El militar antichavista retirado del Ejército venezolano Ronald Ojeda fue secuestrado y asesinado en febrero en Santiago de Chile, donde vivía como asilado político. Más de tres meses después, hay pocos avances en la investigación oficial sobre el trasfondo del crimen, pero cada vez más choques entre los gobiernos de Chile y Venezuela por este caso.
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Esta semana la tensión la elevó el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien descartó que las causas del asesinato estén relacionadas con el régimen de Nicolás Maduro y señaló como posibles responsables del crimen a cuerpos de inteligencia chilenos y extranjeros “con intereses espurios”.
“Consideramos que el homicidio de Ojeda se trata de una operación de falsa bandera. Una operación que tenía como objetivo enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela, justo cuando ocurría un importantísimo acercamiento”, dijo el funcionario este miércoles 5 ante la prensa.
Enfatizó, sin pruebas, que el asesinato del exmilitar fue para “politizarlo” e “instrumentalizar” una campaña de ataque contra el Estado venezolano. “Es una teoría que debería ser una línea de investigación, que dicho asesinato fue cometido por servicios de inteligencia extranjeros con apoyo de funcionarios de inteligencia chilenos”, afirmó.
Maibort Petit, periodista venezolana radicada en Nueva York, apunta que el Tren de Aragua está relacionado con el régimen desde hace muchos años y que buena parte de los señalamientos que hay contra el régimen es que ha usado esa organización criminal como elemento para desestabilizar a estados cercanos, entre ellos Chile.
“Saab es un instrumento del régimen para tratar de tapar todos los abusos. El régimen se quiere deslindar de las acciones del Tren de Aragua y por eso Saab utiliza la fiscalía para enmarcar este relato en época electoral. Pero lo cierto es que las autoridades chilenas concluyeron que los tipos que mataron a Ojeda se dirigían a Venezuela”, dice Petit a El Comercio.
Las afirmaciones de Saab fueron rechazadas con contundencia en Chile, donde sus dichos se tacharon de “hipótesis” y “especulaciones”. El presidente Gabriel Boric anunció este jueves 6 el envío de una nota de protesta a Venezuela por las declaraciones de Saab, que, afirmó, demuestran “que no hay voluntad adecuada para resolver un caso tremendamente complejo”.
“Chile es un país serio, donde las instituciones funcionan, donde hay separación de poderes, donde el Ministerio Público está llevando una investigación seria y responsable”, enfatizó.
En la misma línea se pronunció el canciller Alberto van Klaveren, quien tachó de “inaceptables”, pero no sorprendentes, las palabras de Saab. El funcionario chileno enfatizó que lo fundamental es saber qué noticias tienen las autoridades venezolanas sobre los dos ciudadanos de ese país que se encuentran prófugos de la justicia chilena y que han sido implicados en el crimen. “Esa es la colaboración que estamos exigiendo y es lo mínimo que podemos demandarles”, apuntó.
“En Chile no se especula sobre casos judiciales”, aseveró por su parte el ministro chileno de Justicia, Luis Cordero, al canal estatal 24 Horas.
Ojeda, de 32 años, fue secuestrado el 21 de febrero en Santiago por personas que simularon ser policías chilenos y que lo sacaron de madrugada en ropa interior de su departamento en el piso 14 en un edificio en el municipio de Independencia. Sus restos fueron hallados nueve días después dentro de una maleta sepultada debajo de un bloque de cemento en la comuna de Maipú, una localidad periférica de la capital chilena.
La víctima no tenía relación aparente con el crimen organizado y desarrollaba actividades lícitas en Chile. En Venezuela había logrado escapar de una cárcel tras ser acusado de conspiración.
Debido a las características del crimen, las autoridades chilenas apuntan a una macrobanda como responsable. De hecho, el fiscal chileno a cargo del caso, Héctor Barros, vinculó en abril el crimen con la banda criminal Tren de Aragua, nacida en una cárcel venezolana y extendida a varios países de la región, entre ellos el Perú.
