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Iguala, EFE
La Gendarmería mexicana asumió hoy el control de la seguridad de Iguala, un municipio de Guerrero agobiado por la violencia y que ha acaparado las primeras planas por la desaparición de 43 estudiantes hace 10 días a manos de policías y criminales.
El despliegue de tropas es la respuesta que el presidente Enrique Peña Nieto dio este lunes a los familiares de los 43 alumnos que desaparecieron en la ciudad de Iguala la noche del 26 de setiembre pasado, tras varios ataques que dejaron 6 muertos y 25 heridos, y a una sociedad que reclama justicia.
El mandatario, que la semana pasada había pedido al gobernador del sureño estado de Guerrero, el izquierdista Ángel Aguirre, que asumiera su responsabilidad en la violencia de Iguala, dijo hoy sentirse "indignado" y "consternado por la información divulgada el fin de semana".
La Fiscalía de Guerrero confirmó el domingo el hallazgo de 28 cuerpos en fosas clandestinas que podrían corresponder a algunos de los jóvenes que desaparecieron después de que policías y miembros del crimen organizado atacaran a tiros a alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa que se habían apoderado de unos autobuses.
Aunque las autoridades esperarán los resultados de las pruebas genéticas para determinar la identidad de los 28 cuerpos, algo que podría tardar semanas, tres detenidos por los hechos del 26 de setiembre confesaron haber asesinado a 17 estudiantes en la comunidad donde fueron halladas las fosas.
Los indicios de que el grupo criminal Guerreros Unidos participó en los hechos llevaron a la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) a asumir el fin de semana la investigación de los hechos violentos y de la desaparición de los 43 estudiantes.
"El Estado mexicano, me dijo el presidente, no puede darse el lujo de ignorar una situación de esta naturaleza", señaló en rueda de prensa el titular de la PGR, Jesús Murillo.
El Gobierno federal también dio un vuelco a su postura tras los reclamos de los familiares de los desaparecidos de una "investigación seria" de los hechos y la aparición con vida de los jóvenes, a los que se han sumado numerosas organismos nacionales e internacionales.
Peña Nieto "nos los tiene que entregar con vida", dijo Manuel, tío de uno de los desaparecidos, desde la Normal de Ayotzinapa (escuela dedicada a la formación de maestros de primaria), donde se han instalado los familiares a la espera de noticias.
"No es que nos haga un favor, es su obligación buscarlos y entregarnos a nuestros hijos con vida", afirmó otra familiar de uno de los estudiantes, después de que el mandatario anunciara una "profunda investigación" de la violencia registrada en Iguala.
"Nuestros hijos no hicieron nada indebido para que nos hicieran esto", añadió la mujer, convencida de que el Gobierno ha querido exterminar la escuela porque "no le conviene tener un pueblo preparado".
Peña Nieto calificó esos actos de "indignantes, dolorosos e inaceptables" y dio la razón a los familiares de los jóvenes desaparecidos que demandan el "esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia", por lo que ordenó a su gabinete de seguridad tomar medidas al respecto.
Entre ellas, el despliegue en Iguala de miembros de la Gendarmería, una nueva división de la Policía Federal, para que realicen labores de seguridad con el "acompañamiento" del Ejército en condiciones especiales.
