Caso Ayotzinapa: “El ejército tendría información sobre el paradero final de los 43 estudiantes pero no la quiere entregar”

A lo largo de estos años, las investigaciones independientes revelaron la participación en el hecho del grupo criminal Guerreros Unidos en complicidad con policías municipales corruptos. Ahora también se sabe que el ejército de México tuvo un papel clave en el ocultamiento de lo ocurrido, además de que se sospecha que los militares habrían tenido vínculos con los criminales.

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Isidoro Vicario Aguilar, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que patrocina a las familias de los estudiantes, está en la Ciudad de México participando en un plantón afuera del Campo Militar Número 1, donde se ubican las oficinas centrales del ejército. Desde ese lugar contesta la llamda de El Comercio para una entrevista sobre el caso.

El abogado explica que junto a él están los parientes de los desaparecidos. Reclaman que el ejército entregue la documentación que falta sobre el caso, la misma que podría ayudar a resolver el tema. El miércoles de la semana pasada, los familiares se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y este les aseguró que ya está todo entregado, algo que rechazan los padres y su defensa.

Los padres tienen motivos para presionar al ejército por más información, pues en su sexto y último informe publicado en julio de este año, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado en el 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró que no hay voluntad de las Fuerzas Armadas para cooperar en el esclarecimiento del crimen. Los investigadores independientes han llegado a la conclusión de que el ejército tenía conocimiento en tiempo real sobre el ataque y secuestro de los estudiantes, pero no compartió esa información con las autoridades y luego obstruyó deliberadamente la investigación.

Desde el 2014, un total de 142 personas fueron detenidas

por el Caso Ayotzinapa. Pero en la actualidad quedan solo 65 tras las rejas. Los últimos liberados este mes fueron 24 policías municipales. Incluso Gildardo López Astudillo, alias El Gil, uno de los principales acusados de participar en la desaparición de los 43 estudiantes, ya está en la calle.

Esta es la conversación que sostuvimos con el abogado Isidoro Vicario Aguilar.

—Nueve años después, no hay ningún condenado por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos. ¿Se ha abierto algún juicio?

Es lamentable que este 26 de setiembre del 2023, a nueve años de la agresión y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, no haya ninguna sentencia condenatoria. Sí hay varios procesos abiertos a personas que pertenecen a la delincuencia organizada, específicamente a la banda denominada Guerreros Unidos, que operaba en Iguala en aquel año 2014. También hay sometidos a proceso varios funcionarios y servidores públicos, entre ellos militares.

—¿Cuál es la condición de los militares detenidos? ¿Ya tienen acusación formal?

Se han librado 20 órdenes de captura contra elementos del ejército, de ellos 14 están siendo procesados. Todos están en procesos abiertos.

—¿Cuáles son los plazos que tiene la justicia para llegar a las condenas y cuáles son las expectativas de ustedes al respecto?

La detención de los militares ocurrió en meses recientes. Entonces, el proceso todavía está en etapa de investigación complementaria. Después viene la etapa intermedia, que es escrita y oral; y luego seguiría el juicio oral. Entonces, estamos lejos para que se tenga una condena. Si pudiéramos decir una fecha tentativa, pienso que tendríamos la primera sentencia condenatoria para dentro de poco más de un año. El problema es que se difieren mucho las audiencias.

—¿Se ha desarticulado a la organización criminal señalada por la desaparición de los estudiantes?

En su momento nosotros creíamos que había sido desarticulada porque hubo varias detenciones de sus integrantes. Pero en la actualidad, en la ciudad de Iguala sigue la misma dinámica, hay mucha inseguridad, desapariciones y ejecuciones. Solo que hoy los criminales ya no aparecen con el nombre de Guerreros Unidos, están con otros nombres. Hay varios grupos disputándose el territorio. Entonces, las personas que integraban Guerreros Unidos han creado otros grupos.

—¿Ustedes como defensa, y también los padres, han sido amenazados para que detengan su intención de llevar a la cárcel a los responsables?

