4 claves para entender por qué se ha agudizado el viejo conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado Chileno

Echado en una cama y con la mirada perdida, Celestino Córdova espera la decisión del Estado chileno. No es el único que está en huelga de hambre. Otros 23 internos de los penales de Angol, Lebu y Temuco también entregan su cuerpo para reclamar que el gobierno los trata como presos políticos y que no los reconocen como mapuches.

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Ante la situación, el gobierno se mostró duro. Jaime Bellolio, su vocero, sostuvo que, si era necesario, alimentarían forzosamente a Córdova. “Nosotros como gobierno estamos preocupados por la salud de las personas, pero no vamos a pasar por arriba del Estado de derecho, porque tenemos que recordar que Celestino Córdova está preso por ocho años debido a un crimen horroroso, donde murieron dos ancianos calcinados, que fueron quemados en su hogar”.

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En respuesta, el ‘machi’ (guía espiritual mapuche) Córdova dio un ultimátum al gobierno de Sebastián Piñera: si el Estado no respetaba su condición de indígena, recrudecería su huelga y evitaría los líquidos. Su muerte, entonces, sería su culpa.

El senador chileno Francisco Huenchumilla, en una entrevista a la Deutsche Welle, explicó a qué se refería Córdova. No se trataba de ser declarado inocente o indultado, sino, de acuerdo a un convenio internacional al que Chile está adscrito, ser tratado bajo el Derecho Internacional de las Comunidades Indígenas, y poder cumplir la condena en su casa, junto a su comunidad.

Córdova, ante el mutis del gobierno, convocó a una huelga. “La lucha del pueblo nación mapuche continúa, por lo que hacemos un amplio llamado a una masiva marcha en las distintas ciudades en respaldo a los presos políticos mapuche y no mapuche para el viernes 28”, dijo.

“Si llegara a [morir], la polarización que hoy día tenemos en torno a la situación mapuche podría subir de temperatura”, advirtió Huenchumilla.

El gobierno no tuvo otra que ceder. El 18 de agosto, Córdova llegó a un acuerdo histórico con el Estado chileno. Ciento siete días después de iniciar la huelga de hambre, él pudo volver a su comunidad ubicada en la región de La Araucanía, al sur de Chile. Sin embargo, varios de sus compañeros no corrieron con la misma suerte.

SENTIR LA VIOLENCIA

El bloqueo de carreteras es una de las formas más efectivas para lograr la atención del Estado. Si se evita el paso de bienes, pronto los mercados quedarán vacíos, los cultivos se echarán a perder, y los principales afectados serán los ciudadanos. Entonces, el gobierno de turno se verá obligado a reaccionar y quizás a usar la fuerza. Pero, ¿qué sucede si los que interrumpen el tránsito son los mismos camioneros encargados de trasladar los productos? ¿Y si esto se da durante la pandemia? Solo queda negociar.

Eso es justamente lo que está pasando en Chile. Desde el jueves de la semana pasada, varios gremios se han estacionado en varias rutas de Chile para exigir al Estado que tome cartas en el asunto de la violencia y los ataques que están recibiendo en la región de La Araucanía.

“Estamos pidiendo seguridad, no solo para los camioneros, sino para todos los chilenos”, dijo José Villagrán, presidente de la Federación de Camioneros del Sur.

¿A qué se refiere? En los últimos tiempos, varios camioneros han sido atacados en circunstancias extrañas. Se recuerda, por ejemplo, que hace unas semanas cuatro sujetos dispararon a un camión, hiriendo gravemente a una niña. Luego de ello, la familia que se encontraba en la cabina fue obligada a bajar del auto, que más adelante sería incendiado. ¿Quiénes fueron señalados como los presuntos culpables? Los mapuches.

Al respecto, “El Comercio” de Ecuador anota: “En La Araucanía, los ataques incendiarios a camiones, maquinaria agrícola y predios en manos de privados son frecuentes, en el marco de un conflicto derivado de la demanda de las comunidades del pueblo mapuche, que reclama la restitución de tierras que consideran suyas por derechos ancestrales”.

Con eso en mente, Villagrán exige que el gobierno apruebe trece polémicas leyes que, entre otras cosas, aumentarán la sanción a quienes ataquen una cabina de camión.

Por su parte, la Confederación Nacional de Carga de Chile (CNTC) agregó: “Exigimos de manera urgente que el Poder Ejecutivo realice todas las adecuaciones necesarias junto a sus policías tendientes a la prevención de delitos, como a la desarticulación inmediata de todo tipo de organizaciones terroristas y narcoterroristas que se han adueñado de las calles”.

