El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, saluda a su llegada al edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana en Santo Domingo, el 25 de marzo de 2023. (Foto de Federico Parra / AFP)
El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, saluda a su llegada al edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana en Santo Domingo, el 25 de marzo de 2023. (Foto de Federico Parra / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Agencia EFE

El presidente de , , promulgó este miércoles una ley que pretende impedir que los altos funcionarios públicos que hayan salido del poder, puedan ser contratados en las áreas donde influyó como autoridad.

Con esta ley se busca que estos funcionarios “no puedan aprovechar todo el conocimiento que tienen desde el cargo, para mañana trasladar como un activo dentro de su currículum para ser contratado por una empresa del rubro”, expresó el mandatario a periodistas desde la sede de Gobierno.

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El gobernante dijo que la promulgación de esta ley es en “honor” a los comunicadores paraguayos, que este miércoles celebran el Día del Periodista.

La denominada Ley de Conflicto de Intereses será aplicada cuando “los intereses particulares de una persona que desempeña funciones públicas o la de su grupo familiar, influyeron o podrían influir en la adopción de decisiones en el ejercicio de su cargo”, se lee en una publicación en las redes sociales de la Presidencia.

Las personas que ejercieron un cargo público no podrán hasta dentro de un año después de su egreso proveer bienes o servicios al organismo en el que ejercieron funciones, detalla la Presidencia.

Asimismo, no podrá ser accionista o particular en empresas sobre las que hubiese ejercido sus competencias.

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La ley afecta a ministros y viceministros del Poder Ejecutivo, al presidente y al resto de los miembros titulares del Banco Central del Paraguay, del Banco Nacional de Fomento, del Fondo Ganadero, del Crédito Agrícola de Habilitación, de la Agencia Financiera de Desarrollo, al presidente de cualquier empresa pública, del Instituto de Previsión Social, el superintendente de bancos, y al superintendente de seguros e interventores del Poder Ejecutivo.

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