Tomás Zerón de Lucio fue jefe la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de México. En el 2014 tuvo a su cargo la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Hoy está fugado en Israel y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pide a ese país que lo extradite, pues se trata de una pieza clave para que se sepa lo que realmente pasó con los jóvenes en el municipio de Iguala, estado de Guerrero.
“Hacemos un llamamiento a las autoridades de Israel, porque están protegiendo al señor Zerón, que participó en México en fabricar los supuestos hechos en los que desaparecieron a jóvenes de Ayotzinapa. Él fue uno de los que participó en la llamada verdad histórica, y él tuvo que ver con torturas que hicieron”, dijo el martes AMLO en su rueda de prensa diaria.
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México solicita la extradición de Zerón pese a que no tiene acuerdos en esa materia con Israel.
Pero por qué Tomás Zerón es clave para el Caso Ayotzinapa y de qué lo acusan.
La “verdad histórica”
Los 43 estudiantes de la Escuela Normnal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de setiembre del 2014, cuando intentaban apoderarse de autobuses en la localidad de Iguala para viajar a Ciudad de México y participar en unas manifestaciones. Esta acción la llevaban a cabo todos los años.
Pero en el 2014 fueron detenidos por policías locales y, según las investigaciones, entregados a narcotraficante del cártel Guerreros Unidos, a quienes se atribuye su asesinato.
Los restos de 3 estudiantes
de Ayotzinapa han sido identificados hasta el momento: Jhosivani Guerrero de la Cruz, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Alexander Mora Venancio.
Según una versión que se sostuvo por años, los criminales habrían confundido a los jóvenes con miembros de una banda enemiga, pero una comisión del actual gobierno de México que investigó el caso sostiene que los delincuentes, en complicidad con policías y militares, buscaban recuperar droga que estaba escondida en un autobús tomado por los alumnos, sin que estos supieran de su existencia.
La droga habría sido acondicionada en ese vehículo para ser llevada a Estados Unidos, específicamente a Chicago.
La llamada “verdad histórica”, sostenida por Tomás Zerón y otras altas autoridades de México, incluyendo al presidente de Entonces Enrqiue Peña Nieto, sostenía que la banda criminal Guerreros Unidos secuestró y ordenó el asesinato de los estudiantes porque los confundió con sicarios de sus enemigos, Los Rojos.
Además, como parte de la versión oficial se dijo que los cuerpos de los estudiantes fueron quemados en el basurero municipal de Cocula.
“La llamada ‘Verdad Histórica’ del Gobierno de Peña Nieto es el resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder. De haber intervenido se habría evitado la represión y el asesinato de los estudiantes”, dijo en agosto del 2022 Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, al presentar su informe sobre lo que el Gobierno de AMLO cree que verdaderamente ocurrió con los estudiantes.
¿De qué se acusa a Tomás Zerón?
Tomás Zerón de Lucio renunció a la dirección de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en setiembre del 2016.
En ese momento Zerón estaba siendo investigado por la fiscalía, junto con otros funcionarios, por presuntas irregularidades cometidas durante la investigación del Caso Ayotzinapa.
Las presiones para que Zerón deje su cargo y sea investigado empezaron en abril del 2016, cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó el Caso Ayotzinapa por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó su informe final.
El GIEI señaló que Tomás Zerón tergiversó la realidad al decir que representantes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas atestiguaron el 28 de octubre de 2014 la visita que realizó, con un detenido clave, al río de San Juan.
Según la versión oficial, en ese río del estado de Guerrero habrían sido arrojadas en bolsas plásticas las cenizas de los 43 estudiantes.
La ONU se manifestó “extrañada” y se deslindó de las diligencias realizadas por Zerón.
Lo mismo sucedió con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que en su investigación concluyó que no hay pruebas científicas ni biológicas que demuestren que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
El equipo argentino también aseguró que “no existen elementos científicos suficientes para vincular” los restos hallados en el basurero con los recuperados por la fiscalía mexicana en una bolsa en el río San Juan.
De una de estas bolsas proviene la identificación plena de uno de los 43 estudiantes, Alexander Mora, realizada por el laboratorio de la Universidad austríaca de Innsbruck.
En la actualidad, Tomás Zerón es señalado de haber torturado a Felipe Rodríguez Salgado, alias ‘El Cepillo’, presunto cabecilla de Guerreros Unidos, durante un interrogatorio grabado en video en el que este aparece encapuchado y esposado.
De acuerdo con las investigaciones, Zerón torturó a ‘El Cepillo’ para forzarlo a declarar lo que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer como la “verdad histórica”.
