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Juan Francisco Alonso, Desde Caracas
El sábado Venezuela celebró los 103 años de su independencia y, como siempre, el Parlamento realizó una sesión extraordinaria para recordar el día en que un grupo de ciudadanos, en su mayoría civiles, firmó el acta mediante la cual el país se declaraba autónomo de España; y para dar el discurso central escogió al general en jefe Vladimir Padrino López, jefe de la Fuerza Armada Nacional (FAN).
La selección hecha por el oficialismo habría pasado desapercibida, pues no es la primera vez que un uniformado es escogido como orador de orden para esta ocasión; sin embargo, esta se produce después de la aprobación de unos fallos y leyes que hacen temer que la nación caribeña va directo a convertirse en un “Estado militar que socava libertades fundamentales”.
A principios de junio, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia mediante la cual autorizó a los militares a participar en marchas y mítines políticos, aun cuando la Constitución, en sus artículos 328 y 330, establece que los miembros de la institución castrense son profesionales “sin militancia política” y están al “servicio de la nación”, por lo que les prohíbe taxativamente “participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político”.
En el dictamen, que respondió a una demanda contra la ministra de la Defensa, Carmen Meléndez, por ordenar a cientos de soldados participar en una marcha en apoyo al gobierno en marzo pasado, el máximo juzgado estableció: “La participación de los integrantes de la FAN en actos con fines políticos no constituye un menoscabo a su profesionalidad, sino un baluarte de participación democrática y protagónica” en los asuntos públicos.
Días después, el Gobierno dictó la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación y creó por decreto unas brigadas especiales contra grupos violentos.
La primera obliga a todos los venezolanos a registrarse para presentar el servicio militar, aun cuando este es opcional según la Carta Magna, so pena de multas y limitaciones para tramitar desde la licencia de conducir hasta obtener trabajos.
El segundo decreto crea una estructura para combatir a quienes promuevan hechos de violencia como los ocurridos en los últimos meses, la cual estará integrada por efectivos castrenses.
Estas decisiones y normas, junto a que siete de los 27 ministros del Gabinete de Nicolás Maduro son militares activos o retirados o que el 48% de los gobernadores de estado y 25% de los alcaldes oficialistas hayan salido de los cuarteles, permitieron a Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano para la Seguridad, Defensa y FAN, alertar que el país avanza por “una ruta hacia la militarización”. “El gobierno quiere hacer de Venezuela un cuartel”, subrayó.
LA DEBILIDAD DE MADURO ES LA CAUSA
¿Por qué si Nicolás Maduro no es militar como Hugo Chávez se rodea de más militares que él? Para el vicealmirante (en retiro) Rafael Huizi Clavier, presidente del Frente Institucional Militar (FIM), organización que agrupa a uniformados retirados críticos con el chavismo, la razón radica en la debilidad del mandatario y en su desconocimiento del ámbito castrense.
“En la medida en que la crisis política, económica y social se agudice desde el Ejecutivo buscarán tener más control social y para ello se necesita del respaldo de la FAN”, afirmó. “La idea del chavismo es hacer de los militares parte de la revolución, es decir que participen en política, pero siempre y cuando apoyen al oficialismo, pues lo contrario serán sancionados”, agregó.
En tanto, San Miguel sostuvo que esto es “producto de las circunstancias que lo llevaron [a Maduro] al poder, en las cuales ya la FAN tenía grandes cuotas de poder porque Chávez así lo decidió, pues pretendió hacer de ella su verdadero partido y él no ha podido zafarse de ese círculo”.
EL SERVICIO MILITAR
Activistas de derechos humanos han pegado el grito al cielo ante la ley sobre el alistamiento y las nuevas brigadas, pues han advertido que “la exacerbación del militarismo es contradictorio con el ejercicio de una democracia participativa y protagónica, toda vez que se impone la lógica de la obediencia ajena al debate democrático.
Para Marino Alvarado, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), los últimos acontecimientos son otra prueba más de la deriva totalitaria del gobierno.
“Con el Decreto 1.014 [de las brigadas contra grupos violentos] se profundiza aun más la criminalización de la protesta social y se escala en la creación de instancias dirigidas a perseguir y vigilar a quienes expresen legítimamente su descontento ante demandas insatisfechas”, dice Alvarado.
“¿Cuál ha sido la tendencia en los últimos 60 años en América Latina?”, se pregunta la experta en temas militares Rocío San Miguel. “Meter a los militares en los cuarteles y subordinarlos al poder civil, porque es difícil discutir con quien tiene las armas".
Sin embargo, Chávez y Maduro, al colocar a militares en puestos de responsabilidad en el mundo de las finanzas, al frente de empresas, de institutos, televisoras y embajadas, lo que han hecho es crear una oligarquía militar de gran peso e influencia, tal y como ocurre en Egipto o Túnez, alertó.
En Egipto, por ejemplo, las Fuerzas Armadas no solo se dedican a garantizar la paz y la defensa del país norafricano, sino también administran empresas de producción de cemento, aceite de oliva, y manejan hoteles, actividad muy lucrativa, pues el turismo es una de las principales fuentes de divisas de la nación.