Amenazas de manera directa no. Pero lo que sí han comentado los padres es que desde el propio Estado se ha usado a terceras personas para buscar la división y generar conflictos entre los deudos, para debilitar el movimiento, pero afortunadamente no han podido hacerlo.

—¿Por qué acusan a ejército de entorpecer las investigaciones, de qué manera lo está haciendo?

Hoy las investigaciones no pueden avanzar porque el ejército no está entregando todas las pruebas que tiene. En el caso de Ayotzinapa, en el 2014 se solicitó una medida cautelar a la CIDH, que fue otorgada y a partir de ahí se formó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que ya presentó seis informes. En el último de julio de este año ha señalado que hay información relevante que pudiera ayudar a saber qué fue lo que pasó la noche del 26 de setiembre del 2014 e incluso pudiera dar mayores datos para saber el paradero de los 43, pero a la fecha el ejército se niega a entregar el archivo que generó su grupo de inteligencia. Exigimos que entregue todo el archivo a la justicia.

—¿Qué información específica se niega a entregar el ejército?

El GIEI ha determinado que en la ciudad de Iguala, dentro del 27 Batallón de Infantería, operó el Centro Regional de Fusión de Inteligencia, donde hay archivos de elementos del ejército que dieron seguimiento a los estudiantes el día de los hechos. Suponemos también que tienen información sobre quiénes se los llevaron y de los lugares a donde fueron conducidos. Además, la propia investigación arrojó que el ejército mexicano interceptó unas llamadas donde se hablaba sobre el paradero de 17 estudiantes en un paraje fuera de la ciudad de Iguala. El ejército ha entregado esa información, pero está incompleta. Por eso los padres exigen todo el archivo.

—¿Entonces, el ejército tendría en sus manos resolver este misterio sobre cuál fue el destino final de los 43 estudiantes?

En gran medida sí, porque con la información del ejército podríamos saber, efectivamente, el paradero de los estudiantes. Saber quiénes participaron, quiénes operaron. Porque ahora las líneas de investigación ya abarcaron todos los temas.

—El presidente AMLO dijo que el ejército ya entregó todo lo que tiene sobre el caso. ¿Qué le responden?

El presidente de México ha dicho que el ejército ya entregó toda la información del Caso Ayotzinapa, pero la defensa y los padres le decimos que esa información está incompleta. Hay folios que no aparecen dentro de los archivos. Se supone que esos faltantes están en poder del ejército mexicano. Y en esa información debe haber datos concretos sobre cómo ocurrieron los hechos en la noche del 26 de setiembre. Además, hay que tener en cuenta que hubo elementos del ejército infiltrados en la Escuela Normal de Ayotzinapa desde antes de que ocurrieran los hechos.

—Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto se sospechaba que había un encubrimiento desde lo más alto del poder, luego, el señor AMLO, al inicio de su mandato, prometió justicia, pero ya lleva cuatro años y esta no llega. ¿Qué poder tan fuerte impide que no se pueda resolver el caso?

Efectivamente, cuando el presidente AMLO llegó al poder hubo un compromiso con los padres para esclarecer los hechos, tan es así que ese compromiso se vio reflejado en la creación de la Comisión de la Verdad, pero el problema ahora es que el presidente se está topando con el ejército, que tiene mucho poder. Porque por más que de manera abierta el presidente diga que se entreguen los archivos, se ve que la voluntad de los militares está por sobre la del presidente. Se niegan a dar información muy relevante. Los padres han manifestado que no tienen ningún otro interés que no sea la justicia, eso se lo han hecho saber al presidente. Quieren saber lo que ocurrió.

—¿De manera oficial los estudiantes siguen siendo buscados, o ya terminó esa etapa?

Siguen siendo buscados por parte del Gobierno, pero es una línea de búsqueda sin vida. A la fecha se están realizando muchos trabajos de campo tratando de buscar en fosas comunes. En esas búsquedas, por lo menos en este sexenio de AMLO, se hallaron restos óseos que al ser analizados dieron positivos a dos estudiantes.

—¿Hasta qué instancias están dispuestos a llegar los padres si en México no hay justicia?

