Colombia emite decreto para evaluar casos de jóvenes detenidos en protestas que serían liberados

El Gobierno de Colombia emitió un decreto que crea una comisión gubernamental que valorará los casos de personas pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que están privadas de libertad por casos como las detenciones en protestas para que participen como “voceros” o “gestores de paz”.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, explicó este lunes a los medios que dicha comisión será la encargada de trazar los lineamientos para proponer al presidente Gustavo Petro los nombres de los privados de libertad que consideran que podrían ejercer esa labor de gestores de paz.

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El ministro aseguró que se estudiará “caso por caso” y que “esta decisión no significa, como ya se ha dicho ampliamente, conclusión de procesos ni de investigaciones” de los privados de libertad.

UNA DECISIÓN POLÉMICA

El anuncio hecho por Petro, de nombrar como “gestores de paz” a unos 230 jóvenes detenidos durante las protestas del paro nacional de 2021, para lo cual serán liberados antes de Nochebuena ha traído una larga polémica en Colombia.

A pesar de que la excarcelación de los jóvenes detenidos en las protestas fue una de las promesas de campaña de Petro, ya que la Fiscalía y las autoridades emprendieron tras las protestas de abril y mayo de 2021 una campaña de “judicialización masiva” contra centenares de jóvenes que salieron en las calles a los que se les acusó de delitos que en muchas ocasiones han resultado comprobado que no habían cometido, muchos cuestionan la intromisión del Ejecutivo en los procesos judiciales.

Entre esos detenidos hay personas acusadas por delitos muy graves como torturas o terrorismo, por lo que se cuestiona que se interrumpan sus procesos judiciales, pues se considera que la Justicia debe ser quien considere su responsabilidad.

Además, la figura de “gestores de paz” en el pasado en Colombia se ha usado para liberar a miembros de la guerrilla presos, como una forma de acercamiento a las FARC o al ELN, pero no está valorada para casos individuales de personas que no pertenecen a ninguna estructura o grupo, como es el caso de estas personas “pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que están privadas de libertad”, como los denomina en el decreto el Gobierno.

El director de la ONG DeJusticia, Rodrigo Uprimny, por ejemplo, consideró “problemático constitucionalmente” las modificaciones hechas por el Gobierno de Petro para lograr este fin, pues “otorga al presidente una facultad totalmente abierta para excarcelar detenidos cuando considere que pueden aportar al manejo de la conflictividad social”.

Lo que significa que “hoy lo hace con la primera línea (los manifestantes que estuvieron en la primera filan de confrontación con las fuerzas de seguridad), mañana podría hacerlo con cualquiera”, y además viola la separación de poderes.

LA COMISIÓN Y LOS GESTORES

Estos “gestores de paz”, según una modificación de la ley colombiana aprobada recientemente, son representantes autorizados por el Gobierno para “promover la reconciliación entre los colombianos, la convivencia pacífica y lograr la paz”.

Esto les da poder para “entablar acercamientos y conversaciones con estructuras armadas organizadas de crimen”, así como con grupos armados organizados al margen de la ley.

La “Comisión lntersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana” estará integrada, además de Velásquez, por los ministros de Interior, Alfonso Prada, y de Justicia, Néstor Osuna y por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Mauricio Lizcano.

Velásquez, sin referirse en ningún momento a términos como amnistía o excarcelación, aseguró hoy que “esta misma semana” la comisión tendrá definidos los “lineamientos”, es decir, en qué condiciones podrían ser designados” los privados de libertad, para poder “formular las recomendaciones al señor presidente” de los primeros nombres.

En ese proceso y en este tiempo entonces se definirá, explicó el ministro, “cuál sería la naturaleza de los delitos (de los que puedan entrar en esta lista), si hay exclusiones, a quienes se dirigiría, si están condenados o imputados”, etc.