Caracas, El Nacional de Venezuela / GDA
“¡Exprópiese!”, fue una de las tantas expresiones que popularizó el presidente Hugo Chávez. La palabra, jocosa en momentos para el mandatario, resumía una política de Estado que comenzó tímidamente en el 2002 y se mantuvo hasta su muerte el 5 de marzo del 2013. Si bien durante el gobierno de su sucesor han sido menos las intervenciones, Nicolás Maduro no ha vacilado en amenazar a las industrias y utilizar las confiscaciones como mecanismo sancionatorio, advierten los expertos.
Como prueba de ello, en enero del 2014 aprobó la Ley Orgánica de Precios Justos, la cual establece que el ejecutivo puede iniciar un proceso expropiatorio “cuando el boicot, acaparamiento, especulación, contrabando de extracción, usura, cartelización u otros delitos conexos, procuren la desestabilización de la economía; la alteración de la paz y atenten contra la seguridad de la nación”.
“Si encontramos unidades económicas violando la Ley de Precios Justos voy a tomar las medidas más radicales. Si hay que expropiar, vamos a expropiar a quien tengamos que hacerlo”, expresó Maduro en un acto público, 10 días después de que la legislación apareció en la Gaceta Oficial.
“El gobierno de Nicolás Maduro no ha brindado garantías de que van a cesar las expropiaciones. Todo lo contrario, la nueva ley de precios justos la utiliza como una sanción”, señaló Tomás Arias castillo, abogado y profesor universitario experto en temas regulatorios.
Añadió que de este modo la confiscación se convierte en una “amenaza permanente” a la propiedad privada y es posible que más adelante haya una escalada de expropiaciones en áreas donde no se habían visto antes y en las que el gobierno tenga interés en determinado momento. “Es un elemento ideológico contra la propiedad privada”.
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