No ha sido un mes sencillo para el presidente de Ecuador. A las investigaciones contra Guillermo Lasso por los Pandora Papers y un aumento de la violencia del narcotráfico que llevó a su gobierno a ordenar un estado de excepción se ha sumado un paro impulsado por movimientos indígenas en rechazo a la subida del precio de los combustibles y sus políticas económicas. Las protestas, que ayer cumplieron dos días y a las que se sumaron estudiantes y trabajadores, son las mayores en los cinco meses que el mandatario lleva de gestión.
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“Segundo día de movilización y resistencia ante la crisis económica agravada por el alza de los combustibles y las medidas impuestas por el Gobierno Nacional”, escribió en Twitter la poderosa y opositora Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que ha prometido seguir con la protesta hasta que el gobierno satisfaga una lista de siete demandas.
Durante las movilizaciones, indígenas y campesinos han bloqueado rutas en al menos nueve de las 24 provincias del país, mientras nativos, obreros, profesores y estudiantes han marchado en Quito, donde se registraron choques con la policía en el centro de la ciudad.
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Los movimientos indígenas y sociales rechazan las reformas económicas que pretende realizar el gobierno y el aumento progresivo del precio de los combustibles en los últimos meses.
Lasso decretó el pasado fin de semana aumentos de hasta 12% en los combustibles, con lo que el precio del diésel trepó de 1,69 a 1,90 dólares y la gasolina corriente de 2,50 a 2,55 dólares. A pesar de que congeló los nuevos precios sin precisar durante cuánto tiempo, esos incrementos desataron rechazo.
Sebastián Mantilla, politólogo ecuatoriano y director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos (Celaep), destaca que si bien el paro indígena complica a Lasso, la situación aún es manejable para el régimen.
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“Yo diría que el presidente tiene ahora control del país, pero cuando son protestas promovidas por los sectores indígenas siempre toman tiempo en tomar fuerza e impacto. La situación puede irse complicando en el transcurso de los próximos días si es que no se sientan a dialogar sobre uno de los pedidos que ya están haciendo estos sectores, que es regresar al precio anterior de los combustibles”, dice a El Comercio.
Para César Ricaurte, periodista ecuatoriano y director de Fundamedios, hasta ahora este es un paro “bastante leve”, pues no se ha mostrado aún la fuerza que tiene el movimiento indígena en Ecuador.
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“Este paro es una medición de fuerzas que hace la oposición especialmente concentrada en el movimiento indígena y los movimientos sociales, sindicales, etc. El paro por ahora no ha sido demasiado crítico para el gobierno, no ha habido paralizaciones de sectores claves. No ha sido ni de lejos algo equivalente al paro indígena de octubre del 2019, donde sí hubo una completa paralización del país e incidentes muy violentos”, señala el experto.
Sin embargo, añade que aunque este es un paro de sectores focalizados eso no significa que el gobierno sea el ganador. “Sería un error interpretar esto como una debilidad del movimiento indígena o de los sectores sociales. Sería un error de cálculo para el gobierno darse como ganador en esta medición de fuerzas. Yo creo que políticamente al gobierno le toca asimilar el mensaje, tomar nota y tratar de retomar las negociaciones”.
En esa línea, Mantilla apunta que esta crisis ha sido provocada “por la debilidad y falta de experiencia de Lasso y por no tener operadores políticos adecuados de parte de su gobierno que pudieran evitar la protesta”. “Esta paralización pudo haber sido evitada si es que se hubiera establecido adecuadamente el marco para el diálogo y la negociación con distintos sectores”.
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Reclamos indígenas
Básicamente, el movimiento indígena reclama el congelamiento de la subida de los combustibles y una serie de medidas sociales. Ricaurte explica que el gobierno ya había anunciado el congelamiento de los precios de los combustibles, pero lo que molestó al movimiento indígena es que previo al anuncio del congelamiento hubo un nuevo incremento. “O sea, aumentó los precios y luego los congeló, lo que fue tomado como una burla por el movimiento indígena”, señala.
“El problema es que Lasso quiere invitar al diálogo no para escuchar, sino para que a través de ese dialogo se legitimen y se aprueben los temas que le interesan al gobierno. Entonces quien tiene principalmente responsabilidad de lo que está pasando es el mal manejo de la crisis de parte del presidente Lasso”, considera Mantilla.
Ricaurte pide no olvidar que el movimiento indígena es muy fuerte en Ecuador y que la Conaie, que participó en revueltas sociales que derrocaron tres presidentes entre 1997 y el 2005, no funciona como un movimiento político tradicional, sino que tiene fuertes estructuras de base.
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“Si realmente los grupos de base que funcionan en las comunidades indígenas empujan la movilización eso va a significar que esa movilización puede tener un impacto enorme y hasta derrocar presidentes. Pero claro que no por sí sola, en los derrocamientos de gobiernos anteriores en los participó hubo alianzas entre varios sectores”, indica.
“El músculo de la Conaie no se está mostrando en las movilizaciones actuales, es más bien algo motivado por la dirigencia en alianza con los sectores sindicales tradicionales”, agrega.
En sintonía con eso, Mantilla advierte que, “cuando hay paralizaciones del sector indígena son paralizaciones que pueden llevar a situaciones de inestabilidad y caída de presidentes”.
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Pide considerar, además, que más allá de las demandas que tienen los sectores sociales, el líder de la Conaie, Leonidas Iza, tiene conexiones y vínculos con el correísmo.
“Yo diría que la dirigencia indígena está dividida entre correístas y no correístas y actualmente la cúpula del Conaie tiene vínculos con el correísmo. No es de extrañar que detrás de estas protestas exista también una cierta agenda política vinculada con el correísmo y una intención de desestabilizar el régimen democrático”, apunta.
Panorama con obstáculos
Con todo, es evidente que el manejo del paro representa un reto político para Lasso. Los analistas piden no olvidar que el jefe de Estado enfrenta fuerzas adversas en la Asamblea Nacional (Parlamento), donde el correísmo y Pachakuti, el brazo político del movimiento indígena, hacen entre los dos una mayoría capaz de complicar su gestión.
Ricaurte apunta que hay una comisión investigadora en el Parlamento que podría recomendar el enjuiciamiento político del mandatario por los Pandora Papers, por lo que “el escenario político es muy complejo para el gobierno, está lleno de obstáculos”.
Por su parte, Mantilla considera que si el presidente pierde legitimidad con el alza de los combustibles y con una posible reforma tributaria y se generan y recrudecen las protestas “eso podría servir como sustento político para que desde la Asamblea se destituya al presidente”.
“Yo diría que el presidente ha cometido varios errores políticos y que ahora está pasando por una situación complicada por el mal manejo de la crisis”, agrega el experto.
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