Cientos de personas siguen detenidas en Cuba a dos meses de las históricas protestas

El 11 de julio, Mayda Yudith Sotolongo tuvo la “peor pesadilla” de su vida: llegó a una estación de policía de La Habana para indagar por su hijo detenido en unas masivas manifestaciones antigubernamentales y terminó tras las rejas.

Su reclamo se multiplica en cientos de familias a casi dos meses de las históricas revueltas en Cuba.

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“Aunque haya gritado algo [alguna consigna antigubernamental], pienso que no hay razón para tenerlo detenido tantos meses”, declara a la AFP esta enfermera de 50 años, que se esfuerza en contener sus lágrimas.

Ferviente devota a la Virgen negra de Regla, venerada como Yemayá en el culto afrocubano, le pidió el martes en su día “la pronta liberación” de su hijo Yunior Consuegra, un mecánico automotor de 24 años.

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Mayda, que no participó en las protestas, contó cómo pasó cuatro días en una prisión, porque, indignada, le dijo a los policías que “si para saber de su hijo” tenía que estar presa, pues que la apresaran. Así lo hicieron, pero ni así lo pudo ver.

En casi dos meses sólo ha podido ver a su hijo una vez, lamenta la mujer en su casa, en el barrio humilde de San Miguel del Padrón, en la periferia de La Habana. Fue seis días después de que fuera “detenido y golpeado”, todavía tenía “moretones en los brazos y en la espalda”, precisa.

Yunior, sordo de nacimiento del oído izquierdo y con tumor cerebral, contrajo el coronavirus en prisión, según le contó por teléfono.

Está acusado de desorden público, un delito que Mayda rechaza: Yunior salió a la calle “por curiosidad” y, al ver que las tropas antimotines comenzaban a reprimir a los manifestantes, “se asustó y trató de llegar a la casa”, pero no lo logró.

“Sé que ella (la virgen) va a poner su mano, no sólo por mi hijo, sino por todos los detenidos”, asegura.

“Sin fecha de juicio”

En la ciudad de Santa Clara, en el centro de Cuba, la familia de Randy Arteaga, de 32 años, comparte la misma angustia. “Nos preocupa que lleva casi dos meses preso, sin fecha de juicio, a pesar de que ya está acusado de resistencia. Él tiene una niña de seis años”, cuenta a la AFP su sobrina Misaday García, de 21.

En un video en poder de la familia, se ve el momento en que varios policías lo introducen por la fuerza en una van durante las protestas. Según Misaday, Randy se dedica a componer música rap de contenido antirracista.

Decenas de testimonios similares se pueden leer en las redes sociales, pero varios familiares de detenidos declinaron hablar con la AFP por temor a represalias.

En Facebook, Mildrey Castillo explica que presentó, sin éxito, una denuncia ante la fiscalía militar, porque su esposo y su hijastro fueron “golpeados ya detenidos en la estación de policía” de Bauta, un pueblo cerca de La Habana.

El 11 de julio, de manera sorpresiva, miles de cubanos se volcaron a las calles en unas 50 ciudades del país al grito de “Patria y Vida”, “Tenemos hambre” y “Libertad”. Una persona murió y decenas resultaron heridos.

El gobierno comunista insiste en que las protestas forman parte de una estrategia de cambio de régimen, apoyada por medios digitales anticubanos, financiados por Washington. Y desde entonces, guarda bajo siete llaves la cifra de detenidos durante el estallido.

En su último reporte, el pasado lunes, la ONG de defensa de derechos humanos Cubalex asegura haber confirmado 949 detenidos durante las protestas, de los cuales 437 continúan presos.

“Sembrar el pánico”

En este tema, las críticas a La Habana llegan no sólo desde Estados Unidos y la Unión Europea, que llaman a liberar a los manifestantes apresados, sino desde sus propias filas.

“Con el tema del 11 de julio está pendiente qué ha sucedido con los detenidos y porqué”, se atrevió a decir Cristina Escobar, famosa periodista de la televisión estatal, durante un reciente encuentro del presidente Miguel Díaz-Canel con medios oficiales.

Según el gobierno, 62 cubanos habían sido juzgados hasta el 5 de agosto por delitos como desorden público, resistencia o instigación a delinquir, en procesos “abreviados”, es decir juicios expeditos en los que se avanza de la investigación policial directo a la audiencia oral.

De ese total, 45 apelaron su sentencia y uno quedó absuelto. Los delitos más graves continúan bajo investigación.

Desde las protestas, hay un “reforzamiento de la política de represión de @DiazCanel para recuperar el control y restablecer la cultura del miedo que se tambaleó el #11J”, dijo en Twitter la directora de Amnistía Internacional (AI) para las Américas, Erika Guevara-Rosas.

AI ha declarado presos de conciencia a seis cubanos, entre ellos el opositor José Daniel Ferrer (51 años) y el artista disidente Luis Manuel Otero Alcántara (33), ambos detenidos el 11 de julio.

Para el opositor moderado Manuel Cuesta Morua, el gobierno busca “sembrar el pánico como profilaxis para impedir manifestaciones futuras. Pánico judicial y pánico civil”.

La joven historiadora del arte Carolina Barrero, miembro del movimiento 27N -un colectivo de artistas e intelectuales que piden mayor libertad de expresión-, sufre esa estrategia en carne propia, puesto que es “vigilada noche y día”.

“La seguridad del Estado insiste en aislarme como si fuera una criminal extremadamente peligrosa” y “por más de 120 días, en lo que va de año, han mantenido un cerco ilegal que me mantiene prisionera en casa”, denunció el lunes en Facebook, mientras decenas de personas se dicen víctimas de una medida similar.

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