Desde abril, más de 3.580 manifestantes han sido arrestados por las fuerzas de seguridad. Según el Observatorio de Conflictividad Social, en Venezuela se registran 33 protestas diarias. (Foto: AFP)
Desde abril, más de 3.580 manifestantes han sido arrestados por las fuerzas de seguridad. Según el Observatorio de Conflictividad Social, en Venezuela se registran 33 protestas diarias. (Foto: AFP)

Hoy se cumplen ocho días desde que la Asamblea Nacional de , de mayoría opositora, tomara juramento a los 33 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). También ocho días de que la vida de dichos jueces diera un vuelco. El régimen de Nicolás Maduro no reconoció la decisión y ordenó aprehenderlos y ahora están en la clandestinidad.

Uno de ellos es Ramsis Ghazzaoui, magistrado de la Sala Político-Administrativa del TSJ, quien conversó con El Comercio sobre la situación delicada por la que pasan desde que juraron el cargo.

— Ustedes juraron el cargo y a las horas se dictó una orden de captura...
Además de la orden dictada, de manera incompetente, por el titular de la Sala Constitucional del TSJ anterior, el presidente Maduro dijo que los 33 magistrados íbamos a ser apresados uno por uno y nuestros bienes incautados.

— ¿Una amenaza que se está cumpliendo?
Nosotros juramos el viernes 21. Dos días después, el magistrado Ángel Zerpa fue detenido. Ese mismo domingo fue presentado ante un tribunal militar, violándose no solo su derecho a la defensa sino el derecho a los jueces naturales.

— ¿Ha sido el único?
No. En el estado de Anzoátegui fueron detenidos otros dos. Uno más, Alejandro Rebolledo, pudo evadir los controles de seguridad y está en EE.UU., donde está haciendo gestiones ante la OEA y la ONU.

— Tenemos entendido que uno ya fue liberado.
El magistrado Jesús Rojas fue liberado, y está circulando un video en que él dice estar arrepentido de haber jurado el cargo, que lo hizo obligado. Yo estoy convencido de que, más bien, lo obligaron a decir eso para darle la liberación.

— ¿Teme usted por su vida?
No niego que temo por mi seguridad. Mis colegas y yo no podemos exponernos al público por esta orden de aprehensión. Somos buscados por los cuerpos de seguridad del Estado en todo el país, nos están tratando como delincuentes.

(Foto: Facebook)
(Foto: Facebook)

— ¿Su familia ha sufrido amenazas?
Todavía no. Sin embargo, las cuentas bancarias de todos nosotros ya han sido congeladas, no podemos manejar dinero, lo mismo que nuestros bienes.

— ¿Usted ha pensado en pedir asilo a algún país?
Hemos estado explorando ciertas gestiones en esa materia, pero nuestra posición por ahora es mantenernos en Venezuela y llevar a cabo nuestro cometido: el rescate de la institucionalidad del TSJ y el rescate de la imparcialidad e independencia del Poder Judicial, que ha sido secuestrado por el Poder Ejecutivo aquí.

— ¿Ustedes los magistrados se han reunido en estos días?
Tenemos comunicación entre nosotros, nos hemos reunido físicamente para evaluar qué podemos hacer. Somos magistrados nombrados, pero no hemos podido asumir el cargo por este abuso del Ejecutivo.

— ¿En la práctica hay entonces dos TSJ, el que reconoce el Gobierno y el que juró ante el Congreso?
El Estado de derecho está de nuestro lado. Nosotros no somos magistrados de la oposición ni de la Asamblea Nacional (AN) ni de un cuerpo político. Somos magistrados del pueblo designados por la AN por un procedimiento legal.

— ¿Confía en que pronto podrán asumir sus funciones?
Estamos por ahora en una situación complicada. Estamos en la clandestinidad sin haber cometido delito alguno, tenemos orden de captura sin haber sido siquiera imputados, pero confiamos en que esto cambiará pronto.

— ¿Cuál es su postura ante la elección de la Asamblea Constituyente (AC)?
No quisiera pronunciarme sobre el tema de la AC porque en algún momento puede llegar a mis manos en el ejercicio de mi cargo de magistrado del TSJ.

— ¿Pero qué cree que pasará tras la jornada de mañana?
Con firmeza y convicción le digo que, desde el punto de vista del proceso, esta AC es totalmente inconstitucional. Maduro la convocó sin someterla a consulta popular, que era el primer trámite. Así que este proceso nació mal y seguramente va a terminar peor.

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