LAS POLÉMICAS TRECE LEYES

El politólogo chileno Eduardo Vergara, en diálogo con la Deutsche Welle, ha compartido su preocupación al notar una agenda similar entre lo que buscan los camioneros y el gobierno de Sebastián Piñera. Para él, hablar de terrorismo es una exageración, y las soluciones planteadas no van a terminar con el problema.

“Son leyes punitivas, populismo de mano dura. La evidencia demuestra que no van a tener impacto alguno sobre la seguridad, sino que lo único que van a conseguir es encarcelar a más personas. Es un acto antidemocrático de los camioneros querer imponer sus leyes y amenazar con paralizar la vida de todos los chilenos”, declaró.

Para el politólogo chileno Pierre Lebret, los últimos hechos violentos responderían al reclamo de los mapuches al ver a sus autoridades en prisión. Habría que recordar que el único que logró un acuerdo con el Estado fue Celestino Córdova.

“Esta es una deuda histórica del Estado chileno. Cuando la solución debiese ser política, se ha decidido militarizar la zona [...] –declaró a la Deutsche Welle–. Ningún hecho de violencia puede ser justificado, pero lo violento e impactante es un Estado que no es capaz de generar las condiciones para una paz duradera en la región”.

ARAUCO TAMBIÉN TIENE UNA PENA

“La demanda [de los mapuches] con el Estado chileno no tiene 400 años, como suelen decir. Tiene 150 años. El problema con los mapuches [aparece] después de la Independencia. Yo crecí entiendo que Argentina nos había quitado la Patagonia porque nosotros estábamos peleando con Perú y Bolivia en el norte. Y eso no es cierto. El río Bio Bio, al sur, era territorio Mapuche hasta mediados del siglo XIX, y eso por un acuerdo entre la corona española y ellos. Los mapuches sienten que el Estado chileno los despojó y que no les cumplió las promesas”.

No son las palabras de un activista ni de un profesor universitario. Quien habla es Luis Felipe Gazitúa, presidente de Empresas CMPC, la mayor forestal de La Araucanía. Durante una conferencia virtual (que luego se viralizó) frente a un grupo de empresarios, Gazitúa puso los puntos sobre las íes: el Estado y la mayoría de chilenos hacen como si el conflicto no existiera, y solo se alarman cuando las noticias dan cuenta de atentados o se habla de la huelga de hambre de Celestino Córdova.

Es el silencio y la invisibilización lo que ha condenado a los mapuches (un 10% de la población chilena) a la pobreza. “Yo les pregunto a ustedes, si hoy vivieran en un territorio de mil kilómetros cuadrados, y de un día para otro lo reducen a diez. ¿Qué les pasaría? Se empobrecen. No estoy haciendo un juicio de valor. Estoy describiendo el hecho”, agregó Gazitúa.

¿Qué es lo que quiere el pueblo mapuche? “Yo les aseguro que la inmensa mayoría quiere paz, trabajo, desarrollo y crecimiento. Yo he escuchado a mujeres mapuches decir ’nosotros no estamos de acuerdo con la violencia, entendemos que nos desprestigia, pero si no hubiera violencia, nadie nos miraría”.

Gazitúa, más adelante, explicó esta última frase al diario “La Tercera”. Para ello, utilizó una metáfora: la violencia –que a su entender jamás es el camino para solucionar los problemas– es como cuando uno tiene fiebre producto de una enfermedad. No basta con tomar una pastilla y bajar la temperatura, sino que hay que resolver el problema de fondo, porque la enfermedad se puede salir de control.

“Hay que ir a los temas de fondo, que son políticos, sociales, económicos, de reconocimiento. Este es un enfermo que tiene fiebre desde hace 20 años y la mayor parte de Chile piensa que lo que hay que hacer es atacar la fiebre. Yo creo que el recrudecimiento de la violencia es natural: al enfermo le está subiendo la fiebre. Este es un problema extremadamente complejo y nadie es capaz de resolverlo por sí solo. [...] Hay que sentarse a dialogar sin exclusión de temas con todos los involucrados”.

Ahora que en Chile se viene un plebiscito –a realizarse el 25 de octubre– que decidirá si se trabajará en una nueva Constitución, valdría preguntarse cuáles son las posibilidades de integrar al pueblo mapuche al aparato estatal, respetando todas sus particularidades.

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