¿Qué puede pasar con Gustavo Petro ahora que su hijo afirmó que entró dinero ilegal a su campaña?

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Petro Burgos, de 37 años, fue detenido el sábado 29 de julio en Barranquilla junto con su exesposa, Daysuris Vásquez, y posteriormente se le imputaron los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

El caso estalló en marzo, cuando Vásquez aseguró que Nicolás Petro recibió dinero ilegal para la campaña presidencial de su padre y lo utilizó en beneficio propio.

La Fiscalía General expuso esta semana que el incremento ilegal del patrimonio del hijo del mandatario habría llegado a los 270.000 dólares en el 2022, el mismo año de la campaña en la que su padre ganó la jefatura del Estado.

Al defender los cargos, la fiscalía ha cuestionado el patrimonio de Nicolás Petro, a todas luces incompatible con sus ingresos como diputado regional por el Atlántico, un departamento del norte de Colombia donde son frecuentes las denuncias de compra de votos en época de elecciones.

Nicolás Petro ganaba 13 millones de pesos (3.200 dólares) al mes, pero gastaba como si ganara 200 millones (50.000 dólares). Según la fiscalía, el dinero fue utilizado para comprar una mansión de 408.000 dólares en Barranquilla, un lujoso auto Mercedes Benz de 50.000 dólares y artículos en tiendas de lujo como Salvatore Ferragamo y Carolina Herrera.

Dinero sucio y una campaña bajo la lupa

Si el caso ya había puesto en aprietos a Gustavo Petro, las últimas revelaciones sobre la presunta entrada de dinero ilegal a la campaña presidencial lo han dejado en el medio de un terremoto político que amenaza con escalar.

El jueves 3, el fiscal del caso, Mario Burgos reveló que Nicolás Petro afirmó que abonó a la campaña parte de los 400 millones de pesos (unos USD 102.000) que Samuel Santander Lopesierra, extraditado por narcotráfico a Estados Unidos en el 2003 y libre desde el 2021, le dio el año pasado.

El primogénito del presidente también recibió dinero de un hijo de Alfonso “el turco” Hilsaca, un negociante acusado en el pasado por la fiscalía de financiar grupos paramilitares y planear homicidios.

Según el fiscal, Nicolás Petro se quedó con una porción “y otra parte” de los dineros “fueron invertidos en la campaña presidencial”.

Aunque el hijo del mandatario rechazó inicialmente los señalamientos en su contra, al conocer que la fiscalía tenía pruebas irrefutables de sus delitos, decidió confesar. Burgos le había ofrecido aceptar su responsabilidad para recibir una rebaja del 50% de la posible condena.

En vista del acuerdo, Nicolás Petro estará bajo detención domiciliaria. “No se avizora que pueda obstruir a la justicia, máxime cuando ha renunciado a los derechos y ha indicado que está dispuesto a aportar todas las evidencias relevantes”, explicó el fiscal.

Nicolás fue clave en las aspiraciones de su padre en la región de la costa Caribeña, históricamente reacia a la izquierda, pero que catapultó a Petro a la presidencia en las elecciones de 2022.

Juliana Gil Gutiérrez, periodista política del periódico “El Colombiano” y quien realiza una maestría en Asuntos Internacionales, señala que las nuevas revelaciones y la colaboración entre la fiscalía y el hijo del presidente cambian el caso en una forma determinante porque constituyen la aceptación de que dinero ilegal entró a la campaña y que Nicolás Petro había formado parte del entramado.

“Esta revelación le da validez a las investigaciones periodísticas que hablaban de una presunta financiación, pero que aún no habían sido validadas ni detalladas por una persona que estuvo en la campaña. Nicolás Petro no solo estuvo en la campaña, sino que también es diputado del departamento del Atlántico y fue el que lideró la campaña de su padre en esta región”, dice a El Comercio.

“Esto va a ser como una telenovela política y jurídica que va a durar varios meses más”, dice, por su parte, el senador por el Partido Alianza Verde Ariel Ávila, quien cree que habrá más revelaciones importantes y seguramente terminará en la salida de algunos funcionarios. “El tema jurídico va a durar un año más, pero ahora con una nueva arista: ya no es solo sobre el hijo de Petro, sino la campaña del presidente actual”, señala a este Diario.

Denuncia en el Congreso

Además de críticas de la oposión y el revuelo político, la atención se centra en el impacto que el caso puede tener para el presidente, que cumplirá un año en el poder el 7 de agosto.

La acción más concreta contra el mandatario la ha dado hasta el momento la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia, que ya inició una investigación contra Gustavo Petro por los hechos revelados por su hijo.

“Se viene adelantando un proceso en contra del presidente de la República por los hechos relacionados con las declaraciones de la ciudadana Daysuris Vásquez Castro meses atrás, éste se encuentra en etapa de investigación previa”, informó este viernes 4 el presidente de la Comisión de Investigación y Acusación, Wadith Manzur, del partido Conservador.

