ha habido más de 20 puestos de policía atacados en Bogotá la noche anterior, una parte de ellos incendiados. Ha habido políticos que han utilizado las redes sociales para incentivar las protestas…

— Uno de ellos fue el senador opositor Gustavo Petro.

Evidentemente. Entonces lo que estamos viendo es el principio de lo que puede ser una oleada de protestas muy fuerte, que además el gobierno va a tener dificultades para manejar porque lleva detrás todo ese enorme proceso de desgaste generado por la gestión de la pandemia, tanto desde el punto de vista económico como político. Hay que recordar que Colombia ha sido uno de los países que ha mantenido un confinamiento más largo y, por otro lado, la pandemia ha dañado la economía de todas partes y evidentemente también la colombiana, que desde antes ya venía con serios problemas porque había sido golpeada de una manera muy fuerte por la reducción de los precios del petróleo y la propia reducción de la capacidad de producción colombiana.

— El presidente Iván Duque ha condenado el abuso policial y dijo que no puede haber tolerancia ante este problema. ¿Qué impacto político va a tener esta crisis en su gobierno?

No cabe duda de que la crisis va a incrementar el desgaste del gobierno, sobre todo en un contexto en el que hay una polarización muy fuerte dentro de la sociedad colombiana y dentro del clima político colombiano. Eso llega precisamente cuando hay un procesamiento contra el expresidente Álvaro Uribe. El presidente Duque, que está tratando de tener una posición centrista en el contexto de la polarización que existe en el país, va a tener más difícil mantener ese punto de equilibrio precisamente porque esto lo que hace es acentuar más la polarización.

Lo que sí me parece importante es mirar lo que está pasando en Colombia en el contexto de la región. Hay una serie de particularidades en el caso colombiano porque tenemos el proceso de paz y lo que significa para el país el frenazo económico que ya se venía notando desde antes, pero me parece que el caso colombiano es la primera crisis que vemos en el contexto de una región donde los gobiernos están sufriendo y van a sufrir de una manera el impacto político de la crisis de la pandemia.

— ¿Se viene una oleada de descontento regional?

Sí, de alguna manera el escenario internacional y las condiciones de los distintos gobiernos de la región están evolucionando en la dirección en la que este tipo de tensiones se van a repetir en muchos otros países. Empezaron antes de la pandemia y lo que vamos a ver es cómo la pandemia lo que hace es estresar todavía más los sistemas políticos de la región y probablemente genere más crisis.

Es decir, hemos tenido unos años en los que las clases medias en América Latina, un sector importante de la población, dejó la pobreza y se incorporó a la clase media. Luego hubo un frenazo económico, asociado con la caída de las commodities que empezó a poner eso en crisis. Y entonces esas clases medias demandaron mejores servicios del Estado y empezaron a poner presión sobre los gobiernos y en ese ese contexto llega la pandemia, quiebra las economías de la región, devuelve a mucha de esa gente que acababa de dejar la pobreza otra vez a la pobreza. Todo en un contexto en que los gobiernos regionales tienen problemas de legitimidad súper grandes. Es la receta para una cadena de crisis. Yo creo que estamos cerca de tener una oleada de crisis regionales, no necesariamente con la misma lógica, pero sí del mismo estilo a la que pasó en Oriente Medio con la primeravera árabe en el 2011.

— ¿Un adelante fueron las protestas que vimos antes de la pandemia?

Exactamente. Lo habíamos visto en Ecuador, en Chile, un poco en Colombia. Esa tendencia de alguna manera se congeló por el efecto inicial de la pandemia y de cómo fue gestionada, con los confinamientos, etc. Pero ahora estamos viendo que a medida de que la crisis de salud pública se normaliza, no porque se haga mejor, sino porque todo el mundo empieza a asumirla, entonces volvemos a tener los mismos reclamos de antes, pero ahora mucho más acentuados porque la situación económica y social es mucho más grave y la crisis de legitimidad de los gobiernos es también mayor.

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