La Fiscalía de Ecuador anunció el lunes que vinculó a la vicepresidenta Verónica Abad a un caso de presunta corrupción en el que está involucrado y procesado su hijo, Sebastián Barreiro Abad, y que se habría dado en la institución que ella dirige. Sin embargo, la investigación no puede avanzar mientras la Asamblea Nacional no le levante la inmunidad. La noticia se conoce mientras se acentúa el distanciamiento entre el presidente Daniel Noboa y su vicepresidenta.
Verónica Abad está peleada con Noboa desde el inicio del Gobierno. Ella ha denunciado que es víctima de hostigamiento por parte del mandatario para obligarla a renunciar al cargo y ha dicho que teme por su vida. Además, ha calificado de “dictadura” al Ejecutivo. Los motivos del distanciamiento los explicaremos más adelante.
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El lunes, el fiscal Carlos Alarcón informó en un video publicado en redes sociales que encontró indicios de la presunta participación de Abad en el denominado Caso Nene, y se inhibió de seguir investigándola pues para ello es necesario que la vicepresidenta sea desaforada por la Asamblea Nacional. La figura delictiva que se le atribuye a la autoridad es la de tráfico de influencias.
¿Qué es el Caso Nene?
El Caso Nene surgió tras la denuncia de un funcionario despedido de la Vicepresidencia que señaló a Sebastián Barreiro Abad como la persona que presuntamente le habría pedido quedarse con una parte de su sueldo a cambio de influir para su contratación laboral.
De acuerdo con la investigación de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio Público, el denunciante, identificado como Rommel P., habría ingresado a trabajar como funcionario público en la Vicepresidencia de la República en diciembre de 2023.
La noche del 8 de diciembre del 2023, Rommel P. se habría reunido con Sebastián Barreiro Abad y con otra persona en un hotel de Quito. Ambos presuntamente le ofrecieron un puesto de trabajo dentro del servicio público con un sueldo de 3.200 dólares. Sin embargo, el hombre debía entregar 2.000 dólares al hijo de la vicepresidenta.
Tras negociar, acordaron la entrega de cerca de 1.700 dólares a Barreiro, mientras que Rommel P. se quedaría con el resto del salario.
Para garantizar este pago, de acuerdo con la Fiscalía, convencieron a la víctima para que firme una letra de cambio por 30.600 dólares, que sería utilizada como garantía del monto total que debía ser cancelado en el periodo de un año.
Luego de obtener el puesto de trabajo, Rommel P. no pudo realizar el primer pago acordado. Más adelante, habría coordinado la entrega a Sebastián Barreiro de 3.400 dólares.
Tras la denuncia de Rommel P., la Fiscalía abrió una investigación preliminar contra Barreiro el pasado 5 de febrero.
El 22 de marzo, la Fiscalía realizó un operativo en las oficinas de la Vicepresidencia en Quito y en la de Sebastián Barreiro Abad.
La Fiscalía pidió al juez prisión preventiva para Barreiro, que fue enviado a la cárcel de máxima seguridad La Roca, ubicada en Guayaquil y donde también está el exvicepresidente Jorge Glas y los cabecillas de las más peligrosas bandas criminales del país.
En mayo, Barreiro fue liberado tras el pago de una fianza.
¿Por qué se le vincula a la vicepresidenta?
El fiscal Carlos Alarcón dijo que pretende vincular a la vicepresidenta en el caso tras la ampliación de la versión del denunciante y el hallazgo de nueva documentación relacionada con una contratación directa que decidió Verónica Abad.
De acuerdo con el diario español El País, la prueba es una información que ofreció una fuente por teléfono o una llamada interceptada a la misma vicepresidenta, de acuerdo a la versión del fiscal, que no ha sido claro si ocurrió lo primero o lo segundo.
Verónica Abad ha defendido la inocencia de su hijo y ha asegurado que las acusaciones en su contra son parte de una estrategia política para perjudicarla y sacarla del cargo de vicepresidenta.
El lunes Abad le dijo al canal Unsión Televisión que no ha sido notificada por la Fiscalía y que su vinculación al caso “es un claro uso de la parte judicial para politizar y para tener los fines que se procura en esta persecución claramente política”.
“No tienen forma de vincularme porque no existen las pruebas necesarias”, manifestó desde Tel Aviv, hasta donde fue enviada por Noboa como embajadora en Israel.
Por Julio Echeverría,
Analista político ecuatoriano
No se sabe a ciencia cierta cuáles son los motivos del distanciamiento del presidente con su vicepresidenta. Sin embargo, creo que eso tiene mucho que ver con la elección del acompañante en la papeleta electoral. Antes de las elecciones, el entonces candidato Daniel Noboa seguramente no tenía una expectativa de llegar a ser presidente y la selección la hizo con la ligereza que suelen hacer los políticos solo para cumplir con los requisitos que le impone la autoridad electoral. Entonces, es probable que la selección no haya sido lo suficientemente meditada y estudiada, y por eso apenas se conoció que el candidato tenía posibilidades de ser presidente, se destaparon las contradicciones y el distanciamiento entre ellos.
