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Parecía una fiesta como cualquier otra, con la excusa de la celebración de las fiestas patrias, pero terminó con una denuncia por violación grupal y la detención preventiva de nueve jugadores de fútbol que militaban en el equipo juvenil del club chileno Cobreloa y que ahora se enfrentan a una posible condena de hasta 15 años de cárcel.
“La manada de Cobreloa” es el nombre con el que algunos medios se refieren a este caso, en referencia a un caso de violación grupal ocurrido en España en 2016 y que sacudió a la opinión pública de la nación europea.
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En Chile, sin embargo, la polémica implica un elemento adicional: el hecho de que la justicia haya tardado tanto tiempo en tomar cartas en el asunto, pues la denuncia original fue presentada en septiembre de 2021.
A esto se suma que los nueve imputados eran, cuando ocurrieron los hechos, parte de la cantera juvenil del club de fútbol Cobreloa, que juega en la actualidad en la primera división chilena.
De hecho, entre los detenidos hay dos jugadores del primer equipo.
ADVERTENCIA: Este reportaje contiene descripciones que algunos lectores pueden encontrar perturbadoras.
Muchos cuestionan la forma de actuar de las autoridades. (GETTY).
“Me forzaron a ir a una pieza, donde entraron 8 o 10 personas más y me violaron”
De acuerdo con el relato de la denunciante, la agresión ocurrió la noche del 16 de septiembre de 2021, víspera de la celebración de las fiestas patrias en Chile.
La joven, que entonces tenía 18 años, dijo que conocía a uno de los futbolistas de la cantera del Cobreloa y que este la invitó a una fiesta, a la que acudió con una amiga.
El encuentro se realizó en la llamada Casa Naranja, el lugar donde residen los jugadores de la cantera en la ciudad de Calama, en la región de Antofagasta, a unos 1.500 kilómetros al norte de Santiago de Chile.
“Yo fui con uno al baño y yo llegando al baño me encuentro que hay dos personas más. Ahí intento salir del baño y me toman de los brazos y me llevan a una pieza. Ahí habían más personas. Traté de escaparme, pero no…tenían más fuerza que yo”, contó la denunciante a la cadena de televisión TV13.
“Ya no accedía, ya no quería y me forzaron a ir a una pieza, donde entraron ocho o 10 personas más y me violaron”, agregó en declaraciones a CHV Noticias.
Para someterla, los agresores presuntamente habrían recurrido a otros actos de violencia, según se señala en la denuncia que la joven hizo al día siguiente ante la policía.
“(Me) tomaron con fuerza de los brazos, el cuello, y la cintura, me golpearon la cara, me golpearon con un cinturón, me pusieron el cinturón en el cuello y me penetraron, vi condones, algunos quedaron en el suelo (...) me grabaron, e hicieron videollamada a otros hombres en las que mostraron lo que hacían”, agregó, según extractos del texto publicado por La Tercera.
Tras la agresión, vendría el silencio institucional.
Al despertar al día siguiente, la joven le contó lo ocurrido a un amigo que la llevó a un hospital para que le hicieran los exámenes correspondientes y con estos acudió ante la Policía de Investigaciones (PDI) a presentar la denuncia.
Pese a que el informe forense certificaba la presencia de “signos físicos sugerentes de violencia sexual flagrante”, la mujer asegura que los propios policías que recibieron su denuncia le recomendaron desestimarla e, incluso, hacer una declaración para dejar sentado que habían sido relaciones sexuales consentidas.
"Me dijeron: 'tú tení que entender que es un club deportivo, tienen buenos abogados. ¿Tú qué tení? ¿Quién te va a pagar los abogados? Tú estay sola. Y tampoco te ves tan afectada como el resto de víctimas", contó la mujer que le dijeron los agentes.
