El nombre de Sheynnis Palacios ha pasado del mundo de las pasarelas a engrosar una larga lista de personas impedidas de regresar a Nicaragua, en una de las más recientes decisiones del régimen de Daniel Ortega. La familia de la actual Miss Universo ha sido exiliada tal como ha sucedido con periodistas, sacerdotes y poetas.
Ortega, quien está en el poder desde enero del 2007 (y antes lo estuvo entre 1985 y 1990) y del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), mantiene una férrea postura de orden de exilio contra opositores de su régimen dictatorial.
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Según datos del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, se estima que hay más de medio millón de personas en situación de desplazamiento forzado, en especial desde abril del 2018, cuando empezó el mayor éxodo registrado en el país centroamericano como consecuencia de la represión de las protestas civiles de aquel mes.
Así se señala en el informe Situación de las personas nicaragüenses desplazadas forzadas. Hasta mediados del 2023 se contaba a 570.986 personas que abandonaron el país, principalmente con destino a Estados Unidos, Costa Rica, México y España. Sin embargo, al 2024 se estima que la cifra alcanza los 742.000 desplazados, es decir, el 13% de la población de Nicaragua.
Muchos de ellos han solicitado formalmente la condición de refugiado o de asilado político.
Entre los desplazados hay casos particulares. En febrero del año pasado el régimen de Ortega decidió trasladar de manera forzada a 222 presos políticos a Estados Unidos. Y en una operación sin precedentes se despojó de la nacionalidad a 94 exiliados, se les confiscó sus propiedades en el país y se les acusó de traición de la patria, todo ello sin proceso judicial.
En esa ocasión, fue el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez Mejía, quien leyó ante medios oficialistas la resolución que despojó de la nacionalidad a 94 nicaragüenses considerados “prófugas de la justicia”.
Braulio Abarca. Defensor del Colectivo Nicaragua Nunca Más.
¿Qué es una persona exiliada?
Se aborda más sobre personas que tienen que desplazarse forzadamente por diferentes situaciones, entre ellas la violencia generalizada, el tema de la persecución política o podría ser también una persecución mixta. Entonces, a las personas que se desplazan forzadamente, que tienen que abandonar el país por este tipo de persecución, es que se les llama personas exiliadas.
¿Cuál es el perfil de los exiliados en Nicaragua?
Están las personas opositoras políticas que no pertenecen al partido de gobierno, de la dictadura, o que salieron del FSLN, es decir, son disidentes. Pero también incluye a defensores de derechos humanos que hemos tenido que salir debido a la persecución, periodistas y comunicadores independientes. También están activistas sociales, jóvenes o adultos. Es importante manifestar que Nicaragua entra a la lista de países en situación de persecución política agravada de la embajada de libertad religiosa en Estados Unidos porque hay una persecución en contra de la iglesia católica, principalmente, pero también de la iglesia protestante o evangélica. No quisiera omitir la persecución a los pueblos indígenas y a los campesinos que han denunciado la toma de tierras.
¿Cuál es el modo de persecución?
La dictadura no había realizado acciones represivas transfronterizas, es decir, no había trascendido la frontera de Nicaragua. Sin embargo, a partir del 2023 se da la desnacionalización de los primeros 217 que son enviados a Estados Unidos. Se da una segunda oleada de personas desnacionalizadas, pero también se les quita todas sus propiedades, hay una confiscación total de bienes, cuentas, acciones, patrimonios, incluyendo a personas adultas mayores que dependían de su pensión de vejez, madres que dependían de los alquileres en Nicaragua. Al menos 317 personas fueron 'desnacionalizadas'.
¿Con el caso de Palacios se complica más la situación en Nicaragua?
Lamentablemente en nuestro país, en Nicaragua, nadie está seguro. Cualquier ápice de alzar la voz y levantar la cabeza supone una posible detención arbitraria o una desnaturalización y confiscación de los bienes.
Sheynnis Palacios (Miss Universo)
Palacios ganó en el 2023 la corona del Miss Universo. Su triunfo desató las mayores movilizaciones en las calles de Nicaragua desde las protestas de abril del 2018, en las que ella participó, informó la agencia AFP. Ella no estaba en su país y, desde su victoria, no ha podido regresar. Sin embargo, el riesgo estaba en su familia.