Fricciones en aumento
El caso lleva meses generando tensiones entre ambas naciones, sobre todo porque Chile acusa a Venezuela de falta de cooperación.
Uno de los momentos más álgidos se vivió en abril cuando Boric llamó a consultas a su embajador en Caracas, Jaime Gazmuri, luego de que el canciller del país llanero, Yván Gil, declarara que el Tren de Aragua era “una ficción mediática internacional” y que hasta existían videos de personas “con acento chileno y peruano” que afirmaban ser parte de la organización criminal.
Petit añade que esta retórica aumentó desde que el Tren de Aragua ganó notoriedad internacional. “Más aún después del crimen de Ojeda y de que los fiscales chilenos afirmaron que los sospechosos huyeron a Venezuela, el régimen empezó a decir que esa organización criminal no existe. Así lo ha repetido usando los elementos de propaganda del chavismo, los mismos que usa para deslegitimar las instituciones o gobiernos extranjeros que presenten una amenaza para su relato. Saab busca apoyar esa retórica”, dice la experta.
Los últimos dichos de Saab apuntan a que la relación entre ambos países se afectará más. Para el medio chileno “Emol”, las posibilidades tras el nuevo impasse son hasta cuatro: que Chile rompa relaciones con Venezuela; que retire a su embajador en Caracas, Jaime Gazmuri; que llame nuevamente a consulta a dicho diplomático; o que no ejerza acción alguna.
Por el momento, la alternativa que más se ha comentado entre la clase política sureña es la de la ruptura de relaciones. Si bien el canciller chileno afirmó que no es política del gobierno “favorecer el rompimiento de relaciones diplomáticas”, el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, se manifestó en sentido contrario.
“Yo creo que es una materia que el Gobierno podrá evaluar. No veo que hoy día la Cancillería esté seguramente analizando las declaraciones, pero esto se da en el marco de un caso policial donde se está llevando adelante una investigación en Chile que tiene un detenido, tiene personas sospechosas que están identificadas de nacionalidad venezolana, hay una solicitud de asistencia penal internacional del Ministerio Público, y creo que la investigación tiene un nivel de avance muy importante en Chile”, apuntó el funcionario, citado por “Emol”.
El presidente de la comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores, considera que el crimen de Ojeda tuvo un móvil político. “Es una persona que estaba en la lista negra por parte de la dictadura de Venezuela (...) la intencionalidad del fiscal (Saab) es de colocar turbiedad en lo que le hemos venido solicitando a Venezuela, que reciba a sus delincuentes venezolanos de vuelta, no le ponga más trabas”, afirmó.
¿Cómo va el caso?
Dos fiscales venezolanos visitaron la semana pasada Chile y se reunieron con el director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional chilena (Uciex), Juan Pablo Glasinovic, para colaborar en la investigación.
Sin embargo, en sus declaraciones de esta semana, Saab afirmó que el hecho de que la delegación enviada de Venezuela a Chile no fuera recibida por el fiscal general demuestra que el Ministerio público chileno tiene “poco interés en los aportes que pueda brindar nuestra institución para esclarecer los hechos y dar con los involucrados”.
Hasta el momento, solo hay un joven de 17 años detenido en Chile. Inicialmente, había otros dos sospechosos que estaban con orden de captura; sin embargo, a inicios de marzo se informó que serían al menos siete sujetos los que participaron del crimen. Todos estarían vinculados a una célula del Tren de Aragua.
En medio de la polémica, Saab ha rechazado que los dos sospechosos vayan a ser extraditados a Chile en caso de ser detenidos.
Mientras tanto, aún hay muchas dudas en torno a los motivos del secuestro y asesinato y al momento exacto de la muerte de Ojeda. Según las autoridades, los criminales habrían acabado con la vida del exmilitar después y no durante el rapto. “Son varias las dudas que circulan en torno a las razones por las que el crimen involucró un montaje -con delincuentes vestidos de policías-, el grado de conocimiento que tenían del lugar desde donde debían secuestrarlo, y el hecho de que le hubieran dado muerte sin dispararle. No querían dejar huellas”, apunta “Emol”.