El expresidente de Bolivia Evo Morales exigió este martes que cese la “masacre” de indígenas en el Perú que, según el político, “reclaman respeto a su voto” y consideró que “ningún gobierno que se manche las manos con sangre” es “legítimo”, a propósito de los conflictos en ese país tras destitución de Pedro Castillo.
“Nos unimos al clamor de defensores de la vida y Derechos Humanos para exigir que paren la masacre de nuestros hermanos indígenas en #Perú que reclaman respeto a su voto y una democracia que los represente”, escribió Morales en su cuenta oficial de Twitter.
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También sostuvo que “ningún gobierno que se manche las manos con sangre del pueblo es legítimo”.
En otro mensaje publicado horas antes, el exmandatario boliviano comparó lo que ocurre en Perú con los sucesos de 2019 en Bolivia, cuando hubo una crisis social y política posterior a su renuncia en medio de acusaciones de un fraude electoral a su favor en los fallidos comicios generales de ese año.
Morales, que asegura haber sido víctima de un “golpe” en 2019, señaló que ese año “el pueblo humilde enfrentó la represión armada de los golpistas en Bolivia”.
“En el golpe congresal de Perú, el pueblo humilde se enfrenta a la represión de la derecha golpista. La Patria Grande reclama justicia para nuestros hermanos masacrados”, añadió.
Las protestas que estallaron este domingo en Perú contra la presidenta, Dina Boluarte, y el Congreso han dejado siete fallecidos y más de un centenar de policías heridos.
Los enfrentamientos más violentos se están produciendo en el sur del país, concretamente en los departamentos de Apurímac y Arequipa, donde para este martes se anuncian otras movilizaciones, además de las que han convocado sindicatos de Cuzco.
A raíz de la convulsión social, el Gobierno peruano decretó el lunes el estado de emergencia por 60 días en siete provincias de Apurímac, mientras las protestas también se sintieron en Lima, donde manifestantes atacaron el lunes la sede del Ministerio Público y los locales de dos canales de televisión.
Castillo fue arrestado el pasado miércoles después de haber sido destituido por el Congreso de su país tras intentar disolver el Legislativo y convocar un proceso constituyente para evitar un juicio político en su contra.
El gesto de Castillo fue calificado de golpe de Estado por miembros de su propio Gobierno, incluida la ahora presidenta Boluarte, y encontró el rechazo de las Fuerzas Armadas y la Policía.
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