La Comisión de Investigación y Acusación es la única con legitimidad para estudiar casos contra un presidente electo y puede elevar, tras la investigación de caso, su destitución a la Cámara de Representantes para que se plantee en el Senado.

Esta investigación se abrió antes de que Nicolás Petro y su exesposa fueran detenidos e imputados. Por eso, según el comunicado firmado por Manzur, los tres representantes que instruyen el caso en la Cámara de Acusaciones determinarán la incorporación de nuevos medios, hechos o denuncias.

Además, hay investigaciones en curso en el Consejo Nacional Electoral (CNE), que es la entidad encargada de investigar y poner las reglas del juego para las campañas electorales en Colombia. La Procuraduría de ese país también ha estado investigando posibles acciones que estén vinculadas a este caso.

El presidente Petro anunció que le dio poder al abogado Mauricio Pava Lugo -quien se desempeña como juez auxiliar de la Corte Suprema de Justicia de Colombia- para que lo represente en los procesos judiciales que se desarrollarán por las acusaciones contra su campaña.

Juliana Gil enfatiza que hasta el momento ni Nicolás Petro ni la Fiscalía General han dicho que el presidente tuviera conocimiento alguno del dinero ilegal que entró a su campaña presidencial. “Hay que tener muy claro que hasta que no haya una vinculación directa del presidente con esos actos no podemos hablar de alguna consecuencia directa en contra de él porque el presidente hasta ahora es inocente”, apunta.

“Lo que existe hoy son acciones institucionales para investigar al mandatario y su campaña. El caso que más puede avanzar, políticamente hablando, es el de la Comisión de Investigación y Acusación, que llamó al presidente para un proceso de investigación. Incluso Nicolás Petro ya anunció que va a testificar ante esta comisión, que es la que puede hacer un juicio político al mandatario por lo que pasó en su campaña”, añade la periodista.

Se debe tener en cuenta que el dinero irregular habría entrado a la campaña del 2022, en momentos en que Gustavo Petro ya ocupaba un cargo público como senador.

Sobre una posible destitución o salida del cargo, Ariel Ávila recuerda que en Colombia hay un régimen presidencialista muy grande y no existen figuras como la destitución presidencial o de llamados a elecciones anticipadas.

“Es cierto que el Congreso puede hacer un juicio, pero nunca ha pasado, entonces lo único que cabría para que deje el poder es una renuncia, pero no creo que se vaya a dar. El presidente no va a ser investigado, tiene fuero por el cargo. Hay que recordar que hemos visto otros casos graves de este tipo como el Proceso 8000 de Ernesto Samper o el caso de la parapolítica de Álvaro Uribe, que terminó con primo preso. Yo creo que esos son dos escándalos más grandes que este”, considera.

¿Un impacto principalmente político?

El escándalo llega en un momento delicado para el gobierno de Gustavo Petro. Además de otros escándalos en su círculo interno, el mandatario atraviesa serias dificultades para lograr el avance de sus ambiciosas reformas en el Congreso. La falta de acuerdos debilitó en los últimos meses su coalición de gobierno y lo obligó a hacer reestructuraciones en su gabinete.

El presidente veía una opción de recuperar el terreno perdido en las elecciones regionales de octubre próximo. Por eso, para Juliana Gil, las últimas revelaciones de Nicolás Petro le dan una mayor visibilidad al caso ante la opinión pública, en un contexto en el que Colombia está en campaña electoral. “La apuesta del gobierno era que su partido, el Pacto Histórico, tuviera la mayoría de los asientos en las alcaldías y gobernaciones del país, pero ahora se complica”.

Ávila sostiene que las consecuencias inmediatas son políticas. “Además del proceso jurídico, lo que viene ahora es todo el debate político, que es lo que yo creo que le va a costar más al presidente porque Gustavo Petro se hizo elegir con un discurso en el que decía ‘nosotros no somos iguales a los otros’ y ahora pasa este escándalo. Estamos a tres meses de las elecciones locales y su partido va a verse castigado muy duramente”, señala.

Recuerda, además, que Colombia tiene en el poder al primer gobierno de izquierda, con unas mayorías que no son estables en el Congreso. “Esto va a ser un dolor para el gobierno durante los tres años que le quedan en el poder. Va a ser una mancha muy grande para el gobierno de Petro y, sobre todo, va a golpear muy duro a su partido”.

Pese a ello, reitera que no cree que esto signifique la salida del presidente y su cargo. “No se cayeron Ernesto Samper ni Álvaro Uribe con todos sus escándalos y no creo que esta vez sea diferente. Como es un gobierno de izquierda podría pasar algo más, pero, en general, si le hacemos caso a la historia vemos que mucha gente puede ir a la cárcel y salir del gobierno menos el presidente”, concluye.