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México (Agencias)
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) del estado mexicano de Sinaloa condenó hoy el asesinato del líder campesino Atilano Román, quien fue atacado ayer a tiros cuando transmitía un programa de radio en el puerto de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, noroeste de México.
Román, que era dirigente de la Unión de Afectados de la Presa Picachos, una comunidad afectada por una represa, fue asesinado en vivo cuando conducía su programa “Aquí es mi tierra”.
En los hechos, dos hombres que portaban pistolas ingresaron a la cabina de radio y dispararon contra Román, quien quedó herido y falleció cuando era atendido en un hospital.
Los medios locales informaron que el hombre recibió tres disparos, uno de éstos en la cara. Los disparos se escucharon durante la transmisión.
Asimismo, los oyentes pudieron escuchar los gritos de "¡Lo mataron!, ¡Lo mataron!" realizados por otras tres personas en la cabina, que no resultaron heridas. Los criminales huyeron tras el asesinato.
La fiscalía estatal confiscó la grabación del programa. "No estaba haciendo críticas fuertes en ese momento, hablaba de cuestiones agrarias", dijeron las autoridades.
La CEDH informó en un comunicado que solicitó a la fiscalía estatal responsable de la investigación desarrollar todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.
Asimismo, la CEDH indicó que se deben brindar medidas cautelares para auxiliar a los familiares de Román a fin de garantizar asesoría jurídica, médica, sicológica y protección física y de seguridad.
Además, el organismo solicitó extender esta misma protección para el diario El Sol de Mazatlán, debido a que el crimen ocurrió dentro de sus instalaciones, donde se ubica la estación de radio.
Román era conocido por encabezar las protestas de comuneros que habían sido desplazados por la construcción de la Presa Picachos, inaugurada por el Gobierno de Felipe Calderón en 2012, y quienes habían realizado bloqueos en la zona turística de Mazatlán.
El líder comunero comenzó a realizar nuevas movilizaciones en los últimos meses para exigir permisos para explotar la pesca comercial en la misma presa, en disputa con otro grupo de comuneros.
El dirigente se quejaba de que los Gobiernos federal y estatal habían incumplido las promesas de beneficios para los habitantes de los pueblos afectados por la construcción de esa obra, entre otras la edificación de viviendas, caminos y empleos.
La Procuraduría de Justicia de Sinaloa abrió una investigación sobre los hechos y para ubicar a los responsables del crimen.
