En las empinadas calles de Quito todavía puede verse publicidad electoral de las elecciones presidenciales celebradas hace apenas dos años. Carteles del presidente Guillermo Lasso, entonces candidato, se mezclan con los afiches deslucidos del correísta Andrés Aráuz.
Esos carteles y frescos, esparcidos por la capital ecuatoriana, comenzarán a diluirse en breve con los de los nuevos candidatos a presidir el país.
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Lasso disolvió la Asamblea Nacional hace dos semanas para evitar su juicio político por supuesta corrupción, activando una cláusula constitucional, y gobernará por decreto seis meses, pudiendo emitir sólo leyes de aspecto económico, que deberán ser aprobados por la Corte Constitucional, hasta la conclusión de nuevos comicios, en un Ecuador sumido en una grave crisis política, espoleada por la violencia.
“Yo quería la disolución de la asamblea y que se fueran ya todos los que no nos gobiernan bien”, expresa Luis Fernando Tawa, un zapatero que regenta un establecimiento en el centro de Quito.
La Asamblea Nacional tenía una aprobación menor al 10%, según algunas encuestas. La del presidente no era mucho mayor, entre un 10% y un 20%.
“En su mayoría, los parlamentarios que se han ido no nos representan, porque no elaboran leyes en beneficio de nuestro país ni nos ayudan en nada. Deberíamos elegir asambleístas más capacitados”, reclama el comerciante, mientras de fondo se cuela una cumbia proveniente de los parlantes de un negocio cercano.
Tawa tiene claro cuál es el mayor problema del país: la inseguridad, despúes de que Ecuador registrase en 2022 sus peores cifras de violencia de la historia y la extorsión aumentase un 300%.
“Es tenaz. No podemos trabajar tranquilos. A veces se tiene que cerrar por la violencia, se tiene que dejar de producir o de trabajar”, lamenta.
La primera vuelta de las elecciones
se celebrará el 20 de agosto en un país que afronta seis meses claves para su futuro inmediato.
En este periodo de crisis, hay también miedo ante posibles manifestaciones. Por ahora, las organizaciones sociales e indígenas han adoptado una posición de cautela y “vigilia” ante los decretos que está emitiendo Lasso -ya ha firmado una reforma tributaria y prepara una laboral- sin descartar que haya marchas si esas normas van más allá de lo que consideran aceptable.
“Si hay movilizaciones tendría que cerrar las operaciones de trabajo.Ese es nuestro mayor miedo, que hayan paros, o que algún partido político se ponga en contra de la disolución de la Asamblea Nacional”, expone Adriana Muñoz, trabajadora de una agencia que pone anuncios clasificados en un periódico local, mientras mira atentamente su computadora.
La incertidumbre política inunda las calles. “No tenemos estabilidad a nivel político, además con un problema de delincuencia que se ha tomado las calles. Y ya se sabe que se van a presentar una decena de candidatos, a muchos de los cuales ni siquiera se les conoce y que únicamente ponen su nombre en la papeleta porque se les da un aporte económico para hacer campaña. Yo quiero que se unan las listas, pero sé que no va a ser así”, considera Muñoz, subrayando que no cree que el Gobierno de Lasso sea una dictadura porque todavía tiene que regirse a un órgano regulador, que es el Constitucional.
Entre los favoritos a ganar las elecciones estará quien sea elegido, en los próximos días, como candidato de Revolución Ciudadana, el partido del ex presidente izquierdista Rafael Correa (2007 - 2017), que continúa levantando tanto un amor incondicional como un profundo rechazo entre los electores.
El ex mandatario está radicado en Bélgica y no puede volver a Ecuador, tras haber sido condenado a ocho años de prisión por corrupción, cargos que él niega, considerando el proceso en su contra como una persecución política.
“Su candidato será competitivo porque mucha gente lo quiere y pide que vuelva. Es muy probable que eso suceda, después de que su partido diese un puñetazo sobre la mesa muy duro en Ecuador en febrero, ganando las elecciones a alcaldes y gobernadores”, comenta Raimundo Bastidas, un conductor de aplicativos que recorre todos los días la capital ecuatoriana.
Muchos piden que el ex presidente izquierdista vuelva, y muchos no lo quieren ver ni en pintura.
El abogado veterano Lucho Bastidas se sienta por las tardes en un bordillo de piedra de la céntrica plaza de la independencia, junto a su amigo Mario Porras.
Frente al palacio de Carondelet, sede de la presidencia, ambos conversan, a veces calmados, y a ratos agitados, sobre política nacional.
“Espero que llegue un presidente que cambie, no uno como Correa que los cuatro primeros años, bien, pero después todo se llevaron, saquearon el país”, dice, hablando duro.
Pero la crisis de violencia podría propiciar también la llegada al poder de algún candidato que reivindique mano dura contra la delincuencia.
Jan Topic, un empresario de 40 años del sector de seguridad, ya hace campaña, apoyado por el Partido Social Cristiano, la mayor fuerza conservadora del país, a favor de las políticas tomadas por el presidente Nayib Bukele de El Salvador.
“No hay que descartar figuras radicales que se embanderan con esa causa de enfrentar de una manera contundente a la delincuencia y de tratar de zanjar ese mal que por el momento está desangrando al país”, asegura Christian Bravo, experto en comunicación política.
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