¿Otro presidente destituido en la región?: qué sigue en el juicio político a Lasso en Ecuador

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“No hay pruebas ni testimonios relevantes. Más bien lo único que hay son informaciones que comprueban mi total, evidente e incuestionable inocencia”, dijo el impopular mandatario conservador, quien desde que asumió el cargo en mayo del 2021 ha enfrentado dos intentos para destituirlo en el Congreso.

La unicameral Asamblea Nacional, que tuvo una asistencia de 109 de sus 137 miembros, abrió la sesión en Quito con la presentación del caso y los primeros argumentos contra el mandatario por el presunto delito de peculado.

Aunque tenía tres horas para defenderse, el exbanquero de 67 años se dirigió a la Asamblea Nacional durante 50 minutos. Calificó al juicio político en su contra como un “infundado proceso” y dijo que sus interpelantes “han hecho gala de una inventiva sin parangón”.

“Yo los acuso de haber abandonado su rol de legisladores. Ustedes ahora son los anti-legisladores de esta República. Porque ustedes no crean leyes, sino que las destruyen. Ustedes no afianzan nuestras normas, sino que las debilitan, las desgarran, las ultrajan. Ustedes no piensan en cómo crear reglas de convivencia, sino en cómo romperlas para su propia conveniencia”, afirmó Lasso en el hemiciclo.

La inestabilidad política que ha caracterizado a este gobierno, avivada por sangrientas protestas contra el Ejecutivo y fracasos en las urnas, ha afectado la imagen de Lasso. La crisis actual en Ecuador recuerda a otras ocurridas en ese país entre 1997 y el 2005, cuando tres presidentes fueron derrocados. A continuación repasamos los detalles del juicio político contra Guillermo Lasso.

1. ¿De qué se le acusa?

En el centro de este juicio político está un contrato de la naviera estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) con el grupo internacional Amazonas Tankers para la renta de buques petroleros, que se firmó en el anterior Gobierno y por el que Lasso ahora es acusado de peculado.

Según las denuncias, Lasso continuó con el contrato pese a tener conocimiento de denuncias de irregularidades y de reportes de que era lesivo para el Estado. Según medios ecuatorianos, el acuerdo dejó pérdidas por más de seis millones de dólares.

“La oposición sostiene que Lasso debe ser despojado de su cargo al considerarlo responsable político de presuntos actos de corrupción ocurridos supuestamente en la administración estatal bajo su mandato, aunque en el trasfondo los portavoces de la oposición también lo plantean como un juicio sobre su gestión”, dice el diario ecuatoriano “El Comercio”.

Lasso no ha sido procesado por delito alguno en la justicia ordinaria. El mandatario aseguró que presentó en el 2022 una denuncia ante la Fiscalía para que investigue el caso.

2. ¿Quiénes impulsan el juicio político?

El proceso contra Lasso es impulsado por la oposición en la Asamblea Nacional liderada por el correísmo del bloque de la Unión por la Esperanza (Unes) y el Partido Social Cristiano (PSC).

La primera en intervenir en la sesión de este martes 16 fue la parlamentaria de Unes Viviana Veloz, quien se encargó de la interpelación junto al socialcristiano Esteban Torres. La legisladora calificó la jornada de “día histórico”, y aseguró que demostrará que Lasso es responsable políticamente de presunto peculado.

Diversos analistas consideran que Lasso se enfrenta en el Parlamento a fuertes corrientes opositoras como el movimiento afín al exmandatario Rafael Correa (2007-2017), quien vive en Bélgica y lidera a la oposición, y Pachakutik, brazo político del poderoso sector indígena que hace un año ya intentó destituirlo.

El primer proceso que buscaba sacar a Lasso del cargo ocurrió en junio pasado. Aquella vez el Parlamento intentó destituirlo mediante votación directa en medio de violentas protestas indígenas contra el alto costo de vida. Sin embargo, al Congreso le faltaron 12 sufragios para concretar su remoción del cargo.

3. ¿Cómo será el proceso en la Asamblea Nacional?

La fase final del juicio político a Lasso inició el martes 16 con la alocución en la Asamblea Nacional de Vélez y Torres, parlemantarios que presentaron la acusación durantes dos horas. Luego fue el turno del presidente, quien expuso su alegato de defensa. El final de esas intervenciones dio inicio al debate en el Parlamento, donde los 137 asambleístas tienen derecho a la palabra por 10 minutos.

Una vez concluido el debate, se convocará en el plazo de cinco días a una nueva sesión del pleno de la Asamblea para presentar la moción de censura contra Lasso y votarla inmediatamente, indica “El Comercio” de Ecuador.