Ahora, el presidente no quiere ser sustituido por la vicepresidenta por el mes y quince días que va a tener la campaña para las elecciones del 2025. El distanciamiento entre ellos vuelve incierto el panorama, porque a partir de declaraciones de Verónica Abad se ha dejado entrever la posibilidad de que ella examine algunas líneas de política que ya están afirmadas en la gestión de Noboa, como por ejemplo la negociación con el Fondo Monetario Internacional, el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Igual en el caso de la revisión de los juicios con los que se condenó al expresidente Rafael Correa. Se trata de tres temas en los cuales la vicepresidenta no ha tenido respuestas contundentes y ha dejado abierta la posibilidad de que se revisen. Si eso pasa, la coyuntura política se enrarecería muchísimo y el país entraría en una etapa de inestabilidad y de conflicto.
En cuanto a lo que pueda pasar con la vicepresidenta en la Asamblea Nacional, el Gobierno de Noboa en este momento tiene serias dificultades con el Legislativo, porque ha perdido los apoyos que inicialmente tenía, especialmente del Partido Social Cristiano y de la Revolución Ciudadana, de Correa, con los cuales se instauró un acuerdo de gobernabilidad que permitió la aprobación de algunas leyes importantes. Ahora esos equilibrios están rotos. Además, otro posible aliado, el Movimiento Construye, se ha distanciado porque el mismo presidente se ha encargado de solicitar la anulación del registro electoral de esta organización política.
Entonces, el escenario es bastante cuesta arriba para el presidente en el caso de que se tenga que pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional para que se proceda al juicio a la vicepresidenta.
¿Qué sigue en el caso?
El fiscal Alarcón trasladó el caso de la vicepresidenta a la Unidad de Fuero de Corte Nacional, que ve los expedientes de autoridades protegidas por la inmunidad.
Luego, esta entidad podría decidir enviar el asunto a la Asamblea Nacional para que se le retire el fuero a Verónica Abad y continuar con la investigación y posible imputación penal.
Sin embargo, como anota El País, el Gobierno de Noboa no cuenta con mayoría en la Asamblea Nacional y la vicepresidenta podría mantener su fuero.
En el Parlamento, Noboa ha perdido el respaldo de Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa, tras el asalto a la Embajada de México en Quito para capturar a Jorge Glas. También perdió el respaldo del Partido Social Cristiano.
Para que el caso de Abad siga adelante, se requiere la votación de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional: 92 de 137.
Distanciados desde el inicio
Daniel Noboa y Verónica Abad fueron elegidos el 15 de octubre del 2023 para gobernar Ecuador hasta el 2025 y completar el periodo del exmandatario Guillermo Lasso, quien recortó su mandato y evitó ser censurado por supuesta corrupción en la Asamblea Nacional. Ambos asumieron sus cargos en el pasado 23 de noviembre. Sin embargo, para ese entonces ya estaban distanciados.
Una de las primeras acciones de Noboa como presidente fue designar a Abad como embajadora en Israel y representante de Ecuador para la paz, algo con lo que la vicepresidenta no estuvo de acuerdo pero acató.
La tensión entre ambos ha ido escalando de cara a las elecciones presidenciales de febrero del 2025, donde Noboa pretende postular, pero por ley debe encargar el poder a su vicepresidenta mientras realiza la campaña electoral.
A mediados de mayo, Noboa dijo a la agencia EFE que el comportamiento de Abad ha sido desleal y que su relación con ella es sumamente complicada.
Ella también lo ha tildado de “autoritario”, ha dicho que en el país hay una “dictadura”, mientras que los asesores del mandatario la acusaron de ser una “enemiga respaldada por grupos políticos que quieren atacar al gobierno”.
Por su parte, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, dijo a finales de mayo que “sería nefasto” encargar la Presidencia a Abad en caso de que Noboa se lance a la reelección, por considerar que la vicepresidenta “no comulga” con la visión del mandatario.
La ley ecuatoriana prohíbe que un funcionario público ejerza el cargo mientras está en campaña electoral.
Como anota El País, el Gobierno pretende evitar a toda costa que Abad asuma el poder. Por ejemplo, un funcionario público denunció a la vicepresidenta ante el Tribunal Electoral por haber hecho campaña de forma anticipada, algo que todos los políticos ecuatorianos hacen para darse a conocer antes de que comience la carrera electoral de forma oficial.
Noboa también ha pedido al abogado del Estado que analice si es posible quedarse sin sueldo como presidente, pero no abandonar el cargo durante la campaña, indica El País.
El otro escenario es que Abad termine renunciado. En ese caso, la Asamblea Nacional deberá nombrar a su reemplazante entre una terna enviada por Daniel Noboa. Pero ella ya ha manifestado que no se irá. Incluso este mes dijo en una entrevista con el portal Infobae que de llegar a la Presidencia revisará algunas decisiones del mandatario.
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