¿Cómo operan los servicios de inteligencia de Nicolás Maduro que la ONU acusa de cometer crímenes de lesa humanidad?

Para conseguirlo, Nicolás Maduro y los suyos utilizan los servicios de inteligencia, lo que da como resultado “graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”. Pero las posiciones políticas distintas no son las únicas que se castigan: se descubrió que en Bolívar, estado ubicado al sur de la nación y conocido por albergar “zonas de extracción de oro”, “actores estatales y no estatales han cometido una serie de violaciones y crímenes contra las poblaciones locales”.

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En todo caso, no es la primera vez que se acusa a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de violar los derechos humanos. Desde el 2014 se registran atentados, solo que ahora se actualizan las cifras de terror.

La ONU escribió: “La Misión ha documentado 122 casos de víctimas que fueron sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes del Dgcim. La tortura se llevó a cabo en su sede Boleíta, en Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país”.

Y agregó: “El Sebin ha torturado o infligido malos tratos a detenidos -entre ellos políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos- principalmente en el centro de detención El Helicoide, en Caracas”.

Estos crímenes de lesa humanidad se suceden “en un clima de casi total impunidad”, sostuvo uno de los miembros de la misión, Francisco Cox.

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José Carrasquero, profesor de Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar, explica que estos crímenes se sumaron a otros factores que hicieron que las grandes protestas se fueran apagando. “Todos los días hay manifestaciones, solo que son muy focalizadas. ¿Cuáles no le gustan a Maduro? Las de corte político, así que tienes que tener cuidado al reclamar porque te sueltan a la policía y quedas a tu suerte”.

Carrasquero agrega: “Hay asuntos que el informe no toca. Por ejemplo, el uso de los llamados colectivos, grupos de motorizados que atacan a la gente. En algunos de estos, incluso, van montados oficiales de la Guardia Nacional que gozaban de impunidad absoluta”.

Y añade: “Luego, ellos secuestraban a las personas, violaban a las mujeres, sodomizaban a los hombres. Esta es una cuestión generalizada que no solo atañe a los servicios de inteligencia. Es más, se podría decir que los cuerpos policiales que están en manos del chavismo siguen estas prácticas de tortura y extorsión”.

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Conocimiento = poder = tortura

Según Luis Nunes, analista político venezolano que vive en el Perú, los servicios de inteligencia venezolanos están inspirados en sus contrapartes cubanas, como el G2, y en las prácticas de “Turquía, Irán y la propia Rusia”. Pero, eso sí, el país “siempre tuvo una policía política”, solo que antes se la llamó Diegpol, luego Disip y ahora Sebin.

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, según la ONG 14 Lawyers, nació el 12 de diciembre del 2009. Entre sus métodos de tortura se destacan la crucifixión, ahogamiento, golpes, choques eléctricos, y sus combinaciones.

¿Su objetivo? “Garantizar la continuidad y conservación de la Revolución Bolivariana”.

Por su lado, la Dirección General de Contrainteligencia Militar es conocida, como informa Infobae, por combinar la participación “de torturadores, jueces y fiscales cómplices o complacientes, y médicos forenses que prefieren ignorar las pruebas de tortura entre los detenidos”. A fines de agosto de este año, Maduro ordenó el cambio de su cúpula. Ahora, la dirección está a cargo de Iván Hernández Dala.

También figura en la nómina el teniente coronel Alexander Enrique Granko Arteaga, considerado como “uno de los funcionarios que actúa con mayor crueldad” y pieza vital para “que se ejecuten violaciones a los derechos humanos de los detenidos bajo custodia” de la Dgcim.

José Carrasquero explica bien cómo funcionan ambas instituciones. “Son organismos militares que, básicamente, son comandados por un general que depende del Ministerio de Defensa, el cual, a su vez, reporta a la presidencia. Se les garantiza impunidad y tienen privilegios importantes. A ellos se les puede ver en vehículos que el resto no puede comprar o disfrutando de vidas que el resto no puede tener”.

Y, en paralelo a la planilla, se manejarían pagos adicionales. “Esto puede costarle al Estado entre 4 o 5 millones de dólares mensuales con tal de mantenerlos fieles. Además, también se les otorgó el derecho a establecer alcabalas para quitarle el dinero y comida a la población”.

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¿Esta denuncia tendrá alguna repercusión concreta? Carrasquero anota que no, pues “parece que el liderazgo mundial aprendió a vivir con esta realidad”. De allí que no parezca tan sorprendido que presidentes como Andrés Manuel López Obrador, Pedro Castillo, Gustavo Petro y hasta Gabriel Boric quieran seguir teniendo contacto con el dictador Maduro.

Y ni hablar del acercamiento de Estados Unidos, que busca encontrar otras fuentes de recursos para sus aliados que sufren por la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Si esto tuviese un efecto real, verías que estos mandatarios, a pesar de que son cercanos ideológicamente, se apartarían. Pero no es así”.

Lo mismo pasó con la Corte Internacional Penal y su informe, que para el especialista, fue “pura retórica”. “Cuando se habló del asunto, Maduro dijo que iban a tomar acción y apresaron a algunas personas. La cuestión es que nadie sabe si realmente están encarcelados y, si lo están, es muy probable que sea en condiciones privilegiadas. Recuerda que no puedes castigar públicamente a tus esbirros porque el resto se va a ir de tu lado”.