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La ley antiterrorista chilena está en el centro de un debate. Esta herencia legal de tiempos del gobierno militar de Augusto Pinochet, es criticada severamente por grupos nacionales y organismos internacionales y la administración de la presidenta Michelle Bachelet estudia modificarla.
La justicia chilena ha invocado el polémico código contra integrantes del pueblo mapuche, quienes mantienen un conflicto con el estado por el derecho a sus tierras ancestrales en el sur del país, y podría hacerlo en el futuro contra quienes resulten responsables del estallido de un artefacto explosivo en un vagón vacío en el metro de Santiago.
Pero sólo en las últimas semanas, el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió la reforma de la ley, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó revocar ocho condenas aplicadas en 2003 contra siete mapuches y una activista bajo esta figura legal.
La ley antiterrorista fue promulgada en 1984, cuando el régimen de Pinochet enfrentaba una ola de protestas y algunos grupos de oposición validaban la vía armada insurreccional.
En 1991, cuando llegó la democracia fue modificada eliminando sus aspectos más ideológicos, aunque pàra algunos sigue siendo un recurso "excesivo".
Pero ¿qué dice la ley antiterrorista en Chile?
La ley 18340 endurece las condenas para delitos ya establecidos en el Código Penal (incendio, homicidio o secuestro), llegando incluso a doblar las penas previstas para ellos. Permite el uso de testigos "sin rostro", restringe el acceso a medidas cautelares y extiende los períodos de prisión preventiva.
"Es una ley hecha bajo la lógica de la guerra fría y pese a sus modificaciones lo sigue siendo", explica a BBC Mundo el abogado Jorge Contesse, perito para la CIDH.
Sin embargo, dice Contesse, la ley mantuvo ciertas características que persisten hasta hoy, "que afectan el debido proceso y pueden afectar de forma muy intensa los derechos civiles de las personas".
MAPUCHES BAJO LA LEY
La ley fue invocada en enero del 2013, tras un atentado incendiario en la Araucanía, sur de Chile, en el que murió un matrimonio. Los ancianos, dueños de un predio sobre el cual los mapuches reclaman derechos, murieron calcinados en el interior de su casa.
Cuando todavía era candidata presidencial, Bachelet dijo que se trataba de "un asesinato horrible" pero que ella no invocaría la ley antiterrorista. "No necesitamos la ley antiterrorista. La ley que tenemos contra cualquier persona que asesina a alguien es suficientemente potente", dijo.
El caso terminó con un machi (autoridad religiosa mapuche) condenado a 18 años de cárcel. El tribunal rechazó aplicar la polémica ley, pues no logró probar la motivación terrorista del procesado.
El debate en torno a la aplicación de la ley está marcado por las demandas de loss mapuches, en la mayoría de los casos por hechos de fuerza que afectan a bienes, no personas.
Según un informe del magíster en Derechos de los Pueblos Indígenas, José Aylwin, la ley antiterrorista se empezó a aplicar a personas mapuches o relacionadas desde el 2001, "por hechos de protesta social vinculadas a sus demandas por el derecho a la tierra o derechos de carácter político".
El 2010, había 9 mapuches condenados bajo la ley antiterrorista y otros 53 procesados. De ellos, 42 permanecían en prisión preventiva.
El uso de la ley antiterrorista sobre los mapuches fue cuestionado en 2003, 2009 y 2013 por los relatores especiales de derechos indígenas Rodolfo Stavenhagen, James Anaya y Ben Emmerson. La ONU reiteró su preocupación por el mismo tema en distintas instancias 2004, 2007, y 2009.
En 2010 la ley volvió a ser modificada tras una dramática huelga de hambre de más de 80 días que inició un grupo de comuneros mapuches procesados por la ley.
Según esta última reforma, todavía vigente, se estableció que un delito sólo podía calificarse como terrorista, cuando se actuaba "con la finalidad de producir temor en la población", lo que tiene que ser "judicialmente comprobado".
ANARQUÍA Y LEY ANTITERRORISTA
Los críticos de la ley le achacan otro problema: su supuesta ineficiencia. De hecho, ese es uno de los aspectos que más se le critica estos días, a la luz de la reciente seguidilla de avisos de bomba y explosiones que se han registrado en Santiago.
Según un estudio de la policía chilena, publicado en el diario El Mercurio, desde 2005 se han instalado 198 artefactos explosivos en la capital, Santiago. Se los adjudicaron 81 diferentes grupos anarquistas o antisistema; 11 personas han sido enjuiciadas, pero sólo una cumple pena efectiva de cárcel. En ninguno de esos casos la justicia pudo acreditar que se tratara de delitos terroristas.
El exfiscal Xavier Armendáriz, quien llevó el inicio de uno de los casos más sonados de esta serie, el llamado "Caso bombas" de 2012, cree que uno de los problemas de la ley antiterrorista chilena es que no otorga ninguna herramienta especial para la investigación de los delitos, como sí existe en la ley antidrogas, por ejemplo.
Además, hay que probar el ánimo de los agentes: "La ley como está hace muy difícil probar la conducta terrorista, porque el ánimo descrito, causar temor a la población, es difícil de probar salvo que provenga de una declaración expresa del propio agente terrorista", explica.
"Dicho de otra manera, estamos supeditados a conocer cuál es la intención de la persona a través de sus propios actos o propias declaraciones", concluye Armendáriz.
Mientras la comisión de expertos que encargó Bachelet para estudiar la modificación de la ley sigue su trabajo, sus ministros de Interior y Justicia han reiterado un mismo mensaje: "La ley no es eficiente".
"De 111 casos en los que se aplicó ley antiterrorista, sólo se obtuvo una condena en diez", precisó el secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, hace sólo algunos días.
"En materia antiterrorista los estándares son esquivos y los contextos son relevantes", concluye el abogado Jorge Contesse.
"El problema de Chile es que tiene una ley antiterrorista que no se condice con su realidad actual y que, pese a sus reformas, todavía no alcanza estándares internacionales. Tiene que revisarla".
