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Ciudad de México (DPA)
El gobierno de México ofreció hoy una recompensa de hasta 1,5 millones de pesos (110.000 dólares) por datos que permitan dar con el paradero de cada uno de los 43 estudiantes desaparecidos hace casi un mes en el sur del país, en un hecho en el que se aliaron policías y criminales.
El aviso de recompensa de las autoridades federales fue publicado hoy a doble página en los mayores diarios del país con la foto individual de los estudiantes, la mayoría veinteañeros, que estudiaban en la escuela rural para maestros de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.
Además, se ofreció una recompensa similar a quien brinde información que permita "la identificación, localización, detención o aprehensión" de los probables responsables de haberlos desaparecido.
Los hechos ocurrieron el 26 de septiembre después de que los estudiantes, que se habían apoderado de tres autobuses para movilizarse, fueran atacados a balazos por policías en la ciudad de Iguala, de 140.000 habitantes, ubicada unos 200 kilómetros al sur del país.
Hubo seis muertos, 25 heridos y varios detenidos, que no se sabe a dónde fueron llevados.
La recompensa fijada por el gobierno de Enrique Peña Nieto para dar con su paradero lleva la firma de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación (ministerio del Interior) y las fuerzas armadas.
El pago se dará al que proporcione información "útil y veraz, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente" a la localización.
Antes, el gobierno regional de Guerrero había ofrecido también una recompensa por un millón de pesos (75.000 dólares) al que ayudara a localizar a los jóvenes.
Según integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, en la desaparición de los jóvenes participaron miembros de esa agrupación y policías municipales de Iguala y de la vecina ciudad de Cocula. Dos de los detenidos dijeron que participaron en el asesinato de 17 jóvenes.
Hasta ahora han sido detenidos 26 policías y 17 integrantes de la banda, una escisión del cártel de los Beltrán Leyva, que condujeron a un sitio donde se hallaron varias fosas clandestinas con 28 cuerpos y otros restos humanos.
Sin embargo, estudios de ADN realizados por la fiscalía no identificaron a los jóvenes entre los muertos. Peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense que se integraron a las investigaciones a pedido de las familias todavía no han dado sus conclusiones.
Después de la desaparición, se desplegaron 1.850 policías federales, militares e infantes de Marina en la zona de Iguala para buscar a los jóvenes y reforzar la seguridad.
Los estudiantes han sido rastareados sin éxito con helicópteros, aviones, patrullas, a caballo y con buzos en áres urbanas y en cerros, cuevas, cañadas y cuerpos de agua de la zona.
