El Congreso de Ecuador, de mayoría opositora, resolvió el miércoles “desconocer” por “inconstitucional” la suspensión por cinco meses de la vicepresidenta Verónica Abad, crítica del mandatario Daniel Noboa, ordenada por el Ministerio de Trabajo y que derivó en una crisis política.
Con el voto de 86 de sus 137 miembros, la unicameral Asamblea Nacional aprobó “desconocer la sanción establecida en contra de la señora María Verónica Abad Rojas, en su condición de vicepresidenta”, según la resolución.
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El Parlamento anunció que también presentará ante la Corte Constitucional una acción de interpretación de varios artículos de la Carta Magna, relativos a quién debe reemplazar al presidente y vicepresidente en caso de ausencia.
El lunes, el gobierno designó a la ministra de Planificación, Sariha Moya, vicepresidenta interina en medio de la crisis política que se desató por la suspensión temporal de Abad.
Esa sanción impediría a Abad asumir la presidencia cuando Noboa se lance en campaña en enero por la reelección en los comicios generales de un mes después, como determina la ley.
La cartera de Trabajo ordenó el sábado la suspensión del cargo sin derecho a sueldo de Abad por el “abandono injustificado” de sus funciones, que equivale a una “falta grave” a la ley de servicio público.
Noboa y Abad, ambos empresarios y con poca experiencia política, fueron la sorpresa en los comicios anticipados de 2023 al ser elegidos en binomio, pero mantienen una tirante relación desde la campaña electoral.
Poco después de asumir sus cargos, en noviembre de ese año, el mandatario nombró a su vice embajadora en Israel.
En septiembre, ante una escalada del conflicto en Oriente Medio, Abad fue trasladada a Turquía por seguridad.
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Para la suspensión de la vicepresidenta, la cartera de Trabajo argumentó que la funcionaria debía instalarse en Ankara hasta el 1 de septiembre, pero que llegó cinco días después.
El Congreso decidió también “condenar” las acciones de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, quien “de manera inconstitucional e ilegal estableció un procedimiento especial para sancionar mediante sumario administrativo a servidores públicos excluidos de la carrera del servicio público”.
Abad sostuvo el domingo que para sancionarla se consideró “una falta no cometida y sin prueba alguna, con el solo objetivo de que no asuma la Presidencia de la República cuando el presidente candidato entre en su campaña”, para lo que por ahora lidera la intención de voto.
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