Tras ser acusado de manipular la investigación, del secuestro y tortura de testigos, y de malversar unos 55 millones de dólares de fondos públicos, Tomás Zerón huyó de México y en el 2020 fue ubicado en Israel.
Tras ello, funcionarios mexicanos viajaron a Israel para tratar el tema de su entrega y en el 2021 el Gobierno envió una carta al entonces primer ministro de Israel, Naftali Bennett, pero no obtuvo respuesta.
Quién es Tomás Zerón
Tomás Zerón de Lucio es licenciado en Administración Industrial por la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
También tiene estudios de maestría en Ciencias Penales en la Universidad de España y México.
En setiembre del 2016, renunció como director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta Procuraduría General de la República, cargo en el que fue nombrado tres años antes por el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.
Antes de dirigir la AIC fue coordinador de Investigación y Análisis de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
En mayo del 2007, fue destituido de su cargo de coordinador de Control Policial por el exsecretario de seguridad pública federal Genaro García Luna, quien ordenó separar a toda la estructura de mando del área de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva (PFP).
Jesús Murillo Karam, quien fue fiscal general de México durante la desaparición de los estudiantes y defendió la “verdad histórica, fue detenido el 19 de agosto del 2022.
Está acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia.
El presidente López Obrador ha dicho que el papel de Murillo Karam en los arrestos falsos después de las desapariciones fue una "prueba" de que supervisó un gran encubrimiento destinado a proteger al gobierno federal de la responsabilidad en el caso.
Tras ser detenido, Murillo Karam señaló que si bien estaba dispuesto a aceptar algunos errores de investigación, nadie había podido ofrecer de manera convincente otra versión de lo que les sucedió a los estudiantes.
José Luis Abarca era alcalde de Iguala en el 2014, cuando desaparecieron los estudiantes.
Él huyó del pueblo junto con su esposa María de los Ángeles Pineda. Fueron arrestados en la Ciudad de México más de un mes después de la desaparición de los estudiantes.
Ambos siguen en prisión cumpliendo condena por lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.
En un inicio las autoridades judiciales dijeron que José Luis Abarca, ordenó el ataque a los estudiantes porque temía que estos causaran disturbios durante un discurso de su esposa, quien tenía ambiciones políticas.
En setiembre del 2022, un juez federal lo absolvió de la desaparición de los 43 estudiantes, al señalar que no existen las pruebas suficientes en su contra que lo responsabilicen en el caso.
Tiene otras tres causas penales en su contra.
Según las autoridades, el Ejército de México tenía un informante que viajaba junto con los estudiantes de Ayotzinapa el día de la desaparición y estaba al tanto de los movimientos de ellos antes de que ocurriera el ataque.
Las autoridades también han dicho que los militares no hicieron nada para encontrar al informante, que figura entre los estudiantes que siguen desaparecidos.
Además, los militares han sido acusados por expertos de ocultar información que podría haber ayudado a localizar a los estudiantes.
En su momento, imágenes de drones parecían mostrar a los infantes de marina mexicanos manipulando evidencia en el basurero de Cocula.
El 15 de septiembre del 2022, las autoridades mexicanas anunciaron el arresto de un general retirado del Ejército, José Rodríguez Pérez, en relación con el secuestro de Iguala. Rodríguez tenía el grado de coronel al momento del hecho y estaba a cargo de una unidad estacionada en ese municipio.
Otros dos oficiales militares también fueron arrestados.
En total, se emitieron recientemente órdenes de arresto contra 20 miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos comandantes y soldados de los dos batallones diferentes que estaban en Iguala en ese momento.
Guerreros Unidos es el grupo criminal acusado de matar a los 43 estudiantes.
Según las autoridades mexicanas, sigue en actividad y se dedica a extorsiones y secuestros en el estado de Guerrero y otros dos estados mexicanos.
También es señalado de producir y traficar heroína desde México a Estados Unidos.
Se habría aliado con el cártel Jalisco Nueva Generación, una de las mafias más poderosas de México.
A principios de agosto del 2022, las autoridades mexicanas anunciaron que 14 miembros de Guerreros Unidos se encontraban entre un grupo más grande de 83 personas buscadas en relación con la desaparición de los 43 estudiantes.
Otros 14 miembros del grupo, así como tres de sus familiares, todos vinculados en el caso, han muerto desde el 2014, algunos de ellos a manos de otros delincuentes o de las fuerzas de seguridad mexicanas. Otros murieron por causas naturales.
La tortura y confesión de seis miembros de Guerreros Unidos está en el centro de los cargos del gobierno mexicano contra Murillo Karam.
Otro miembro del grupo que se cree jugó un papel clave en el incidente de Iguala, Juan Salgado Guzmán, fue asesinado a tiros por la policía en setiembre del 2021.
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