Ayotzinapa cumple 8 años: Cómo los militares mataron a algunos de los 43 estudiantes

Ocho años después de la desaparicón de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre del 2014, el ejército de México está en el ojo de la tormenta. Ello ocurre tras el reconocimiento del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el caso es “un crimen de Estado” y de la presentación del último informe oficial sobre lo ocurrido.

El pasado 18 de agosto, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, hizo público el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, donde se detalla que en la masacre de Ayotzinapa estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles, incluidos militares. El primero en caer a consecuencia de esta investigación fue el exfiscal Jesús Murillo Karam, a quien detuvieron tras ser acusado de torturas. Luego, cuatro militares de alto rango fueron apresados.

LEE TAMBIÉN: Seis de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados por militares días después de desaparecer

“Lo sabíamos desde el principio pero la sociedad no nos quiso creer. Exigimos la ejecución de todas las órdenes de aprehensión”, dijo la semana pasada en un mitin en Chilpancingo, Guerrero, Blanza Luz Nava, madre de Jorge Álvarez Nava, uno de los estudiantes desaparecidos.

También la semana pasada, estudiantes quemaron en Chilpancingo y en Iguala dos camiones en las puertas de los batallones militares a los que pertenecían los militares implicados en el crimen.

MIRA: Quién es Jesús Murillo Karam, el exfiscal de México autor de la “verdad histórica” y detenido por el Caso Ayotzinapa

También hubo protestas y disturbios frente a cuarteles militares en la Ciudad de México.

Esto es lo que se sabe del caso:

¿Qué ocurrió en Iguala?

El 26 de septiembre del 2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa acudió a la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, para tomar por la fuerza autobuses que los llevaran a una protesta. Cuando ya estaban desplazándose en dichos autobuses, fueron atacados por policías locales y civiles armados, todos coludidos con el crimen organizado.

Guerreros Unidos,

el grupo criminal acusado de matar a los estudiantes, sigue activo. Según las autoridades, está fuertemente involucrado en extorsiones y secuestros en el estado de Guerrero y otros dos estados

Una investigación posterior aseguró que en uno de los autobuses que se llevaron los estudiantes había droga camuflada que iba a ser contrabandeada a Estados Unidos.

El Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto aseguró que los 43 estudiantes fueron capturados por la policía de Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos, quines posteriormente los mataron y quemaron en un basurero de la localidad de Cocula. Esta versión, denominada por las autoridades como “La verdad histórica”, quedó posteriormente descartada.

¿Qué papel jugaron los militares?

Según Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de México, seis de los 43 estudiantes fueron mantenidos vivos algunos días después de la desaparición y posteriormente fueron entregados al comandante de la base militar en Iguala, José Rodríguez Pérez, quien habría ordenado su ejecución.

Poco después de los hechos, José Rodríguez Pérez fue ascendido a general y ahora está retirado.

Mensajes telefónicos divulgados por la Comisión de la Verdad señalan que hubo soldados que manipularon y escondieron presuntos restos de los estudiantes en las instalaciones del batallón de Iguala.

También se supo que el soldado Julio César López Patolzin estaba infiltrado en la escuela de Ayotzinapa y que este habría ayudado a localizar a los estudiantes el día de los hechos. Además, el militar es uno de los 43 desaparecidos.

A lo largo de estos años, los militares han puesto obstáculos en las investigaciones que buscan alcanzar la verdad sobre lo que pasó. Ya en el gobierno de López Obrador, tardaron tres años en entregar la información relativa al asunto.

Tras la publicación del informe de la Comisión de la Verdad, se emitieron 80 órdenes de detención, entre ellas a 20 militares de los batallones de Iguala. Sin embargo, hasta el momento solamente 4 militares han sido detenidos.

¿Cómo se intentó ocultar el crimen?

Alejandro Encinas dijo que tras la desaparición de los estudiantes en el 2014, la versión oficial sobre lo que sucedió ese día se obtuvo bajo tortura y manipulación de pruebas, “en los más altos niveles del gobierno federal”, incluidas reuniones en la Presidencia del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Según el diario Reforma, Peña Nieto intentó proteger al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, actualmente encarcelado pero quien recientemente fue absuelto del caso de los estudiantes.

Expertos internacionales denunciaron en marzo que documentos y videos de inteligencia ocultos durante años muestran que la Armada de México participó en el ocultamiento de la verdad y que algunas torturas se realizaron en sus instalaciones.

¿Que pasó con el alcalde de Iguala José Luis Abarca?

A mediados de septiembre de este año, un juez federal de Tamaulipas absolvió a José Luis Abarca, el ex alcalde de Iguala que fue detenido en el 2014 por su supuesta implicación en la desaparición de los 43 estudiantes.

Abarca fue absuelto de las causas penales por secuestro y delincuencia organizada. De acuerdo con el juez que lleva el caso, no hay pruebas en su contra. El exalcalde no salió en libertad porque tiene procesos pendientes que no están relacionados con Ayotzinapa.

Según las autoridades, en la actualidad hay 28 causas penales por la desaparición de los estudiantes que están repartidas en siete estados. Pero luego de ocho años, nadie ha sido condenado.

Unas 50 personas están encarceladas, entre ellas los cuatro militares, el exprocurador Murillo Karam y numerosos policías.

En agosto, la fiscalía emitió 80 nuevas órdenes de captura, pero la mayoría eran personas que ya estaban en prisión, de acuerdo con la agencia AP.

Días después se anularon parte de esas órdenes de captura de quienes estaban todavía en libertad, entre ellos militares y altos funcionarios del estado de Guerrero.

El jefe de la investigación en el 2014, Tomás Zerón, permanece prófugo. Está escondido en Israel, y México trabaja para lograr su extradición. No hay ninguna causa que involucre a Enrique Peña Nieto.