En las últimas horas, la dueña de la franquicia Miss Universo, la tailandesa Anne Jakrajutatip, informó que la familia de Palacios ha sido exiliada “indefinidamente” de su país. Según informe de EFE, la prensa de dicho país ha señalado que en días anteriores se habló en redes sociales de que la abuela y el hermano de Palacios habían salido del país centroamericano para reunirse con ella “a través del parole humanitario”, una vía migratoria abierta por EE.UU.
Aunque Palacios no ha regresado a Nicaragua, sí ha estado en los países donde está presente la mayor cantidad de nicaragüenses desplazados. El régimen de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, acusó a la oposición de utilizar el triunfo de Palacios para realizar manifestaciones en su contra.
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Gioconda Belli (novelista y poeta)
Belli es una de las escritoras más premiadas en cuya historia también figura haber sido exiliada de su país. Ella conforma la lista de 94 nicaragüenses a quienes el régimen de Daniel Ortega despojó de su nacionalidad. La ganadora del premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana dejó su país hace tres años y desde entonces no ha podido regresar.
Pero no suficiente con la acusación de traición a la patria, el orteguismo también confiscó su casa en Managua. Ella ahora cuenta con la nacionalidad chilena y vive en Madrid.
“El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se sostiene únicamente por la represión y porque han dominado con medidas muy restrictivas toda la actividad del pueblo nicaragüense”, dijo Belli sobre el actual gobierno de su país. En conversación con DW sostuvo que sigue pendiente de lo que ocurre, “esperando el día que vendrá, en que nos liberemos”.
Silvio Báez (obispo católico)
La persecución del régimen de Ortega también alcanzó a la Iglesia católica. En este caso se trata del sacerdote Silvio José Báez Ortega, quien era obispo de Managua y que también ha sido despojado de su nacionalidad. Es el segundo miembro de la comunidad católica en ser exiliado, junto al párroco Uriel Vallejos.
Ante el creciente hostigamiento, Báez dejó su país en el 2019 por seguridad. En enero de este año, el papa Francisco lo ratificó como obispo auxiliar de Managua. Según Infobae, en el último año se ha excarcelado a 35 sacerdotes y se los ha enviado fuera de Nicaragua, y es que el régimen de Ortega acusó sin pruebas a organizaciones católicas de estar detrás de las protestas del 2018.
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Carlos Fernando Chamorro (periodista)
Chamorro es periodista de investigación y está en el exilio desde el 2019. “He tomado la dolorosa decisión de salir al exilio para resguardar mi integridad física y mi libertad”, dijo a los medios al decidir quedar fuera de su país natal. La decisión se produjo unos días después de que la policía allanara por la fuerza el edificio donde funcionaban sus empresas periodísticas Promedia e Invermedia.
Luego, ese mismo año retornó a su país para que en el 2021 volviera a refugiarse en Costa Rica, tal como aparece en su reseña del diario Confidencial, del cual es fundador y director: “Periodista nicaragüense, exiliado en Costa Rica”.
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Sergio Ramírez (escritor)
Otro caso particular es el de Sergio Ramírez Mercado, galardonado incluso con el Premio Cervantes 2017. Pasó de ser vicepresidente de Daniel Ortega, durante la gestión de 1985-1990, a opositor, exiliado y apátrida: el régimen actual también le quitó la nacionalidad nicaragüense.
En su carrera política integró el grupo opositor a la dictadura de Anastasio Somoza. Para 1984 era aliado de Daniel Ortega con el FSLN, pero en la década de los 90 vinieron los cambios. Para el 2008, durante la segunda gestión de Ortega, comenzó el veto sobre el trabajo literario de Ramírez.
Aunque ya estaba retirado de la política, en el 2021 se le acusó de atentar contra la paz y la seguridad de la Nación. “No es un cargo que están inventando para mí, por promover el odio están presas (más de) 30 personas. Eso es muy propio de los regímenes fascistas”, dijo ese año dijo a la cadena BBC.
Luego, en el 2023 sufrió la misma suerte de Belli y se le confiscó su casa en Masatepe, donde funcionaba la fundación educativa Luisa Mercado, en memoria de la madre del escritor.