¿Por qué el kirchnerismo quiere jubilar a un juez de 97 años?

El juez Carlos Fayt, de 97 años, rompió el sábado su silencio tras las últimas críticas del Gobierno Argentino, que cuestiona su idoneidad para el cargo, y negó tajantemente su intención de dimitir.

"Me encuentro bien. Estoy trabajando como siempre, y seguiré así mientras Dios me dé fuerza, vida y plenitud", afirmó el magistrado a través de un escueto mensaje en radio América.

"Quiero agradecer todas las manifestaciones de aprecio que he recibido en estos días a través de la prensa, la radio, la televisión e Internet, y los comentarios virtuales de todos", agregó Fayt, en referencia a las voces que se han alzado para defender su tarea en el máximo tribunal.

Las declaraciones del juez responden a los cuestionamientos lanzados por altos cargos oficialistas en medio del enfrentamiento entre el Gobierno de Cristina Fernández y la oposición por la composición de la Corte Suprema, que cuenta con una plaza vacante desde el pasado 1 de enero.

___

¿Qué hay detrás de las presiones del Gobierno?

En plena carrera electoral, y en la recta final del mandato de Cristina Fernández, el enfrentamiento entre el Gobierno y la Justicia en Argentina se ha recrudecido y ha salpicado a la Corte Suprema.

Los rumores de renuncia del presidente del Supremo argentino, Ricardo Lorenzetti, que finalmente fue ratificado por la Corte para continuar en el cargo, dieron una oportunidad al Gobierno para cargar contra el máximo órgano judicial y en concreto contra Carlos Fayt, que se resiste a dejar su puesto.

Sin posibilidad de nombrar un ministro afín al kirchnerismo en la Corte, el Ejecutivo busca, hasta ahora sin éxito, la renuncia de Fayt.

La reforma constitucional de 1994 establece la jubilación de los los jueces argentinos a los 75 años, pero Fayt, que ya era ministro del Supremo, logró un fallo del tribunal para conservar su cargo y sobrevivió a los cambios en la Corte, como la reducción de sus miembros que impulsó el fallecido expresidente Néstor Kirchner.

El fallecimiento de dos de sus integrantes y la renuncia de otro redujeron a cuatro los ministros de la Corte, pendiente del nombramiento de un quinto juez para cumplir con la legislación argentina.

Para esa vacante, el kirchnerismo propone a Roberto Carlés, un joven jurista de 33 años que coordinó el proyecto de reforma del Código Penal impulsada por el oficialismo y que es cuestionado duramente por la oposición por su parcialidad.

Sin los votos necesarios en el Congreso para incluir a Carlés en la Corte, el Gobierno ha reactivado su ofensiva contra el máximo tribunal poniendo en duda la validez de la reelección de Lorenzetti precisamente por la firma de Fayt.

"El voto del doctor Fayt no se habría hecho en la Corte sino que el secretario del doctor Fayt lo ha llevado a su casa", denunció el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

De confirmarse estas acusaciones, el proceso de reelección de Lorenzetti estaría en cuestión porque la Corte no informó de que uno de sus miembros firmó el acta en su domicilio.

Además, el oficialismo utiliza su mayoría en la comisión de Juicio político del Congreso para pedir estudios médicos sobre la idoneidad del nonagenario Fayt.

Pese a las embestidas, según analistas como Patricio Giusto, de la consultora Diagnóstico Político, el Gobierno no tiene herramientas legales para forzar la renuncia del juez.

Para Giusto, la ofensiva del oficialismo contra el Poder Judicial no solo no se va a calmar sino que se va a "redoblar", porque el "apuro" del kirchnerismo cada día es mayor.

El enfrentamiento entre el Gobierno y la Justicia no es nuevo, pero se recrudeció tras el avance de varias causas que investigan presuntos casos de corrupción en empresas ligadas a intereses de la propia Cristina Fernández, como en la hotelera Hotesur.

La muerte del fiscal Alberto Nisman, en circunstancias aún sin aclarar, tras denunciar a la mandataria por encubrimiento de terroristas iraníes sospechosos de atentar contra instituciones judías en Buenos Aires, agravó la polémica en enero.

La presidenta calificó entonces a la Justicia de "partido judicial", pero superado el escándalo Nisman, su verdadera preocupación en lo que a los tribunales se refiere está en la investigación de Hotesur, que podría salpicar también a su hijo Máximo por sus intereses en esta empresa hotelera de la Patagonia.

Además, la Justicia tiene abiertas decenas de causas contra ministros y funcionarios del Gobierno de distintos rangos, incluido el vicepresidente, Amado Boudou.

Según Giusto, el objetivo del Gobierno es finalizar la legislatura con una Corte "afín o lo más debilitada posible", para garantizar un "cierto 'no avance' de las causas que implican a la familia presidencial".

Pero, el Gobierno no tiene margen de tiempo suficiente para "revertir" la ventaja que le sacan ahora la Justicia y la oposición, en opinión de Giusto.

 Fuente: EFE