Los tentáculos de los cárteles mexicanos en América Latina

Los cárteles mexicanos de la droga han extendido sus redes en Latinoamérica. Sin embargo, en vez de tener células en otros países, han optado por una estrategia más práctica: forjar alianzas con los grupos locales. De este modo, ganan en invisibilidad y rapidez.

En algunos casos, como en Colombia y en Venezuela, estas alianzas están más arraigadas, el negocio más delimitado e incluso, de acuerdo con la investigación del Grupo de Diarios América (GDA), alcanza al aparato de seguridad y de gobierno. Los grupos con los que se vinculan tienen nombre y apellido: de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al Clan del Golfo, pasando por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En suelo venezolano, la liga es con el llamado Cártel de los Soles.

El Cártel de Sinaloa es, sin duda, el más poderoso y con más nexos en la región, seguido de cerca por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las autoridades mexicanas advierten que se trata de las dos organizaciones criminales más importantes en México, con carácter transnacional y cuyas redes se extienden no solo a Centroamérica y Sudamérica, sino a Europa y al interior de Estados Unidos, destino final de la mayor parte de la droga que se mueve desde Latinoamérica.

Para los mexicanos, estas alianzas son clave y le han permitido mantener el liderazgo en el negocio del tráfico de drogas y seguir inundando el mercado estadounidense.

Para el experto en seguridad Ricardo Márquez Blas, el fortalecimiento de los grupos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación ha sido paralelo a su fortalecimiento al interior del país. “Es notable su presencia y avance en Colombia, Ecuador y la región centroamericana, donde controlan en tráfico de drogas por tierra, mar y aire, en alianzas con las organizaciones locales”, describió.

Y añadió: “Es notable e importante el avance de los más poderosos cárteles mexicanos en América Latina; por eso la preocupación de los Estados Unidos en cuanto al fentanilo”.

Con Colombia, un negocio en toda forma

Colombia es el mayor productor de cocaína a nivel mundial. En el país, de acuerdo con datos de Naciones Unidas, a través del Sistema Integrado de Medición de Cultivos Ilícitos, Simci, 2020, se encuentran 143 mil hectáreas sembradas con matas de coca, lo que equivale a una producción anual de mil 180 toneladas de cocaína.

Los narcocultivos se concentran en cinco departamentos: Norte de Santander (40mil 84 hectáreas), Nariño (30 mil 751 hectáreas), Putumayo (19 mil 986 hectáreas), Cauca (16 mil 544 hectáreas) y Antioquia (12 mil 90 hectáreas).

Es en estas regiones donde se concentran las principales redes dedicadas a la producción de base de coca y clorhidrato de cocaína: el clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN, además de algunos pequeños grupos de narcotraficantes.

El negocio está muy bien delimitado. Estos grupos compran la base o pasta de coca a los campesinos, y emisarios mexicanos compran a los colombianos.

Autoridades y residentes locales en Colombia señalan que no hay una presencia constante de miembros de los cárteles mexicanos; más bien, de unos cinco años a la fecha, se ven, de cuando en cuando, emisarios del Cártel de Sinaloa, seguido por el CJNG, pero también de los Zetas e incluso del Cártel de Oaxaca. Estos emisarios viajan por periodos cortos a las zonas cocaleras para verificar la cantidad de droga pactada, y la calidad.

Según la Policía Nacional, 75% de la cocaína que se produce en Colombia es vendida a los cárteles mexicanos.

“Hay muy poca evidencia en Colombia de la presencia de capos mexicanos; envían emisarios. Prueba de ello es que no ha habido capturas de por parte de las autoridades. [Los mexicanos] Son compradores, porque Colombia es el mayor productor de cocaína en el mundo, entonces van a las zonas cocaleras”, afirma Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac.

“Uno escucha que los mexicanos vienen, sobre todo cuando alquilan los grilles o centros nocturnos porque las fiestas son bravas, traen hasta mujeres de Cali o Popayán”, dijo al diario colombiano un labriego de la región en Tumaco que prefirió no ser identificado.

El hombre, de 34 años, se dedica a la siembra de la mata de coca. Le pagan bien, explica. Él nunca ha tenido contacto directo con los mexicanos “pero uno sabe cuando están porque los mueven en las 4x4 y se ven los combos más armados, pero no más. Ellos son los que compran la coca”.

Otro campesino, de la zona de Tibú, en el Norte de Santander, expresa su preocupación, ya que desde hace tres meses “los mexicanos no están comprando la coca y ahora tenemos mucha producción almacenada y eso nos genera problemas, a tal punto, que como aquí solo se comercia coca, pues estamos en trueque para poder comer, intercambiamos víveres”.

