La norma sancionada por el Senado pasa ahora a consideración del Ejecutivo nacional que deberá promulgarla y ponerla en vigencia a través de su publicación en la Gaceta Oficial. (Foto: EFE / Martín Alipaz)
La norma sancionada por el Senado pasa ahora a consideración del Ejecutivo nacional que deberá promulgarla y ponerla en vigencia a través de su publicación en la Gaceta Oficial. (Foto: EFE / Martín Alipaz)
Agencia EFE

El abrogó este martes una cuestionada ley que ha articulado por nueve días a comerciantes, transportistas, cívicos y opositores en un paro nacional indefinido que los sectores movilizados afirman se mantendrá hasta que el Ejecutivo del país haga efectiva esa anulación.

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Las bancadas en el Senado del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), con mayoría parlamentaria, y las opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos aprobaron la ley abrogatoria por unanimidad por voto nominal, algo que esta madrugada ya se hizo en la Cámara de Diputados.

El debate en el Senado y en la Cámara de Diputados se enfrascó en la redacción de la “exposición de motivos” de la derogación de la ley que según el oficialismo se debía a que se estaba gestando un nuevo “golpe de Estado” y la “desinformación” que se generó por los alcances de esa norma, mientras que para la oposición daba pie a un “Estado policíaco”.

DISCUSIÓN POR LOS MOTIVOS

En el debate parlamentario el senador del MAS Hilarión Mamani aseguró que la intención de la oposición era “convulsionar el país” y que en realidad la redacción de la justificación de la ley era únicamente “de forma” y no sobre el contenido de la anulación.

Estos son “párrafos y palabras incendiarias”, “no estamos contra la abrogación”, pero “no aceptamos bajo ninguna justificación” esta exposición de motivos, manifestó en su intervención la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Nelly Gallo Soruco.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, del MAS, señaló que las declaraciones de algunos dirigentes cívicos opositores generaron una “impotencia increíble” en los sectores sociales oficialistas, que consideraron que se estaba atentando contra el Gobierno del presidente Luis Arce y que por eso se movilizaron contra el paro.

Ante esto también hubo voces en el oficialismo que admitieron que no se realizó una adecuada “socialización” de la ley 1386 ante los sectores sociales afectados, lo cual debía hacerse desde el Ejecutivo y los ministerios; mientras que la oposición pidió a la mayoría del MAS “dialogar” y “socializar” antes de aprobar leyes rápidamente.

PROTESTAS AÚN EN PIE

La norma sancionada por el Senado pasa ahora a consideración del Ejecutivo nacional que deberá promulgarla y ponerla en vigencia a través de su publicación en la Gaceta Oficial.

A pesar de que el Gobierno anunció el pasado sábado que anularía la ley 1386, varios sectores han mantenido los bloqueos, marchas, vigilias y protestas en regiones como Santa Cruz, Cochabamba, Sucre y Potosí, justamente hasta que pase el trámite por el Ejecutivo.

Algunos sectores en protesta como comerciantes y transportistas manifestaron su disposición a levantar las presiones una vez se cumpla con el trámite de anulación de la ley criticada, mientras otros como los cívicos han incorporado pedidos como la anulación de otras leyes llamadas “malditas” y la reposición de los dos tercios de votación en los debates ordinarios del Parlamento.

Para este miércoles están previstas algunas movilizaciones que insistirán en estos pedidos. Entre ellas, hay una programada en La Paz, en tanto que también los sectores sociales afines al Gobierno se congregarán para rechazar el paro indefinido y manifestarse en defensa del trabajo y la gestión de Arce.

Desde 2019, Bolivia atraviesa por una persistente polarización política, mientras que el Gobierno aseveró que las recientes protestas han sido un “pretexto” para desestabilizar el país por sectores políticos interesados en detener procesos penales por la crisis de hace dos años que considera fue un “golpe de Estado”.

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