Human Rights Watch expresa preocupación por proceso penal a gobernador opositor en Bolivia

El director asociado de Human Rights Watch (HRW), César Muñoz, manifestó este sábado su preocupación por el proceso penal contra el gobernador opositor de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acusado por terrorismo en el caso llamado “golpe de Estado I”, por la crisis política en Bolivia en 2019.

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“Nos preocupa la forma en la que se está llevando a cabo el proceso penal por terrorismo contra el gobernador Luis Fernando Camacho, en el cual el gobierno del presidente @LuchoXBolivia es querellante junto con una exdiputada de su partido”, manifestó Muñoz en el primero de varios mensajes en Twitter.

HRW se refirió a las denuncias de “violaciones al debido proceso durante el arresto de Camacho”, como la acción de los agentes de la Policía “con el rostro cubierto, sin identificación personal” además de que el gobernador “estuvo en paradero desconocido durante horas”, sin acceso a su abogado”.

La Policía arrestó a Camacho el miércoles pasado cuando retornaba a su vivienda en Santa Cruz, en el oriente del país, y luego activó un operativo para trasladarlo a La Paz, en el occidente, donde se lo puso ante un juez que dispuso su detención preventiva por cuatro meses.

A esto se suman las críticas de HRW a varios argumentos que la Fiscalía y las entidades estatales que conformaron la parte acusadora en la audiencia virtual que el viernes en la madrugada definió que Camacho debe permanecer en un penal de máxima seguridad a 35 kilómetros de La Paz.

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Muñoz mencionó que se pidió la detención preventiva “en base a argumentos endebles”, como la aseveración de que el gobernador “no tiene domicilio habitual”, que “hay riesgo de que obstruya el proceso penal” o que sus viajes como autoridad departamental al exterior del país son “prueba de que puede huir”, entre otros aspectos.

El caso “golpe de Estado I” se basa en la acusación por terrorismo que presentó a fines de 2020 una exdiputada del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) por la crisis de 2019.

Ese año, las protestas ciudadanas denunciaron un fraude electoral en los comicios nacionales que fueron anulados y que causaron la renuncia del entonces presidente Evo Morales, que denunció un “golpe de Estado” en su contra.

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INJERENCIA EN LA JUSTICIA

Muñoz recordó que la justicia en Bolivia “sufre de injerencia política desde hace años” y que anteriormente los Gobiernos del expresidente Morales (2006-2019) como el transitorio de la exmandataria Jeanine Áñez (2019-2020) “impulsaron acusaciones infundadas contra rivales políticos”.

También señaló que la acusación por el delito de terrorismo contra Camacho, que se aplicó en su momento contra el propio Morales y después contra Áñez, “puede ser usado para castigar acciones que no tienen nada que ver con actos terroristas”.

HRW detalló las veces en que “sin pruebas” en Bolivia se ha acusado a opositores por “terrorismo”, y puso como ejemplo las gestiones Morales y Áñez, y ahora la del presidente Luis Arce.

Muñoz mencionó que “es urgente una reforma de la justicia en Bolivia” y que Arce “no ha cumplido su promesa de impulsarla” luego de su llegada al Gobierno a finales de 2020.

El arresto y luego el dictamen de detención preventiva contra Camacho ha ocasionado varias protestas en Santa Cruz, en la que los manifestantes se han enfrentado a la Policía y esta ha respondido con abundante gas lacrimógeno.

Santa Cruz este viernes cumplió un paro de 24 horas que al final de la jornada derivó en más choques entre manifestantes y policías.

Esta jornada también las organizaciones cívicas cruceñas han convocado a una marcha que culminó con algunos heridos y la intervención de las fuerzas de seguridad.