Los campesinos cuentan que la base de coca que procesan se la venden a los grupos (disidencias en especial), y los ilegales tienen la forma – cristalizaderos – para procesarla a clorhidrato y se la venden emisarios de carteles de ‘Jalisco Nueva Generación’ y de ‘Sinaloa’.

“Ellos se meten bien adentro, negocian y se llevan la coca por las pistas al otro lado (Venezuela)”. Sobre la razón por la que los mexicanos se alejaron, dice que “nadie tiene claro que pasó. Pero se rumora que los ‘faltonearon’ con una carga o con la calidad y no volvieron”.

La situación de sobreproducción, detalla, es muy evidente porque el kilo está bajando: Antes del problema estaba sobre los 3 millones 500 mil pesos colombianos (16 mil 65 pesos mexicanos), hoy está en 2 millones 800 mil pesos colombianos (12 mil 852 pesos mexicanos).

Venezuela, el aeródromo del narco y el pueblo de Sinaloa

En el caso de Venezuela, InSightCrime documentó en el 2020 la presencia del Cártel de Sinaloa en el estado de Zulia. Según la organización, la presencia del narco mexicano ha crecido a tal punto que “existe un pueblo en el estado que ha sido rebautizado con el nombre de Sinaloa”.

Ganaderos, productores y lugareños son testigos de la llegada de mexicanos, que suelen estar de paso. Como en Colombia, se hacen notar con “lujosas camionetas último modelo, fiestas con narcocorridos de fondo, prostitución y otra serie de excentricidades que han cambiado la cotidianidad de esta zona”.

En un informe de 2021, la Organización de Naciones Unidas (ONU) dijo contar con evidencias de que el Cártel de Sinaloa tiene presencia en Zulia, “donde se ha aprovechado de las pistas de aterrizaje para la construcción de centros de tránsito y acopio de estupefacientes con el apoyo del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, que amplió sus actividades a Venezuela”.

La mayoría de pistas clandestinas que utilizan los cárteles mexicanos están ubicadas en este estado de Zulia, que limita con la región del Catacumbo en Colombia.

De acuerdo con el reporte de InSightCrime, los narcos mexicanos llegan “a las fincas de productores agropecuarios ofreciendo grandes sumas de dinero para que les permitan utilizar las pistas existentes o habilitar espacios para el aterrizaje y despegue de narcoaviones”. Ganaderos reportan que el pago va de 40 mil (807 mil pesos mexicanos) a 60 mil dólares (un millón 210 mil pesos mexicanos) por cada “toque” (aterrizaje).

El poder de los cárteles mexicanos es tan grande que el CJNG y Sinaloa enviaron “negociadores” para frenar los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN que les generaban pérdidas millonarias, al trabar el envío de cargamentos de drogas.

Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la Agencias Antidrogas (DEA) de Estados Unidos, destaca otro aspecto de la operación de los cárteles mexicanos en Venezuela: la alianza con la red conocida como Cártel de los Soles, que ha sido ligada al chavismo y que opera de forma cada vez más activa, controlando, según Vigil, “el movimiento de la cocaína a través de sus socios mexicanos”.

Jeremy McDermott, codirector y cofundador de InsightCrime, un centro de investigación sobre crimen organizado en América Latina y el Caribe, describe a Los Soles en declaraciones a la cadena británica BBC, como “un grupo de círculos o redes dentro del régimen chavista que facilitan, protegen o participan en el narcotráfico”.

Así, afirma, “la diferencia en Venezuela comparado con México y Colombia es que dentro de Venezuela un buen porcentaje del negocio está manejado por dentro del Estado”.

Durante el juicio a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, recuerda El Nacional, se confirmó la relación del narco mexicano con estructuras de poder en suelo venezolano.

La fiscal Gina Parlovecchio presentó audios de pláticas entre “El Chapo” y “Toño”, un hombre de origen dominicano a quien el narco colombiano Alex Cifuentes-Villa recomendó para distribuir droga en Estados Unidos. En la conversación, el mexicano le reclamaba por la tardanza para que llegaran “los muebles”, aludiendo a avionetas que irían a “Loco”. Según “Toño”, así era como el sinaloense llamaba a Hugo Chávez.

En declaraciones a BBC, Cliver Alcalá, exgeneral cercano a Hugo Chávez que luego rompió con Nicolás Maduro, habló de los soles, y reconoció que “de que existe una estructura que permite que la droga pase a Colombia, pase por Venezuela y llegue a Europa y Estados Unidos, existe. Las evidencias están cuando la droga llega a esos lugares”, dijo.

De El Salvador para México, lecciones de violencia

La presencia de los cárteles mexicanos en El Salvador es más diversa: del Cártel de Sinaloa al Cártel del Golfo, la Familia Michoacana, Los Zetas y el CJNG, según información de la DEA. Estos grupos están activos en el país desde 2012, aunque no fue hasta 2018 y 2019 que se conocieron más detalles de sus operaciones. La presencia más reciente es la del CJNG.