El Congreso requiere 92 de los 137 votos para cesar a Lasso, es decir, dos tercios de la Asamblea. Hasta ahora, es aún una incógnita si la oposición logrará reunir esos votos debido a recientes fracturas y dimisiones dentro del PSC y Pachakutik.

4. ¿Cuáles son los tres escenarios posibles?

Lasso se enfrenta a tres posibles escenarios en este juicio político en su contra: ser destituido, permanecer en el cargo con una Asamblea Nacional dominada por la izquierda o disolver el Congreso.

De ser censurado, Lasso se convertiría en el segundo mandatario ecuatoriano en ser destituido en juicio político luego de que en 1933 fuera cesado Juan de Dios Martínez (1932-1933).

De perder el cargo, será subrogado por su vicepresidente Alfredo Borrero para completar el período de cuatro años, hasta el 2025.

Sin embargo, Lasso ha deslizado la posibilidad de recurrir un recurso que permite disolver la Asamblea Nacional.

5. ¿En qué consiste el recurso de la “muerte cruzada”?

Para evitar perder el poder inmediatamente en caso de destitución, Lasso tiene un as bajo la manga. El mandatario puede hacer uso de la “muerte cruzada”, un mecanismo constitucional que implica disolver el Congreso para dar paso a elecciones generales anticipadas.

En ese caso, Lasso, que puede hacer uso de este mecanismo por una sola vez y en los tres primeros años de gestión, gobernaría por decreto durante seis meses. Para aplicarla, deberá decretarla antes de la votación en el juicio.

Según la Constitución ecuatoriana, hay tres causales para que el Ejecutivo declare la muerte cruzada: si la Asamblea se arroga funciones que no le competen constitucionalmente; si, de forma reiterada e injustificada, el Legislativo obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y si por una grave crisis política y conmoción interna.

Lasso ha señalado que apelaría a la causal de obstrucción de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, que no requiere dictamen previo de la Corte Constitucional, para disolver el Congreso.

El secretario Jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz, afirmó el lunes que el decreto para la aplicación de la muerte cruzada está listo.

Pero los riesgos son altos. Expertos y representantes civiles han advertido que el uso de ese mecanismo podría provocar una grave inestabilidad social y que las protestas podrían salirse de control.

Es probable que la oposición recurra a la Corte Constitucional, al considerar que el presidente no puede activar la “muerte cruzada” cuando está ya inmerso en un juicio político de censura.

La disolución de la Asamblea fue implantada por el gobierno de Correa (2007-2017) y sería la primera vez que se aplica.

PUNTO DE VISTA

“Predomina la incertidumbre”

César Ricaurte

Director de la ONG Fundamedios

Predomina un ambiente de mucha incertidumbre. La oposición ha dado muestras de fuerza. El domingo eligieron a las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional y la oposición que está promoviendo la destitución de Lasso logró prácticamente copar todas las autoridades de la Asamblea con votaciones altas, de 96 y 102 votos y para la destitución del presidente se necesitan 92 votos. Entonces si es que se consolide esa mayoría en la votación del juicio político la suerte del presidente estaría echada. Sin embargo, lo que ha sucedido es que en algunos sectores han dicho que no necesariamente están comprometidos a votar por la destitución del mandatario.

En su alegato de defensa el presidente utilizó un tono conciliador, tratando más bien de ganar las voluntades de asambleístas que podrían estar indecisos. Por eso hay mucha incertidumbre. Yo creo que el gobierno realmente está viendo como el último recurso el usar la muerte cruzada y trata de agotar la negociación política en el interior de la Asamblea Nacional. Me parece que ese es el mensaje no implícito en el tono que utilizó el presidente en su comparecencia en la Asamblea.

Evidentemente, este juicio nos dice que hay un escenario de mucha inestabilidad política en Ecuador. Tenemos una oposición liderada por el expresidente Rafael Correa desde algún lugar de de su exilio. El correísmo, que es la fuerza política más importante del país, ha sumado mucha fuerza en estos dos años de gobierno de Lasso. Es una fuerza política muy fuerte que tiene un proyecto político que es básicamente regresar al poder y busca tratar de acortar el camino para regresar al poder desestabilizando al actual gobierno. Además el país está viviendo una ola de violencia enorme, una crisis de seguridad por el auge del crimen organizado.

Lasso ha sido un presidente que ha tenido muchos problemas para conectarse con la población. Aparece como un presidente inseguro, desconectado, con serias dificultades de comunicación, errático, poco efectivo. La paradoja de esto es que en realidad las cifras macroeconómicas y de atención social de este gobierno no son tan malas, pero evidentemente eso no llega a la población y hay mucho descontento. Todo eso le está pasando factura al gobierno.