Un largo silencio
Luego de ese episodio, la denunciante ha dicho que quiso abandonar el caso y, de hecho, un informe policial citado por TV13 indica que “no se realizaron más diligencias investigativas, toda vez que el delito de violación fue desestimado por la víctima, puesto que señaló que mantuvo relaciones sexuales con su consentimiento y desistió de continuar con la denuncia".
El 9 de mayo de 2023, el caso fue archivado.
Pero la historia no llegaba aún a su fin.
María Elena Saavedra, madre de uno de los futbolistas presentes en la fiesta aunque no involucrado en los presuntos hechos, estuvo haciendo denuncias públicas en 2023, lo que ayudó a que la investigación se reactivara.
La mujer envió comunicaciones al Cobreloa y a la Asociación de Fútbol Profesional (ANFP).
El club encargó a un equipo de abogados externos la elaboración de una investigación. ¿Su conclusión? “No hay antecedentes probatorios de los hechos contenidos en la denuncia”.
Pero de acuerdo con Fernando Ramírez, expresidente del Cobreloa, el club sí había sido informado sobre lo ocurrido, pero no habría querido indagar.
“Yo me enteré prácticamente en el momento. Me pidieron no seguir investigando en ese tema”, dijo en declaraciones a TV13. “El mismo 17 de septiembre, a nosotros nos llegó información de que hubo una agresión sexual en una de las casas del club”, agregó.
En un comunicado publicado después de la detención de los deportistas, el equipo dijo haber estado colaborando con la justicia y afirmó que “fue la misma institución la que presentó una denuncia y querella contra todos quienes resulten responsables en esta causa”.
“En primer lugar, un club que se ha resistido mucho a admitir que acá hay un problema, hace dos semanas decían otra cosa; (en segundo lugar) un tipo de delito muy difícil de configurar y que involucra mucho pacto de silencio; y en tercer lugar, al parecer una primera acogida que no fue la correcta”.
En noviembre de 2023, la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados realizó una sesión para escuchar el testimonio de la denunciante y, luego, decidió abrir una investigación sobre lo ocurrido.
Fue también por aquellas fechas que el Ministerio Público decidió reabrir la investigación que llevó a la imputación de los 9 jugadores que ahora han sido puestos bajo prisión preventiva por ser considerados como un “peligro para la seguridad de la sociedad”.
Aunque la audiencia de formalización se realizó a puerta cerrada, medios locales informaron que los informes policiales señalan que, de los nueve futbolistas detenidos, ocho habrían cometido la agresión sexual directa contra la víctima, mientras que uno de ellos habría grabado los hechos.
Se prevé que el proceso se extienda durante 120 días. En caso de ser declarados culpables, los jugadores podrían recibir una pena de cárcel hasta por 15 años.
¿Por qué tardó en actuar la justicia?
Lo que quizá tarde en entenderse es algo que destacaba recientemente la diputada Marisela Santibáñez, una de las personas que desde la Comisión de Deportes impulsó el caso: ¿por qué ha tardado tanto la justicia cuando “teníamos a una víctima que hace todo lo que le dice la sociedad que haga a una mujer cuando es violada y de manera masiva?”.
Consultada por la prensa chilena sobre lo tardío en el procesamiento del caso, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió a tres factores que parecen haber influido:
- Un club que se ha resistido mucho a admitir que acá hay un problema”
- Un tipo de delito muy difícil de configurar y que involucra un pacto de silencio
- El hecho de que la acogida inicial que recibió la denunciante por parte de las autoridades no fue la correcta, por lo que no le habría inspirado confianza en la posibilidad de lograr justicia.
Orellana afirmó que este caso es distinto al de la Manada en España porque no se trata de un delito de violación grupal.
"La denuncia de lo que habla es de múltiples delitos sexuales, en los que, además, en cada uno de ellos, una de las personas, los agresores, tienen la calidad de perpetrador, pero después, en el resto, tiene la calidad de cómplice y, posiblemente, según se desarrolla la investigación, de encubridor", explicó.