En este país, los narcos mexicanos se aliaron con los jefes históricos de la Mara Salvatrucha (MS-13), que a pesar de estar en prisión, controlan a sus bases, diseminadas en células (clicas) a lo ancho del país.

Ese control, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través del grupo de tarea Vulcano (formado por la mayoría de agencias de seguridad estadounidenses) convierte a la MS-13 en un actor clave en el trasiego de droga que viene de Sudamérica, hacia Estados Unidos.

De acuerdo con una acusación en Estados Unidos contra 14 jefes históricos de la MS-13, éstos establecieron contacto con los cárteles ya mencionados para “obtener narcóticos y armas de fuego”, así como para hacer negocios relacionados con “la trata y el contrabando de personas”.

Aunque en algunos países se emulan prácticas de violencia típicas de los cárteles mexicanos, en el caso de la MS-13, la relación ha sido exactamente al revés. Según investigaciones de la DEA, fue la Mara Salvatrucha la que en su momento adiestró a Los Zetas y a los hermanos Beltrán Leyva para ejercer extrema violencia.

Perú, negocios en el Vraem

En Perú, las autoridades han detectado presencia del Cártel de Sinaloa desde hace 10 o 12 años. En especial, mantienen vínculos con traficantes del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) y la región del Alto Huallaga, ambos en la selva peruana.

En este caso, el fin del negocio es comprar la cocaína que se produce en el Vraem, donde clanes familiares transforman la pasta base en clorhidrato de cocaína. Los traficantes mexicanos acopian la droga en ciudades ubicadas cerca de los puertos, como Piura, Trujillo y el Callao y la “siembran” en barcos con destino a Estados Unidos o Europa. En menos ocasiones, utilizan avionetas que llevan la droga a Bolivia.

El papel de los clanes peruanos se limita, básicamente, a trasladar la droga de la selva a las ciudades costeras.

En Argentina, narcotráfico y lavado

En 2008, un crimen triple de empresarios farmacéuticos dejó al descubierto el tráfico a gran escala desde Argentina para los cárteles mexicanos de las drogas, en especial para el Cártel de Sinaloa.

En 2017 fueron confiscados casi 2 mil kilos de cocaína y fueron condenados tres mexicanos ligados al Cártel de Michoacán. Actualmente se tienen detectadas células de los cárteles mexicanos operando en el norte de Argentina (Salta-Jujuy), cerca de la frontera con Bolivia, que es uno de los mayores proveedores regionales de cocaína, junto con Perú y Colombia.

Para operar, los mexicanos se alían con grupos locales. Trabajan en células, para garantizar el mercado de la cocaína y el incipiente mercado de la heroína. Aportan conocimiento y recursos, más que actuar directamente en la logística de producción y distribución.

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Además del narcotráfico, también se dedican al lavado de dinero, con inversiones en distintos sectores productivos en Argentina, principalmente en el mercado inmobiliario.

No se han reportado casos de violencia asociados a los cárteles mexicanos; en cambio, los narcos mexicanos aportaron a las bandas locales con las que se fusionaron su conocimiento en cuanto a métodos extorsivos y de venganzas o represalias, con mutilaciones o ejecuciones.

“Argentina, desde hace décadas, no tiene un programa nacional de lucha contra el narcotráfico. Hay un trabajo reactivo que se vicia con la incautación de estupefacientes, fundamentalmente de marihuana, y ahí se estanca. No se toca la matriz subterránea de la criminalidad porque no hay investigación criminal rigurosa. Eso facilita la penetración de narcos mexicanos y de otras nacionalidades”, advierte la socióloga Laura Etcharren, especialista en materia de narcotráfico.

“Hoy, en Argentina los mexicanos son un recurso más de la criminalidad. Ya no son el recurso por excelencia, como lo fueron hasta hace poco menos de diez años. Argentina es un ecosistema narco donde todas las vertientes del crimen organizado tienen capacidad operativa. Que los diferentes colores criminales no entren en conflicto se debe a los acuerdos dentro de ese ecosistema. La misma criminalidad se regula para poder operar, testear y ampliar sus estructuras”, añade.

Brasil, la alianza con el PCC

Los cárteles mexicanos se infiltraron también en Brasil, el gigante sudamericano. Investigaciones de la Policía Federal y de la Policía Civil de Sao Paulo han detectado la presencia de narcotraficantes del CJNG, de Sinaloa y de Juárez.

Las pesquisas revelan que en los últimos 10 años, los narcos mexicanos han venido operando a través de acuerdos con el Primer Comando Capital (PCC), la mayor organización criminal no sólo de Brasil, sino de Sudamérica, que a su vez tiene alianzas con grupos en otros países, como La Banda de los Monos, en Argentina, y a la que se atribuyen múltiples asesinatos.

