Venezuela: ¿El régimen de Nicolás Maduro será acusado por crímenes de lesa humanidad?

Se trata de un proceso que se inició en el 2018, cuando varios países -entre ellos Colombia, Chile, Perú y Canadá- pidieron al tribunal supranacional que pusiera la lupa sobre Nicolás Maduro y su régimen en relación con la represión con mano de hierro de las protestas ciudadanas del 2017.

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Las violaciones contra los derechos humanos fueron flagrantes. Mientras el oficialismo se enquistaba en el poder a partir de unas elecciones aparentemente amañadas (y daba forma a una Asamblea Nacional Constituyente sacada de la manga), los opositores al régimen tomaron las calles.

Y, claro, eso no se podía permitir.

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France 24 recuerda que hubo “un saldo de 127 muertos y miles de heridos” y que el oficialismo y los opositores se señalaban mutuamente como culpables.

En total fueron más de cien días de protesta y de “enfrentamientos entre civiles y la policía”. Con eso, el 16 de julio, “más de 7 millones de venezolanos rechazaron” que la Constitución se cambiara, aunque fue en vano.

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en cuestión de cuatro meses se registraron 6.729 manifestaciones en todo el país, un aumento del 157% con respecto a las del año anterior.

“Se destaca que en estos 4 meses se registraron acciones violentas de grupos paramilitares en al menos 523 protestas”.

Uno de los que fueron asesinados, recuerda José Carrasquero, profesor de Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, fue Óscar Pérez. “Fue este muchacho que se subió a un helicóptero y voló sobre Caracas mostrando la bandera de Venezuela”.

Así fue como, dice la BBC, se convirtió en uno de los más buscados en el país: su rostro “se veía en las paredes del aeropuerto de Caracas, donde se lo calificaba de ‘terrorista y fascista’”.

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Carrasquero agrega: “Luego, lo descubrieron escondido en una casa y lo masacraron. Lo mataron a él y a todos lo que estaban allí. Y no hay una investigación abierta sobre su caso”.

A partir de este tipo de crímenes, la Corte Penal Internacional (CPI) abrió un examen preliminar para determinar el papel del régimen de Maduro, lo que se aunó a un documento del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, publicado en setiembre del 2020.

En él se leía:

“Fuerzas de seguridad venezolanas han llevado a cabo terribles torturas y asesinatos usando técnicas como descargas eléctricas, mutilación genital y asfixia”.

Y en noviembre del año pasado, quien hasta hace poco fuera la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, habló al respecto de lo que viene sucediendo desde el 2017:

“Existe una base razonable para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de la competencia de la Corte [...] [Y pareciera que] las autoridades no están realmente dispuestas a investigar y/o enjuiciar esos casos”.

Tretas y posibles salidas

Si Khan llegó a Venezuela es porque el mismo gobierno lo invitó. Carrasquero anota que se trata de una estrategia que ya tiene casi un año y con la que el régimen chavista busca mostrar al país como un lugar en el que sí funciona la justicia y que no necesita a la CPI. Es decir, una forma de lavarse la cara frente a la comunidad internacional.

“En los últimos meses, condenaron a unos torturadores y policías que dejaron ciego a un muchacho”, anota.

Al respecto, Mariano de Alba, politólogo y abogado especializado en derecho internacional, anota:

“Se ha hablado mucho del maquillaje, de que el gobierno venezolano empezó a mover presos políticos de cárceles militares a regulares, pintó cárceles y centros de detención”.

Sin embargo, anota, eso sería completamente irrelevante.

“El asunto crucial que tiene que evaluar la fiscalía de la CPI es si hay investigaciones serias en curso, genuinas, que están avanzando según los tiempos procesales, y si van en contra de los más altos responsables”.

Si las hay, entonces la CPI deberá esperar y dejar que el sistema de justicia nacional siga su curso (porque este prevalece). De lo contrario -y si no se están juzgando a funcionarios de alto rango-, “muy probablemente se decida avanzar a la fase, la de investigación”.

Así es: no hay que esperar que mañana el fiscal Khan condene a Maduro y a su régimen; su trabajo, por el momento, es otro.

“Decidir si se inicia o no la fase de investigación dependerá de si el sistema de justicia venezolano reacciona o no. Yo creo que todavía hay espacio para eso, aunque también hay personas que dirán que es imposible porque no existe la independencia judicial”.

¿Cuál sería el camino que salvaría a Maduro? De Alba lo resume en una palabra: concesiones.

“Quizás la concesión más extrema sería traicionar a uno o dos altos funcionarios que estuvieron involucrados en la represión del 2017, enjuiciarlos. También podrían darle mayor acceso a la fiscalía de la CPI a pruebas que maneja la fiscalía venezolana, o permitir que uno de sus equipos se establezca en Venezuela”.

Tarda, ¿pero llegará?

Determinar si la fiscalía de la CPI acusará al gobierno de Maduro por crímenes de lesa humanidad es un albur, y hay tres razones para ello.

El analista político venezolano Luis Nunes destaca, primeramente, que los tiempos y la burocracia harán que el proceso se alargue, y que habría que barajar la posibilidad de que esto suceda cuando Maduro esté anciano o haya pasado a mejor vida.

“Puede que la CPI haga su tarea, pero todos los procesos son muy lentos. Por ejemplo, son tres jueces los que tienen que investigar una causa, pero son tantos los crímenes en Venezuela... Que espero que el fiscal visite al Foro Penal Venezolano, que maneja una metodología para registrar todas las violaciones de derechos humanos”.

La otra razón que hace que Nunes sea escéptico es que la fuerza opositora está diezmada y resquebrajada.

“No es la misma de hace años, está dividida. Si se unen para mostrar pruebas contra Hugo Chávez y Maduro, tal vez puedan lograr algo. Aun así… muchos de los líderes venezolanos de peso ni siquiera están en el país”.

Y, finalmente, la misma idea de convocar al fiscal podría ser una treta para dilatar el asunto. Lo explica José Carrasquero:

“Lo que hace Maduro es agregar más información al expediente, de forma que la CPI tenga que ser más acuciosa en su investigación. Eso se paga con tiempo”.

Tiempo parece ser la palabra clave.

De Alba anota que el fiscal Khan no está obligado a dar un informe público, que máximo a lo que se puede aspirar es a la publicación de una nota de prensa que dé cierta información.

“Lo que sí sabemos es que, a inicios de diciembre, la fiscalía publica un resumen de los estados de todos los exámenes preliminares que tienen abiertos, así que, muy probablemente, pronto sepamos cómo va el ejercicio sobre la situación en Venezuela”.

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