Hoy el caso de Ayotzinapa ya está en instancias internacionales con esta medida cautelar que tiene de la CIDH. Además, los padres acaban de ser informados de que en los próximos meses, quizá en diciembre, se llevará a cabo una audiencia en la CIDH para darle seguimiento a la medida cautelar.

Cronología de los hechos

De la "Verdad Histórica" al "crimen de Estado"

26 de septiembre del 2014. Mueren tres estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa al ser atacados por policías, militares y criminales del cártel Guerreros Unidos en Iguala. Hubo otras tres víctimas que no pertenecían a la institución. Además, 57 personas quedan en calidad de desaparecidas. Posteriormente, 14 son localizadas, por lo que el número de desaparecidos queda en 43 estudiantes.

29 de septiembre. Veintidós policías municipales de Iguala son trasladados a un penal en Acapulco. Se les señala por ser probables responsables de los seis homicidios.

30 de septiembre. Iñaky Blanco Cabrera, procurador general de Guerrero, confirma la versión de que los policías municipales dispararon en contra de los estudiantes y también contra un autobús en el que se trasladaba el equipo de fútbol de tercera división Los Avispones de Chilpancingo.

4 de octubre. Policías federales y de Guerrero encuentran seis fosas clandestinas en Iguala. En ellas hay un número indeterminado de cadáveres y se presume que podrían corresponder a los desaparecidos.

5 de octubre. Dos delincuentes afirman que, junto con policías de Iguala, asesinaron a 17 de los 43 estudiantes. Las declaraciones aseguran que Francisco Salgado, director de Seguridad Pública de Iguala, ordenó la detención de los jóvenes, mientras que alias El Chucky, jefe del cártel Guerreros Unidos, habría dado la orden de matarlos.

6 de octubre. Un informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) vincula al alcalde de Iguala, Luis Abarca, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, con la delincuencia organizada.

14 de octubre. Suman casi 50 detenidos por el caso, luego de que la PGR informara de la detención de 14 policías de la localidad de Cocula, vecina a Iguala. Se les señala de participar en la detención, traslado y entrega de los 43 alumnos a criminales.

Jesús Murillo Karam, el titular de la PGR, afirma que ninguno de los cuerpos hallados en las primeras fosas corresponde a la identidad de los alumnos desaparecidos.

17 de octubre. Detienen a Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos.

22 de Octubre. La PGR imputa a José Luis Abarca y a María de los Ángeles Pineda, así como al director de Seguridad Pública, Felipe Flores, por la desaparición de los normalistas.

7 de noviembre. La PGR declara a los 43 desaparecidos como muertos e incinerados en el basurero de Cocula por miembros del cártel Guerreros Unidos. Los padres desconfían y envían partes de los restos encontrados en el basurero a un laboratorio en Innsbruck, Austria.

7 de diciembre. El laboratorio de Innsbruck identifica a uno de los estudiantes: Alexander Mora Venancio.

27 de enero del 2015. Jesús Murillo Karam presenta la versión de los hechos aceptada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto y conocida como “La verdad histórica”. Esta señala que los estudiantes fueron secuestrados, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por el cártel Guerreros Unidos.

1 de marzo. Llega a México el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar el caso. .

15 de abril del 2015. El GIEI informa a la PGR de un quinto autobús que hasta ese momento no había sido tenido en cuenta en la investigación.

11 de mayo. El GIEI informa que varios agentes de policía y miembros de bandas delictivas que fueron arrestados habían sido torturados para confesar su participación en los hechos.

6 de septiembre. El GIEI cuestiona “la verdad histórica” y señala el traslado de drogas en uno de los vehículos como posible móvil del crimen de los estudiantes.

9 de febrero del 2016. El Equipo Argentino de Antropología Forense anuncia que no se encontraron ni evidencias científicas, ni biológicas que indiquen que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.

18 de agosto del 2022. La Comisión de la Verdad concluye que lo ocurrido con los estudiantes fue “un crimen de Estado” y que ve responsabilidad en el ejército por no haber actuado a pesar de que uno de los jóvenes era un soldado infiltrado en el grupo estudiantil y la institución sabía lo que estaba ocurriendo.