Aunque existen pocas pruebas sobre los acuerdos entre el PCC y los cárteles mexicanos, en 2019 el Ministerio Público denunció a Decinho, uno de los jefes del PCC en Sao Paulo, y en ese momento señaló que el Cártel de Sinaloa era un “proveedor de drogas a gran escala para el PCC, abasteciendo tanto el mercado interno como exportando drogas a Europa”.

A partir de las investigaciones, se revela también el creciente papel de Brasil como plataforma para el envío de droga de los cárteles mexicanos a Europa. Uno de esos casos fue el que llevó a la detención, en 2016, de cuatro mexicanos, acusados de pertenecer al CJNG y que pretendían enviar un cargamento de 90 kilos de cocaína a Europa.

Como sucede en el resto de países incluidos en esta investigación, en términos generales la presencia de los cárteles mexicanos no se ha traducido en mayor violencia en esas naciones, o al menos no una que pueda ser ligada directamente al narco mexicano.

Sin estrategia conjunta

Pese a la confirmación de las alianzas entre los narcos mexicanos con grupos en Colombia, Venezuela, El Salvador, Argentina, Brasil y Perú, no existe una estrategia conjunta de parte de los gobiernos afectados para combatir este fenómeno. Cada Estado ha emprendido su propia lucha, a nivel interno, o apenas en comunicación con algún otro, o ignorado de plano el asunto.

Para el experto mexicano Márquez Blas, un factor importante que ha facilitado el poderío de los cárteles en la región es el deterioro de la cooperación bilateral y multilateral en la región entre las corporaciones policiales y de procuración de justicia. “La cooperación entre las fuerzas del orden se ha deteriorado mientras que la coordinación de organizaciones crimínales trasnacionales se ha fortalecido”, expone.

Colombia tiene acuerdos de cooperación internacional con todos los países del hemisferio, a excepción de Venezuela (aunque el gobierno de Gustavo Petro ha dado los primeros pasos para reactivarla), pero no una estrategia específica de combate a la presencia del narco mexicano.

Estados Unidos es su principal socio en la lucha contra las drogas. Las autoridades trabajan de manera coordinada, compartiendo información en tiempo real, por ejemplo, para desarrollar las operaciones e interdicción.

Con Petro en el poder, la estrategia podría cambiar: el presidente ha ofrecido diálogo al Clan del Golfo, al ELN y otros grupos, y ofrecido garantías a cambio de un acuerdo de paz. Otra de las propuestas de Petro es la legalización de la cannabis con fines recreativos, lo que podría tener cierto impacto en el mundo del narcotráfico.

En Venezuela, en junio de 2021 el presidente Nicolás Maduro afirmó que su gobierno se planta “firme para acabar con el narcotráfico en nuestro territorio, ratificamos el compromiso de garantizar una patria segura, próspera y libre de drogas”. Se trata, en sí, de una estrategia enfocada en el decomiso de drogas, pero no en la lucha contra los cárteles.

El rompimiento del diálogo con Colombia ha beneficiado a los grupos dedicados al narcotráfico, que operan sin mayores problemas.

Tampoco en El Salvador existe, al menos públicamente, algún tipo de diálogo con otros gobiernos de la región para enfrentar el problema de manera conjunta. En el más reciente encuentro entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y su homólogo salvadoreño Nayib Bukele, en mayo pasado, no hubo alusión a algún trabajo conjunto sobre narcotráfico.

En Argentina, recientemente el Ministerio de Seguridad de la Nación fomentó acuerdos de cooperación con los gobiernos de Paraguay y Brasil, especialmente para el intercambio de información relativa a las operaciones de organizaciones en las zonas de frontera. La principal preocupación de ese esfuerzo tripartito es, actualmente, la actividad del Primer Comando Capital (PCC). Pero no hay algo similar con el gobierno de México.

Tampoco en Brasil, donde el gobierno de Jair Bolsonaro no es muy cercano con el de López Obrador, siendo de tendencias políticas totalmente opuestas.

En Perú, la estrategia de los gobiernos de los últimos años ha sido la de “ahogar” las zonas donde se produce cocaína, prohibiendo el ingreso de insumos químicos y desplegando un plan de erradicación de cultivos de hoja de coca. Sin embargo, investigaciones indican que el abandono del Estado a estas localidades, y la corrupción de autoridades civiles y de los institutos armados, ayuda a que el narcotráfico se mantenga como la principal actividad económica en ciertas regiones.

A pesar de ser los principales productores de cocaína en el mundo, Colombia, Perú y Bolivia operan de forma independiente.

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