Tras emitirse una orden de arresto en su contra por no presentarse a declarar en una audiencia donde enfrenta acusaciones por corrupción, el exministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, fue apresado el martes al salir de un centro médico en La Paz, donde se encontraba internado desde el pasado 10 de enero.
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La detención de Romero ha sido repudiada por el exmandatario Evo Morales, refugiado en Argentina, a través de su cuenta en Twitter donde también denunció la “clara violación de garantías constitucionales y derechos humanos” contra quien hasta hace pocos meses ocupó un cargo de alta confianza.
Este abogado de 53 años estuvo ligado al Gobierno de Morales desde su llegada al poder, en el 2006. Bastante cercano a movimientos sociales, indígenas y campesinas, Romero formó parte de la Asamblea Constituyente representando al departamento de Santa Cruz bajo la bandera del Movimiento al Socialismo (MAS).
Comenzó a escalar en la jerarquía gubernamental en el 2008, cuando asumió el cargo de ministro de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente, y un año más tarde encabezó el recién creado Ministerio de Autonomías. En el 2010 llegó a ser ministro de la Presidencia y para el 2012 ocupó por primera vez el máximo cargo del Ministerio de Gobierno.
Según los archivos disponibles en la página web del Ministerio de Gobierno, Romero ha centrado su carrera e investigaciones en la reforma agraria, gas e hidrocarburos, derechos indígenas, movimientos sociales, estructuras del Estado y reformas constitucionales.
En el 2014, Romero renunció al cargo para postularse como senador por el MAS. Fue electo y se mantuvo en el cargo hasta mayo del 2015, cuando la fuga al arresto domiciliario de Martín Belaunde Lossio provocó que Morales reemplace al entonces ministro de Gobierno Hugo Moldiz por Romero.
La recaptura de Belaunde Lossio tres días después de asumir el cargo fue considerada una victoria política para el restituido ministro.
Romero se mantuvo en el Ministerio de Gobierno hasta la dimisión de Morales, el 11 de noviembre del 2019.
CARGOS EN SU CONTRA
Tras la salida de Evo Morales de la presidencia de Bolivia, se conoció que Romero permanecía refugiado en la embajada de Argentina en La Paz desde el 10 de noviembre. La Cancillería de ese país detalló que el ministro se encontraba “a resguardo” y no como “asilado”.
Una semana después, el diputado Rafael Quispe incluyó a Romero en el grupo de denuncias por sedición y terrorismo que presentó ante la Fiscalía de La Paz. En la lista, además del exministro, figuraban Evo Morales, los ministros y viceministros de su Gobierno y diversas autoridades del MAS.
Además, el 7 de enero el mismo legislador presentó una segunda denuncia contra Romero, en este caso acusándolo de cometer graves delitos económicos contra el Estado y haberse enriquecido ilegalmente. Todo esto en el marco de las investigaciones del millonario desfalco del desaparecido Fondo Indígena Originario Campesino (Fondioc).
Quispe fue designado director del Fondo de Desarrollo Indígena -reemplazo del Fondioc- por el gobierno de transición de Jeanine Áñez. Tras asumir el cargo anunció una gran auditoría a la institución y poco después denunció que durante el gobierno de Morales se “habían robado más de 1.000 millones de bolivianos (unos US$144,7 millones)”.
Además de Romero, este proceso también vincularía a los exministros de Economía, Luis Arce Catacora, y de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
El último viernes, Romero abandonó su vivienda al sur de La Paz a bordo de una ambulancia “por un cuadro de hipertensión, ansiedad y deshidratación moderada”, según informó el diario El Correo del Sur.
Tras ser estabilizado, Romero denunció que el cuadro se presentó debido al “asedio” del que era víctima por parte de La Resistencia -movimiento social que se considera apartidario y organiza la mayoría de protestas callejeras en los últimos meses- desde el jueves 8.
Según el exministro, desde ese día no podía recibir visitas, ni alimento y el servicio de agua de su vivienda había sido interrumpido por parte de La Resistencia.